El arranque del gobierno de AMLO será recordado por la guerra contra el huachicoleo, cuando a finales de diciembre, vimos el despliegue de fuerzas de seguridad para resguardar instalaciones de Pemex, así como arrestos y el congelamiento de cuentas bancarias. Un arranque imponente en contra de la corrupción.
Una de las primeras acciones en este año de gobierno fue la centralización de las compras y contrataciones públicas en la Secretaria de Hacienda, con efectos adversos para diversos grupos de la población, en términos de la disponibilidad de servicios públicos en los primeros meses de la administración federal.
Dos reformas constitucionales destacan del primer año de gobierno en contra de la corrupción. La primera, la reforma al artículo 19 para incluir dentro del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa los cometidos por hechos de corrupción. La segunda, las reformas a los artículos 22 y 73 constitucionales para incluir a los delitos por “hechos de corrupción” en la Ley de Extinción de Dominio. En esencia, ambas reformas a nuestra Constitución proponen que los servidores públicos involucrados en actos de corrupción enfrenten su proceso en prisión preventiva y que el Estado pueda decomisar los bienes a funcionarios corruptos, sus cónyuges y sus dependientes económicos, cuando no se acredite su procedencia. Desde la experiencia de otros países latinoamericanos, para que la herramienta jurídica de la extinción de dominio funcione habrán de mejorarse las capacidades de investigación de las fiscalías y homologar procedimientos y criterios en los ámbitos federal y estatal.
Que la corrupción pueda ser combatida es una posibilidad que más mexicanos ven en el nuevo gobierno. Según el Barómetro Global de la Corrupción 2019 de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, 61% de los encuestados evaluaron “bien” y “muy bien” al gobierno de López Obrador en la lucha contra la corrupción, en contraste con el 24% de respuestas referidas para su antecesor en 2017. El tema de la percepción no es menor. Este dato resulta positivo no sólo para el gobierno federal para un primer año de gobierno, sino también en el ánimo social, que podría ser propicio para generar una amplia cruzada desde la participación ciudadana en contra de la corrupción.
En el recuento de la lucha anticorrupción del presidente de México el gran ausente es el Sistema Nacional Anticorrupción. A un año de gestión es evidente que en la agenda presidencial para combatir este flagelo no está presente la medida diseñada en el sexenio pasado para combatir este mal, a iniciativa de especialistas y organizaciones de la sociedad civil. El presidente, en cambio, ha decidido combatir la corrupción desde la Secretaría de la Función Pública y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP. Los procesos legales en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y de la exsecretaria Rosario Robles, por la Estafa Maestra, son los primeros nombres de alto nivel ligados a casos de corrupción, sin que se acerque todavía a los amplios procesos de investigación en países como Perú o Brasil.
En el segundo año de gobierno no hay indicios para suponer que el presidente seguirá un enfoque distinto para combatir la corrupción en este país. Mientras tanto, la visión presidencial contra la corrupción parece haber llegado al Poder Judicial, que en voz del Ministro Zaldívar, ha hecho suyo el discurso de cero tolerancia a este flagelo. En un tema tan intrincado como la corrupción y la impunidad no hay balances binarios. La recuperación de activos y la desarticulación de redes de corrupción serán referencias para valorar cómo vamos con nuestra batalla contra la corrupción en México, más allá de filias y fobias contra la 4T.
Contacto:
Twitter: @palmiratapia
Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
Te recomendamos: La UIF bloqueó 1,400 mdp por actos de corrupción
