El juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región con sede en Xalapa, Veracruz, Rodolfo Pedraza Longi, desestimó el juicio de amparo interpuesto por el Colectivo Ciudadano Isla Cozumel para detener la construcción del cuarto muelle de cruceros en Cozumel, durante el pasado 31 de marzo.

Pedraza Longi determinó que los demandantes del amparo no son residentes de Cozumel, a pesar de que se presentaron documentos oficiales para demostrar su domicilio y que se les reconoció como tal en el juicio de amparo del 26 de enero de 2022.

Así pues, la sentencia indica que las copias certificadas por la Notaría Pública número Quince de Cozumel, Quintana Roo, de las credenciales para votar de cada uno de los demandantes expedidas por el Instituto Nacional Electoral, así como las constancias de residencia que establecen claramente su residencia, “no son confiables ni suficientes para demostrar que los demandantes residen en la comunidad afectada por los títulos de concesión y las diversas omisiones relacionadas con su emisión”.

Sin embargo, los demandantes anunciaron que impugnarán la sentencia a través de un Recurso de Revisión y solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso.

Mientras el recurso presentado por los demandantes no sea resuelto, la construcción del muelle no puede continuar, ya que la suspensión otorgada en meses anteriores sigue en vigor.

Además, el 5 de enero de 2022 se emitió un título de concesión en favor de la compañía Muelles del Caribe, S.A. de C.V. para la construcción, operación, explotación y aprovechamiento de una Terminal Marítima-Portuaria de cruceros, para uso particular y propiedad nacional, en el municipio de Isla Cozumel, en el estado de Quintana Roo.

Por lo que, los afectados presentaron el juicio de amparo con la ayuda legal del Centro Contra la Discriminación, AC (CECODI), el caso fue asignado al Juzgado Tercero de Distrito en Cancún, que estaba bajo la dirección de la jueza Pamela López Swain, así, el 28 de enero de 2022 indicó que la demanda era admisible y se le asignó el número de expediente 62/2022.

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No obstante, en una sentencia incidental emitida el 11 de abril de 2022, la jueza López Swain concedió la suspensión definitiva de la concesión de las obras, lo que impediría su ejecución hasta que se resuelva el juicio de amparo, argumentó que, esta medida protegería al medio ambiente de daños irreparables, preservaría la materia del juicio y permitiría una tutela efectiva del derecho fundamental al medio ambiente.

También, observó que el principio de precaución era uno de los ejes rectores en el derecho ambiental y que los efectos de los actos reclamados podrían causar un daño irreparable al ecosistema cercano donde viven los demandantes.

Después de dejar el cargo por licencia en septiembre de 2022, Pamela López Swain fue sustituida por Ana María Nava Ortega, quien ahora está a cargo del juicio. Los autos se remitieron al juez Rodolfo Pedraza Longi el 7 de febrero de 2023 para que dictara sentencia en apoyo a Nava Ortega.

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