Tratar de explicar para comprender un fenómeno tan complejo como lo es la inseguridad requiere la exploración de muchas variables. Una de ellas, es la integración económica y la inserción de México a la economía internacional mediante el Tratado de Libre Comercio, consecuencia inevitable de la vecindad con Estados Unidos, cuyo país tiene un régimen de posesión de armas, anclado en una constitución que reconoce el derecho de los ciudadanos a portar y poseer armas para la legítima defensa. En consecuencia, ha existido un mercado legal de armas a disposición de las organizaciones que buscan maximizar sus ganancias, provenientes de la venta de drogas ilícitas.
La apertura económica y a la integración regional potenciaron el comercio y el intercambio de mercancías ilícitas a gran escala entre México, Estados Unidos y Canadá; a propósito del notable incremento en el intercambio de manufacturas y de productos agrícolas, sobre todo de verduras y frutas con nuestros vecinos de la región.
De manera natural, al aumentar el comercio lícito y legal, las oportunidades para esconder e incluir mercancía ilícita de manera clandestina crecieron, sin embargo no podemos olvidar que el problema del narcotráfico y el crimen organizado tiene sus orígenes mucho más atrás del inicio del proceso de integración económica y la llegada del neoliberalismo a México.
A través de cargamentos aéreos a gran escala, a principios de los años ochenta, aviones volaban desde Colombia, aterrizaban en territorio mexicano, y la cocaína se trasladaba hasta la frontera mexicana, desde donde ingresaba a territorio estadounidense.
Recientemente, el incremento en la violencia por parte de organizaciones criminales en Estados Unidos y en México han llevado a la propuesta del gobierno estadounidense de cerrar la frontera, sin preguntarse nunca de dónde viene el problema, quién lo genera, lo patrocina y lo fomenta. Cerrar la frontera a todas luces no es una opción viable, pues la experiencia nos dice que las mercancías buscarían su destino final por otras vías.
Lo acontecido en Culiacán, Sinaloa, en los pasados días ha cimbrado nuevamente los ejes de las políticas públicas en materia de seguridad y ha demostrado un punto inédito de crisis de percepción. Es decir, hoy más que en otro momento de la historia reciente de México bajo un esquema de polarización y radicalización se requiere de confianza y certidumbre en las instituciones; sin embargo, la falta de manejo de crisis y de una estrategia de comunicación sólida desatan la incertidumbre y la sobre especulación.
La crisis de seguridad requiere atención urgente, con políticas integrales, instituciones sólidas y el regreso del Estado de Derecho y la gobernabilidad, que ciertamente no se tiene desde hace años.
A partir de lo ocurrido en Culiacán, se obtienen muchas lecciones, pero la más significativa es que México no tiene la autoridad moral a nivel internacional para pedir ni a Organismos Internacionales ni al gobierno de los Estados Unidos que se replanteen las políticas antinarcóticos, ni de control de armamento que pudieran poner punto final y en definitiva a una situación que por décadas ha aquejado a nuestro país.
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La autora es Licenciada en Relaciones Internacionales por el Tec de Monterrey Campus Estado de México, con Mención Honorífica (1998), Maestra en Diplomacia con especialidad en Terrorismo por la Universidad de Norwich (2010) donde también realizó estudios de Doctorado en Relaciones Internacionales.
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