La reforma del Distrito Federal ha sido calificada, por algunos, como histórica, pues es un avance en materia de representatividad y derechos de los capitalinos. Sin embargo, su alcance es mucho más limitado de lo que se plantea en la retórica gubernamental. De hecho, la transformación del Distrito Federal (DF) en la Ciudad de México, lejos de atender los principales problemas de la capital, parece responder a motivos políticos del Ejecutivo federal y del jefe de Gobierno.

Es importante analizar las motivaciones, el alcance, las limitaciones y posibles áreas de oportunidad que se perfilan en torno de este escenario. Como señalan Ximena López, Mireya Moreno, Carlos de la Rosa, Rafael Vega y Mariana Meza, del CIDAC, el cambio constitucional para transformar el estatus jurídico de la capital de la República no es una idea nueva. Desde la primera Jefatura de Gobierno, la reforma política del DF ya era un tema significativo en la agenda local. Hoy, la agenda de reformas para transformar al DF en la Ciudad de México fue retomada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y desde el principio de su administración se estableció como uno de los objetivos de su gobierno.

De acuerdo con la reforma constitucional, será responsabilidad de la Asamblea Constituyente crear la nueva Constitución de la Ciudad de México. Este cuerpo legislativo recibirá, discutirá y aprobará, a más tardar en enero de 2017, la propuesta de texto constitucional por parte de Miguel Ángel Mancera. De acuerdo con la reforma, la Asamblea estará compuesta de 100 miembros: 60 de ellos serán elegidos mediante el voto directo de los ciudadanos bajo el principio de representación plurinominal; 14 serán elegidos por la Cámara de Diputados; 14 por el Senado; seis directamente por el jefe de Gobierno, y los seis restantes por el presidente de la República.

Como señalan dichos autores, una asamblea constituyente debe representar las distintas fuerzas políticas al interior de un territorio para acordar la construcción de su forma de gobierno. Con la fórmula de conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no se garantiza dicha representatividad. Por un lado, la fórmula para elegir a los miembros de la Asamblea facilita la sobrerrepresentación del PRI, que a pesar de ser mayoritario en el Congreso federal, es minoritario en la capital –en la elección de 2015 únicamente obtuvo 13% de los votos–. Por otro lado, aquellos partidos políticos que cuentan con mayor apoyo electoral en la capital, pero no en el Congreso federal –como Morena y el PRD, que juntos concentran el 47% de la votación–, están subrepresentados por dicha fórmula.

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Quizá lo más preocupante sea que se ha rumoreado que el texto ya está elaborado, por lo que las reuniones para discutirlo serán pura simulación, lo que constituye un atentado grave a la democracia, sobre todo porque pretenden imponer muchos derechos que falsamente se han vendido como logros de la ciudadanía, cuando en realidad son fruto de unos cuantos legisladores del PRD apoyados por una Suprema Corte que pretende ser de avanzada, cuando sólo siembra dudas y rompe el orden jurídico nacional en ciertos seudoderechos (al aborto, al matrimonio homosexual, hacia una agenda de género, la liberalización de las drogas y la eutanasia), que además no están respaldados ni por la Constitución federal, que está por encima de las constituciones locales, ni por los tratados internacionales; sólo por una jurisprudencia que da bandazos por parte de nuestro máximo tribunal.

Además, una constitución tiene un efecto educativo: su finalidad es formar buenos ciudadanos y moldear conductas, y en ese sentido, tales derechos son disolventes y atentan contra el más importante de todos los derechos: la vida humana y la familia.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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