El auditor superior de la federación dijo que la revisión incluyó un total de 1,413 revisiones individuales;877 auditorías de cumplimiento financiero, 525 de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas y 3 estudios.

 

El titular de la Auditoría Superior de la Federación(ASF), Juan Manuel Portal,  presentó 13 puntos que ponen en riesgo al sector público.

El auditor superior de la federación dijo durante su mensaje a los diputados del Congreso, que la revisión incluyó un total de 1,413 revisiones individuales, conformados por 877 auditorías de cumplimiento financiero, 525 de desempeño, 8 evaluaciones de políticas públicas y  3 estudios.

“Derivado de la fiscalización practicada se emitieron 10,861 acciones, de las cuales 6,902 son recomendaciones, 783 son solicitudes de aclaración, 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 1,321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y 1,798 pliegos de observaciones” dijo el funcionario .

¿Cuáles son?

Te presentamos las  13 áreas de riesgo de mayor riesgo en el sector público, según la ASF.

1.- Ausencia de integridad gubernamental.

Es necesario que las entidades públicas generen las condiciones adecuadas, incluyendo una referencia clara a un código de valores, para el desarrollo de las funciones profesionales de los servidores públicos. Dicho entorno está en función del ejemplo de los mandos superiores, la definición de los principios a seguir, así como la implementación de controles adecuados, los cuales deberían ser evaluados por los órganos de auditoría interna.

2.- Entidades públicas sin diagnóstico de riesgos.

La mayoría de las entidades públicas del Estado mexicano no cuentan con un diagnóstico sobre el entorno de riesgos que puede afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales. En este contexto es indispensable contar con sistemas de control interno adecuados a las especificidades de cada caso.

3. Falta de coordinación entre nivel federal y local

Los gobiernos locales dependen ampliamente de las transferencias federales que, junto con la rendición asimétrica a ambos niveles genera un escenario que desalienta los resultados positivos, donde se sancionen las irregularidades.

La fiscalización, transparencia y sanción administrativa y penal son herramientas que áun no han logrado penetrar en los gobiernos locales, con lo que se explica el recurrente desvío de recursos y su utilización inadecuada.

4. Irregularidades sobre los beneficiarios de  programas sociales.

La ausencia de datos sistematizados y confiables respecto a los beneficiarios debilita el impacto de un programa social, de un subsidio o un apoyo, que se traduce en un costo para la comunidad, al generarse la percepción de que los programas sociales no son operados bajo criterios de equidad y eficacia.

5. Ocultamiento de pasivos y gasto.

Su ausencia puede tener un impacto en cuanto a la percepción de la opinión pública y los agentes económicos respecto al estado que guardan las finanzas públicas.

6. Exclusión ciudadana de los programas públicos.

La participación social está pensada para involucrarla en la ejecución de los programas, pero no como un elemento vigilante, empoderado con la información suficiente para evaluar la gestión.

7. Inversiones que no representan mejores condiciones para el Estado.

La ciudadanía manifiesta desconfianza tanto en los procesos de adquisición en el sector gubernamental, como en sus resultados para que se proteja el interés público.  Esto ha tenido un efecto negativo en los resultados de inversiones o compras y ha mostrado posibles actos irregulares. además, no abona a la credibilidad en el uso adecuado de los recursos públicos.

8. Proyectos sin planeación, supervisión o seguimiento.

Una inadecuada planeación, supervisión y seguimiento de los proyectos en infraestructura ocasionan incrementos en el monto de inversión y plazos de ejecución.

9. Participación de intermediarios en la entrega del gasto público.

Cuando este proceso sufre retrasos debido a la intervención de instancias intermedias, el impacto esperado del gasto público se ve afectado. Esta circunstancia puede tener efectos en el cumplimiento de los objetivos, en los resultados, e inclusive puede producir una percepción negativa en la opinión pública respecto a la acción gubernamental. La existencia de intermediación abre la posibilidad de que no se cumpla el principio de anualidad en el ejercicio de los recursos.

10. Subejercicios.

Un elemento que limitaría la posibilidad de ejecutar  subejercicios es la observancia del principio de anualidad. Esto es que cada peso federal que no se utilice dentro del periodo fiscal y para los propósitos para los cuales fue aprobado, deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación. Esta situación es causante de la falta de eficiencia del gasto federalizado.

11. Inadecuada incorporación de tecnologías.

Existen condiciones de vulnerabilidad respecto a la utilidad y a la oportunidad de su implementación. Se puede afirmar, con base en los resultados de fiscalización, que la gestión en la materia ha abierto espacios para la utilización ineficiente de cuantiosos recursos y existen riesgos para la comisión de actos irregulares.

12. Programas públicos duplicados, sin coordinación o injustificados.

Cuando los fundamentos y alcances de esta referencia no son claros, se originan condiciones de traslape y duplicidad, además de propiciar un ambiente de confusión, ineficiencia y discrecionalidad.

13. Servicios mal suministrados por particulares.

A pesar de que el argumento principal para realizar dicha transferencia es el de agilizar e incrementar la eficiencia en la gestión de dichos servicios, no se garantizan las mejores condiciones para el Estado respecto a precio y oportunidad, ni cumplen  los principios de eficiencia, eficacia y economía.

 

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