El juicio político en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro se convertiría en realidad, luego de que la Asamblea Nacional de ese país aprobó este martes la acción en contra del mandatario bajo acusaciones de quebrar el orden constitucional; no obstante, una resolución de su máximo tribunal podría frenar la medida de la oposición.

Tras una acalorada discusión que duró dos días, la oposición en el Legislativo venezolano impuso su mayoría para dar luz verde al inicio de un juicio “político y penal” – aunque éste no está estipulado en la Carta Magna, pero sí la figura de responsabilidad política– en contra de Maduro, para determinar su responsabilidad por la suspensión inconstitucional del referendo que buscaba revocar su mandato.

En medio de una intensa crisis política, se resolvió citar al dignatario a comparecer el próximo martes ante el pleno como parte del procedimiento.

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Sin embargo, esta medida del congreso podría ser anulada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual determinó en agosto que todas las decisiones del Congreso carecen de validez, por lo que el oficialismo en la Asamblea ha considerado como una “ópera bofa”.

La Asamblea Nacional también evaluará la figura de “abandono del cargo” –la cual contempla la convocatoria a elecciones–, bajo el argumento de que el presidente traicionó los designios para los que fue elegido, como respetar la Constitución, la democracia y buscar el bien común.

Así, a través de un documento, el Legislativo venezolano acordó “iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del presidente de la República” y su comparecencia “a fin de que exponga sobre su posible responsabilidad por las graves violaciones a la Constitución y los derechos humanos”.

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El conflicto político en Venezuela se intensificó, luego de que el pasado el 19 de octubre el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendiera hasta nuevo aviso el referendo revocatorio contra Maduro, cerrando la posibilidad de que la consulta se celebre antes del 10 de enero del 2017, que por tiempos electorales impediría realizar nuevas elecciones y aseguraría la permanencia del chavismo en el poder hasta 2019.

Venezuela sufre una severa crisis económica, con grave escasez, tanto en alimentos como medicamentos, y una inflación que el Fondo Monetario Internacional calcula en 475% para este año.

 

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