Uno de los temas más relevantes que han preocupado a las y los mexicanos en los años recientes, tiene que ver con la corrupción. Es también un tema que está en el discurso político, tanto de quienes gobiernan como de los que van a gobernar en el futuro, pues ha delineado buena parte de la perspectiva sobre la administración actual, así como de los gobiernos locales en prácticamente todos los estados del país, donde no hay exgobernadores o gobernadores en funciones que no sean asociados a malos manejos de recursos públicos y, qué decir, de los ayuntamientos.

El problema, es que aún hoy, no tenemos claridad sobre la forma en que se busca dar solución al problema de la corrupción, más allá de los buenos deseos y el arrepentimiento de quienes ahora cometen actos criminales con los recursos públicos. Como parte de las “grandes soluciones” que, a la sociedad mexicana, o a sus grupos políticos, les gusta adoptar, se construyó un Sistema Nacional Anticorrupción que, hasta ahora, como era previsible, tiene más retos que las soluciones que puede comenzar a aportar a partir de su integración en distintos espacios de la función pública.

En el mundo se han experimentado diversas formas para aminorar los efectos de actos corruptos en el servicio público, siendo las más efectivas aquellas que no consideran a la corrupción desde una perspectiva ética, o como un problema cultural, sino desde las externalidades y riesgos que implica la operación diaria de los sistemas que operan al interior de las organizaciones públicas, como mecanismos para la consecución de sus fines.

La corrupción tiene que ver con delitos o faltas que se comenten en el contexto de la interacción cotidiana de las personas, con recursos públicos o privados. En general, los actos asociados a la corrupción están tipificados en las leyes de la mayor parte de los países como delitos o faltas administrativas, por lo que en realidad cualquier acto es una violación a la ley, por lo que no habría que ir más allá en la búsqueda de soluciones a los temas de corrupción.

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El problema en México es la impunidad que impera, no únicamente para quienes cometen actos corruptos, sino para quien realiza un delito en general, pues la probabilidad de que reciba un castigo es muy baja en comparación con otros países, por lo que la solución para la corrupción, como para otros males sociales, es mejorar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente en términos de sus procesos y el castigo a los delitos acusados.

Sin embargo, en México escogimos el esquema más complicado y caro, pues incluso hay otros modelos instrumentados en otros países con mejores resultados. Por ejemplo, el de Guatemala que ha llevado a exfuncionarios y expresidentes a prisión, es una comisión internacional, como la que ya alguna vez planteó el ahora presidente electo, pero eso implicaría reconocer las fallas de nuestro sistema penal de manera abierta.

Otros esquemas tienen comisiones ad hoc a las estructuras administrativas, un poco en el contexto de las contralorías que existen ahora, pero con capacidades para castigar de manera eficiente a las y los servidores públicos que cometen actos corruptos. El problema es que la cotidianidad administrativa, así como el control político ante la falta de un servicio civil eficiente, frenan la eficiencia de estos modelos.

Asumir una cultura de prevención de riesgos en la administración pública, donde la corrupción es uno de ellos, e incorporar mecanismos de control en los sistemas administrativos de todos los programas públicos, implicaría asumir que el problema existe, pero deteniéndolo desde la base misma de la operación de las actividades públicas, o haciendo más difícil su comisión, pero más fácil su castigo.

En ese sentido, las aseguradoras tendrían mucho que enseñar en términos de políticas de prevención y control de riesgos asociados al trabajo administrativo, que es más eficiente que la instrumentación de una estructura nacional que lo único que hace, es asumir que el problema no va a acabar nunca y para ello la necesitamos de manera permanente.

 

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