Han pasado 20 años desde la última vez que Andrés Manuel López Obrador sometió su cargo público a la opinión de la ciudadanía y con base en ello determinar su continuidad como gobernante.
La primera vez fue en 2002, cuando a través de un plebiscito telefónico, llamó a los habitantes del otrora Distrito Federal a evaluar su permanencia como jefe de gobierno.
Consultar a la ciudadanía sobre los temas relevantes de su proyecto político en la capital fue parte de la campaña de López Obrador en el año 2000 al Poder Ejecutivo local.
“Sin participación no existe la democracia; yo quiero que en la ciudad todos ejerzan su derecho a opinar. Que hagan de la participación una constumbre, por eso vamos a seguir organizando consultas aunque nos critiquen”, decía el entonces mandatario capitalino.
En aquel entonces, a principios de milenio, aunque la figura de la consulta popular y plebiscito estaban en la Constitución, carecía de regulación, por lo que las autoridades capitalinas hicieron su propia convocatoria y aplicación.
Este ejercicio antecedió al realizado para la construcción de los segundos pisos sobre Periférico y Viaducto. La participación fue de 658 mil 995 votos y la mayoría ratificó al tabasqueño en el encargo, que lo se perfiló para ser contendiente de las izquierdas, encabezadas por el PRD, para la elección presidencial de 2006.
Ahora, dos décadas después, los mexicanos están por primera vez en la antesala de un ejercicio de participación ciudadana para calificar los poco más de tres años que el jefe del Ejecutivo federal ha ejercido en el timonel del país.
Con una aprobación del ejercicio de gobierno que supera el 60% en las encuestas, la pertinencia de una consulta revocatoria hacen que sea una apuesta delicada apuntalada sólo en la popularidad del mandatario federal.
En una entrevista concedida a Forbes México hace unos meses, Eduardo Huchim, analista político, consideró que el mandatario hará una fuerte y riesgosa apuesta para medir el pulso de la ciudadanía sobre el ejercicio de su administración.
El también exconsejero electoral advirtió que el jefe del Ejecutivo, en una campaña permanente, someterá al juicio ciudadano su popularidad en medio del embate, cada día más álgido, de la oposición y grupos de interés contra su proyecto de nación.
“Creo que ese hecho de someterse voluntaria e innecesariamente a una consulta sobre revocación del mandato es una apuesta muy peligrosa para el presidente porque él está suponiendo que su popularidad va a dar para todo y no necesariamente es así”, señaló.
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“Es una apuesta riesgosa, no es fácil que pudieran tener una concurrencia que haga vinculatorio los resultados y luego un resultado negativo, pero suponer que va a tener una votación arrolladora, no creo que eso ocurra”, sostuvo Huchim.
Organismos ciudadanos como Alternativas por México, dirigido Gustavo de Hoyos Walther, han anunciado públicamente su nulo interés por participar en este ejercicio por considerarlo un acto de publicidad y han impulsado una campaña para que el mandatario termine su sexenio conforme lo dicta la Constitución.
De acuerdo con la consultora Integralia, este domingo se espera que haya una participación de alrededor del 15% de la ciudadanía y pese a la escasa participación, se anticipa un triunfo contundente para la ratificación de López Obrador en la Presidencia.
Integralia perfila que en el mejor de los casos se registrará una participación de 20 millones de personas y en el menor de 6.5 millones, lo que pondría esta consulta a la par de la ejercida para enjuiciar a los expresidentes del país.
Organizaciones civiles como Que Siga la Democracia, que dirigen excandidatos de Morena en la pasada elección de 2021, como Gabriela Jiménez, se han encargado de movilizar a cientos de simpatizantes para la recolección de firmas y llamados a participar en lo que consideran es una “consulta de ratificación”.
Empero, la difusión de este ejercicio no ha estado limitado a las estructuras paralelas de Morena, sino abiertamente por funcionarios de gobierno y mandatarios estatales quienes han violentado las disposiciones electorales para la difusión de la consulta.
Por ejemplo, el jueves pasado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y otros líderes de Morena movilizaron a alrededor de 80 mil simpatizantes de López Obrador en el Monumento a la Revolución para promover la consulta de revocación con un mitin “a favor de la reforma eléctrica”.
Entre los funcionarios que participaron en este evento destacó la presencia de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el vocero presidencial Jesús Ramírez.
El sábado de la semana pasada, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, fue cuestionado por haber utilizado un avión de la Guardia Nacional para visitar Coahuila y Sonora para promover también la revocación de mandato, lo que le costó el rechazo como interlocutor del gobierno federal en diversos frentes políticos.
Para Renata Turrent, consultora política y simpatizante de Morena, una de las herencias que dejará la presidencia de López Obrador es el paso de una democracia representativa a una participativa.
Consideró también que la aprobación del mandatario federal es sana, pese al embate de la pandemia y la oposición, por lo que llegará con fuerza suficiente para afrontar el juicio de la ciudadanía.
“Yo creo que la consulta saldrá favorable, pero creo que lo que más emociona de la revocación del mandato es que si podemos pensar en una transformación y me dijeran cuál es la más profunda que se ha hecho en este sexenio es que transitamos de una democracia representativa a una participativa en un dos por tres”, expuso Turrent en entrevista.
El presupuesto, el eterno obstáculo
Tras la crisis de Covid-19 entre 2020 y 2021, que golpeó fuertemente al país en el ámbito económico, las voces críticas a este ejercicio democrático se elevaron cuestionando la pertinencia de este proceso cuando el país atraviesa por una situación financiera delicada.
El presupuesto para la consulta de revocación de mandato acaparó durante el úlitimo año y principios de 2022 el debate público.
La controversia tuvo su detonante en los recursos que el Congreso de la Unión destinó para la realización de este ejercicio y que las autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) señalaron como insuficientes y con ello desataron un sin número de reclamos y acusaciones entre el propio presidente de la República, sus aliados políticos y la oposición representada por el PAN, PRI y el PRD.
Para la realización de la consulta, el INE solicitó un presupuesto de 3 mil 830 millones de pesos a fin de tener los estándares de la normativa electoral. No obstante, el Instituto sólo logró recibir alrededor de mil 500 millones de pesos y solicitó el resto a Hacienda, pero le fue negado.
El presidente de la República justificó que los consejeros electorales debían ajustar su presupuesto con base en los principios de austeridad republicana y criticó que éstos aún conservaran sus salarios por encima del tope previsto por la ley que es de 108 mil pesos mensuales.
Derivado de esta confrontación presupuestal, que llegó a la Suprema Corte, se decidió que para la consulta sólo se instalarían poco más de 57 mil casillas de las 161 mil requeridas por la ley.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que se están escondiendo las casillas de votación para desincentivar la participación de los mexicanos en este ejercicio democrático.
Sin embargo, este obstáculo por los recursos para las consultas ciudadanas promovidas por López Obrador no son nuevas. En 2002, para la realización del plebiscito sobre la construcción de los segundos pisos en Viaducto y Periférico, el Instituto Electoral del DF estimó un presupuesto de 122 millones de pesos, pero ante la falta de recursos económicos, al final se otorgaron 48 millones, de los cuales, 8 millones de pesos se utilizaron para propaganda.
