Imagine usted que súbitamente padece de una enfermedad terrible que lo orilla a acudir inmediatamente en busca de atención médica. Dicha enfermedad, usted sabe con toda certeza, está relacionada con su sistema nervioso, pues ya lo han tratado antes, pero no lo han curado por completo.
Al ser recibido por un doctor joven, apuesto y sumamente ameno —con cédula profesional perfectamente válida y vigente— este le informa que jamás en su vida ha atendido a una persona con enfermedades relacionadas con el sistema nervioso, pero le confirma que el director del hospital lo ha promovido para que tome el puesto y que cuenta con el apoyo de todo el hospital para desempeñar su encargo con absoluta diligencia. Es carismático y tiene el favor de los médicos más poderosos del gremio.
El simpático doctor, le receta, para tratar su enfermedad, pastillas contra la acidez estomacal y una aspirina, no sin desearle, de todo corazón, que mejore pronto, pues él es un hombre joven que sueña con un mundo sin enfermedades.
Usted descubre con posterioridad que el doctor que lo ha atendido fue designado por elección popular. Que, aun sin haber tenido estudios ni experiencia acerca del funcionamiento del sistema nervioso, y solo con tener más de 30 años y contar con una cédula profesional que lo acredita como médico, ahora es la cabeza del área de neurociencia en el hospital al que usted acudió.
Esta anécdota ilustra el escenario que enfrentaremos los ciudadanos —no solo los litigantes, sino todos los ciudadanos— al aprobarse la (inminente) reforma judicial impulsada por el Presidente de la República para elegir a los impartidores de justicia por medio de elección popular, sin establecer filtros ni candados que garanticen que los candidatos a ocupar dichos puestos cuentan con los conocimientos técnicos ni la experiencia suficiente para afrontar los problemas que planteen ante ellos los ciudadanos para su resolución.
Impartir justicia no es una cuestión de mera voluntad, buen corazón o sueños guajiros; los juzgadores resuelven las cuestiones jurídicas que se les plantean con base en el orden jurídico constitucional vigente en nuestro país.
Hoy día, un abogado que persigue la carrera judicial con miras a convertirse en titular de algún tribunal o juzgado no puede llegar a ese puesto sin haber transcurrido, en el mejor escenario, por 8 años de carrera judicial, pasando por incontables capacitaciones, experiencia proyectando resoluciones y un tortuoso examen por oposición que pueden cursar varias veces hasta aprobar.
Un juez que no haya recorrido este camino y que ocupe su puesto únicamente por haber hecho una buena campaña publicitaria (¡con recursos que Dios sepa de donde provengan!), llevar una buena relación con ciertos personajes y haber obtenido una cédula profesional que lo acredita como Licenciado en Derecho, terminará por recetar pastillas para combatir la acidez estomacal a pacientes con daños en su sistema nervioso.
Hablemos sin rodeos: el Poder Ejecutivo Federal —en un ánimo evidentemente revanchista y ambicioso— pretende desmantelar al Poder Judicial de la Federación a través de una “reforma judicial”, que no es sino una reforma al mecanismo de elección de juzgadores (jueces, magistrados y ministros). Más aun, suponer que no terminarán siendo juzgadores aquellos que se encuentren en buenos términos con el régimen gobernante es simplemente ingenuo. El objetivo de la mal llamada reforma judicial es desaparecer, pulverizar, la independencia judicial.
Esta propuesta está aparentemente legitimada por un supuesto clamor popular que se manifestó el pasado 2 de julio en las urnas, cuando los gobernados decidieron apoyar la supuesta continuidad de la “Cuarta Transformación”. ¿Es esto veraz? ¿Comprenderá verdaderamente la sociedad civil los tejes y manejes de la impartición de justicia? ¿Conocen la diferencia entre administración e impartición de justicia? ¿Entenderán que un juez de lo penal necesita seguridad adicional tras ordenar el encarcelamiento de un narcotraficante? ¿Sabrán que la materia civil es distinta de la fiscal, de la penal o de la laboral? ¿Cómo puede el pueblo bueno y sabio haber votado por algo que no conoce?
Independientemente del desenlace de esta crónica de una muerte anunciada, es imperativo que la sociedad civil se informe. Los daños que esta reforma judicial podría traer a nuestro país no son siquiera cuantificables. Los ciudadanos debemos informarnos y tomar partido de forma urgente, posicionándonos a favor de la prevalencia del Estado de Derecho.
¿Qué podemos rescatar de esta “serie de eventos desafortunados”? Que existe un consenso generalizado entre juzgadores, académicos y abogados postulantes sobre la imperante necesidad de reformar el Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, esta reforma debe robustecer la independencia de dicho Poder, no someterla a los caprichos del gobernante en curso.
* Asociado en DLA Piper, Licenciado en Derecho por el ITAM y Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Miembro de las Comisiones de Desarrollo Fiscal “3” y de Fiscal Internacional de Desarrollo del Colegio de Contadores Públicos de México.
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