Estamos en la antesala de una crisis política. Esto es así, porque se decidió, desde el gobierno, prescindir de la discusión y el acuerdo con las oposiciones, en un momento en que lo más necesario sería actuar en unidad, o con amplios niveles de consenso, ante lo apremiante.

Es un error que tendrá un impacto en el tiempo, inclusive en el largo plazo, cuando llegue el momento de la rendición de cuentas y no existan muchos costos que compartir.  

En los próximos días, la Cámara de Diputados aprobará, a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Secretaría de Hacienda pueda cambiar el presupuesto cuando existan situaciones de emergencia. 

Al mismo tiempo, convertirá en leyes lo que son aspiraciones o de plano ocurrencias. 

Esto viola la división de poderes y es contrario a la Constitución, pero nadie duda que será respaldado por la mayoría con que cuentan Morena y sus aliados. 

Semejante disposición terminará con la coherencia en la asignación de los recursos públicos y estos serán usados a capricho e inclusive por encima del pacto federal. 

Además, será la abdicación de los legisladores de una de sus atribuciones más importantes y que tiene una función de control sobre el poder ejecutivo. Lo triste es que muchos de ellos lo harán gustosos, confundiendo lealtad con sumisión.

Las necesidades de estados y municipios serán relegadas y lo único en lo que hay certidumbre es en los recursos que no pararán para lo más incierto: Dos Bocas, Tren Maya y el aeropuerto en Santa Lucía.

En ese contexto se hace factible una crisis política que no se presentará en momento de crispación sino en una degradación de la democracia y sus instituciones. 

No morirá el sistema de pesos y contra pesos, más bien se irá pudriendo hasta hacerse irrelevante. Quien lo dude observe cómo ya no sirve para nada la CNDH y cómo pierde fuerza el poder judicial.

Y no olvidemos los ataques constantes contra el INE, una de las pocas instituciones que hay resistido las primeras olas de la 4T, que solo han tenido tregua porque el tamaño de otros problemas opaca la obsesión que existe de debilitarlo.  

Hay una ruptura, cada vez más profunda, entre el gobierno y sectores con los que debería acordar y colaborar. Quizá por ahora el daño no se perciba del todo, pero el nivel del desastre se contemplará cuando pase la fase sanitaria de la emergencia y entremos ya de lleno a sus estropicios económicos. 

Esto no conviene a nadie, ni al propio gobierno, que tarde o temprano requerirá de instituciones y aliados fuertes que lo respalden. El problema es que el diagnostico que se hace desde Palacio Nacional es más cercano al de las campañas políticas que al de las minucias administrativas.

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