La consulta que se realiza en estos días para decidir sobre el nuevo aeropuerto es el reflejo de lo que pasa en México, en diversas dimensiones de la vida cotidiana, donde lo bizarro se impone a la razón. Si bien en otros espacios se han tratado ampliamente las características de la consulta, es importante resaltar diversos aspectos que resultan relevantes para poder comprender su trascendencia para el nuevo gobierno.

Consultar a las y los ciudadanos, es un ejercicio que se hace en diversos lugares del mundo democrático contemporáneo, por lo que la consulta en si no debería causar ninguna sospecha. Sin embargo, la democracia moderna tiene que ver con el ejercicio y aplicación de la ley, lo que esta consulta no cumple, pues, aunque no es ilegal, tampoco es legal como ejercicio de gobierno, porque López Obrador ni si quiera es gobernante aún. Tiene la validez de una encuesta hecha por particulares para particulares, aunque haya un vínculo de aceptación moral, como el mismo presidente electo lo ha señalado al decir que aceptará el resultado y será vinculante para su decisión.

Por ello, no es una consulta que sea organizada por una instancia de gobierno, u órgano autónomo, porque tampoco podrían haberlo hecho. La forma en que las consultas populares están normadas en el contexto actual implicaría un proceso legal que no es posible seguir para el equipo de López Obrador en este momento, como base de una decisión que resulta relevante, en términos mediáticos.

Hay diversos grupos que estarían interesados en dañar aún más la legitimidad de esta consulta. Incluso al mismo López Obrador no le desagradaría por completo la idea de que eso ocurriera porque, como ya lo dijo, podría anularse el procedimiento si es que se comprueban irregularidades que lo pongan en riesgo. El caso es que, al ser un ejercicio privado, no hay jueces, ni mecanismos legales, ni otros procedimientos que le permitan limpiar el proceso, sino fundamentalmente declararlo inviable por los mismos organizadores ¿A quién le importaría desvirtuarlo? Pues a sus adversarios, quienes demostraron que no era confiable, pero también a propios que podrían usarlo de pretexto para mantener la idea de la separación de buenos y malos.

Consultar sobre el destino del nuevo aeropuerto, es una promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador. Si bien su planteamiento inicial giraba en torno al costo del proyecto en su conjunto, donde asumía que había habido adjudicaciones de manera irregular, además de precios inflados y mal manejo presupuestal, el tema derivó en un cuestionamiento del proyecto en su conjunto. Si bien, la discusión se movió hacia la alternativa planteada por López Obrador y su equipo, sobre la posibilidad de utilizar la base de Santa Lucía, en realidad no hay un proyecto aún que suene viable para la sustitución de Texcoco, pero, además, en buena medida no importa si lo hay.

Finalmente, el costo que se ha generado con este proceso es ya amplio y López Obrador tiene que buscar minimizarlo, con lo que podríamos ver sus prioridades. Construir un espacio de legitimidad basado en la “gente”, pero fuera del marco de legalidad es una vía que ha explorado y le ha funcionado en otras ocasiones, pues pasa por encima de los contrapesos institucionales que evitarían un ejercicio más personalizado del poder.

En ese sentido, podremos observar en los días siguientes, cuál fue la verdadera intención al generar un mecanismo que, por sí mismo, ya era cuestionable desde su presentación. Pero ya hay un costo, sea cual sea la decisión que impere al final.

 

Contacto:

Twitter: @aglopezm

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

Siguientes artículos

Y luego de la consulta sobre el NAIM, ¿qué sigue?
Por

Inicio la consulta del Aeropuerto, la cual se está planteando más que como un proceso vinculante a una decisión ejecutiv...