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La entrada de empresas extranjeras en el sector energético del país trae consigo la promesa de una mayor competencia que permita reducir los costos de combustibles y las tarifas eléctricas, pero también podría dejar rezagada la participación de las compañías mexicanas.

 

 

La apertura del sector energético a las empresas privadas puede resultar el éxito o el fracaso para el sector energético: la reducción en el precio de las tarifas eléctricas y de los combustibles son un escenario posible, pero también podría implicar que las compañías de la industria petrolera nacional queden rezagadas frente a los jugadores internacionales que lleguen al país.

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“Yo creo que en el mediano y largo plazo se va a ver una disminución en los costos.  Sin embargo, pensamos que es importante que existan muchas empresas mexicanas involucradas en el sector energético”, asegura en entrevista Erik Legorreta, presidente de  la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (AMIPE).

Actualmente, se importa el 49% de las gasolinas que se consumen en el país, y se importa el 33% del gas que se consume en México, mientras que las tarifas en México de energía eléctrica son 25% más caras en comparación con las que se ofertan en la Unión Americana, situación que ha sido propiciada por los altos costos de generación de electricidad, así como la falta de competencia en el sector, de acuerdo con las administración federal.

“Desafortunadamente creo que hemos vivido en México un sistema muy paternalista en materia energética, y yo sí vislumbro un mayor panorama de competencia por la experiencia de las empresas extranjeras hacia el mercado energético”, asegura Miguel Rendón Valdés, director de la licenciatura en Administración Financiera en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Estado de México.

El académico considera que el aterrizar los objetivos que beneficien los bolsillos de los mexicanos en el corto plazo es necesario para validar la apertura en el sector que se establece en la reforma energética, y así demostrar la pertinencia de la entrada de empresas extranjeras.

Sin embargo, Legorreta advierte que las leyes secundarias que serán aprobadas este año deben incluir reglas de contenido nacional que permitan la participación de 50,000 empresas mexicanas, ya que se corre el peligro de que estas compañías sólo sean subcontratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex), y no se logre el desarrollo de la industria petrolera del país.

 

Rezago legal

La reforma energética aprobada a finales del año pasado permitirá la participación de los particulares en la exploración y extracción de hidrocarburos, por medio de 4 modalidades diferentes de contratación, así como la refinación, procesamiento de gas, transporte, almacenamiento y distribución mediante permiso.

Asimismo, las modificaciones legales permitirán a las empresas privadas la generación de electricidad mediante permisos, así como la transmisión y distribución de energía eléctrica a través de contratos.

Pero la falta de acceso a proyectos de mayor especialización como la extracción de hidrocarburos en aguas profundas o la operación de refinerías, son factores que podrían explicar la desventaja de las empresas nacionales frente a las extranjeras.

“En las compañías nacionales no había la necesidad de buscar el desarrollo tecnológico ni de especialización que otros países si potenciaron gracias a su marco legal que permitía la participación de los corporativos privados en la explotación de los hidrocarburos”, considera Miguel Rendón.

Para Erik Legorreta una de las opciones para no quedar fuera del negocio se encuentra en que las empresas nacionales puedan participar como asociados e inversionistas en los proyectos que ofrezca Pemex a los privados.

“Deben de existir mecanismos legales que marquen en las licitaciones un mínimo de inversión nacional, para que los grupos nacionales puedan hacer sociedades con las empresas multinacionales, y así mañana desarrollar una mayor tecnología que permita la existencia de una verdadera industria petrolera de servicios directa”, dice el presidente de la AMIPE.

La propuesta de los empresarios considera que las leyes secundarias podrían establecer un mínimo de 30% de inversión nacional y un máximo de 70% de inversión extranjera por cada proyecto.

Las empresas mexicanas del sector petrolero invierten anualmente alrededor de 25,000 millones de pesos anuales, monto que podría incrementarse en un 35% si las leyes secundarias establecen reglas de contenido nacional.

“Es válido poner reglas de contenido nacional, de hecho, el modelo en las leyes secundarias debería dar paso a eso, pero las empresas mexicanas también tendrán que inyectar una fuerte cantidad de recursos en investigación y tecnología para poder estar a la par de empresas con mucha ventaja”, asegura Rendón Valdés del ITESM.

Para Miguel Rendón la apertura del sector energético aún guarda un grado de incertidumbre: “es un modelo bastante complejo, y muchos no saben los resultados que se van a tener”.

Lo único que considera seguro Erik Legorreta es que el país  vive un momento clave para los consumidores y los empresarios: “Este es un mercado nuevo que tiene riesgos y oportunidades”

 

 

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