Por Carlos Flores

La noticia publicada durante la última semana de marzo  no sólo tomó por sorpresa a los venezolanos, sino que generó un sinnúmero de comentarios, dudas, hipótesis. Algo que jamás hubiera cruzado el imaginario colectivo, ahora parecía formar parte de una pésima realidad. La pregunta era simple: ¿Se marchaba Diablitos Underwood de Venezuela?

Y es que el popular alimento de jamón enlatado se ha convertido —con el paso de las décadas— en un integrante clásico de las alacenas venezolanas y en compañero inseparable de la tradicional arepa.

Pero no se trataba del producto abandonando a sus comensales, sino de la empresa transnacional General Mills despidiéndose de Venezuela tras vender sus marcas más importantes Rico Jam, Frescarini y Diablitos Underwood a Lengfeld, una compañía tan desconocida que ni siquiera cuenta con sitio web o redes sociales.

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Esta noticia se dio a conocer mediante un comunicado firmado por el presidente de General Mills Latinoamérica, Sean Walker, donde alega que la decisión se basó en “priorizar otras oportunidades de crecimiento dentro de su portafolio en Latinoamérica”.

Tal vez vez las razones de General Mills fueron otras y más allá de diversificar sus productos, pues el último balance reportado en Venezuela muestra que con la transacción estarían registrando una pérdida de 35 millones de dólares (mdd) en el cuarto trimestre del periodo fiscal 2015”.

Y no es ni la primera ni, seguramente, la última empresa en atravesar los contratiempos necesarios para abandonar el país. Hace largo rato que suenan las alarmas para los empresarios privados y extranjeros con inversión en Venezuela, país hundido en problemas de escasez, control cambiario, insegueridad y un opaco sistema jurídico que genera desconfianza entre los inversionistas en todos los niveles.

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La voz de los afectados

Como presidente de Fedecámaras (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela y patrona del gremio empresarial con presencia en 14 sectores económicos), Francisco Martínez es el encargado —entre otras cosas— de velar por el establecimiento de marcos óptimos para el buen desarrollo de la actividad económica privada en el país; misión, por cierto, nada fácil.

Durante los últimos años, “la principal razón por la cual Venezuela está donde está es porque tenemos un gobierno que intenta permanente insistir en un modelo económico que está anclado en ideas del siglo XIX y cuyo dogmatismo no le permite ver las realidades económicas de un país. Nadie entiende, ni los venezolanos, por qué el gobierno no busca soluciones lógicas, sino que refuerza todo lo que ha generado esta crisis, que para nosotros, desde el gremio empresarial, es la más fuerte de los últimos 33 años”.

En opinión de Martínez, la radiografía de la problemática venezolana está muy clara y definida desde el punto de vista histórico. Y el gran pilar del desastre está cimentado por el rentismo petrolero y la escasa diversificación de la economía.

Todo eso ha servido de piso a una progresiva fragilidad institucional, que se esconde con administraciones ineficaces de recursos provenientes del petróleo, que cuando son grandes —porque el precio del crudo aumenta— llevan en una fiesta del despilfarro y populismo, pero cuando bajan estos ingresos —como ocurre en la actualidad— y no se ejecutan previsiones de rigor, entonces se despierta ante la dura realidad de modelos fallidos.

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Del populismo a la crisis

“El país de vocación empresarial cambió abruptamente”, dice Francisco Martínez, al recordar la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

“El populismo del presidente Chávez llegó con un nivel de aversión por la propiedad privada. Uno de los principales factores de crecimiento de una nación es la sinergia entre los factores públicos y privados, que vayan de la mano compartiendo objetivos comunes. Pero cuando el sector público y el privado no están en la prioridad del gobierno, se crea una dinámica que lleva a la pérdida absoluta de la confianza”, señala Martínez.

La situación se extendió y llegó al máximo nivel crítico con la llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia. “Porque el presidente Maduro es heredero de una crisis que se ha ido agudizando por no tomar las decisiones correctas. Esta crisis no obedece a la retórica de una guerra económica, ni tampoco a supuestos ataques al modelo económico de la revolución”, menciona Francisco Martínez.

“Los primeros registros de crisis en Venezuela se generaron en los años 2007 y 2008; ahí comenzó todo un andamiaje legal con decretos presidenciales para inhibir la inversión privada nacional y transnacional. Existe una opacidad enorme en las cuentas nacionales del gobierno, apenas hace poco el Banco Central de Venezuela publicó —luego de no ofrecer ningún tipo de datos— que la inflación cerró en 2015 con 180% y un PIB que decrece por tercer año consecutivo en -5.7%”.

Según datos proporcionados por Fedecámaras, el número de intervenciones y expropiaciones ha afectado a más de 1,450 empresas. Hace 15 años el parque empresarial privado registraba unas 750,000 empresas. Hoy, apenas llega a la mitad.

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El líder privado

Empresas Polar es un conglomerado industrial dedicado a la producción y distribución de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas en Venezuela, posee marcas líderes reconocidas en cada segmento del mercado. Se podría resumir muy fácil alegando que a nivel empresarial Polar es el coloso de Venezuela.

Y su presidente, Lorenzo Mendoza, ha protagonizado muchos dimes y diretes tanto con el expresidente Chávez como con Nicolás Maduro. No se puede negar la presión sobre Mendoza desde los máximos integrantes del gobierno venezolano. Pero, digamos, como consuelo, Mendoza maneja —desde Polar— los alimentos y las bebidas de mayor consumo en todo el país. Incluyendo la harina con la que se prepara el plato diario más consumido, la arepa, y la cerveza más popular.

Durante el mes de enero, Lorenzo Mendoza —sobre quien hace años giran especulaciones, aunque él mismo lo ha negado, sobre un posible interés de participar en la política— planteó una serie de propuestas para que Venezuela pueda salir de la crisis económica.

Desde su punto de vista, la mejor estrategia es rescatar y fortalecer la industria privada. Añadió que “si no se aborda la situación del sector productivo como eje central de cualquier programa de recuperación, para que volvamos a tener una economía fuerte, será imposible que el país salga de la situación de escasez de alimentos y otros bienes y servicios de primera necesidad”, enfatizó.

Otras de las propuestas sugeridas por Lorenzo Mendoza fueron las siguientes:

  • Que se reconozca oficialmente la deuda del Estado venezolano con los proveedores internacionales de materia prima y que se inicie un proceso de refinanciamiento de la deuda.
  • Que el Ejecutivo Nacional busque y acceda al financiamiento internacional más eficiente y menos costoso para los venezolanos.
  • Dado el quiebre de inventarios actual, crear un fondo para la adquisición de materia prima, insumos y repuestos para empresas privadas productivas, destinado a la producción de bienes esenciales en Venezuela, con pagos a la vista y trámites simplificados.
  • Ajustar los precios regulados de acuerdo con la Ley Orgánica de Precios Justos, de forma que cubran los costos de producción y aseguren las ganancias adecuadas.
  • Fortalecer la producción agrícola en los rubros en los que Venezuela es competitiva: café, maíz blanco, cacao, arroz y azúcar. Hasta el momento, el gobierno ha hecho caso omiso a las propuestas del empresario.

 

En edificación

La Constructora Sambil fue fundada en 1958 por Salomón Cohen. Comenzó construyendo edificios destinados a viviendas para la clase media. Hoy, Alfredo Cohen y su hijo son los creadores de los centros comerciales Sambil, con sedes en las ciudades de Caracas, Valencia, Margarita, Maracaibo, San Cristóbal, Barquisimeto y Punto Fijo (Paraguaná).

En 2011 exportaron el concepto a Santo Domingo en República Dominicana y más recientemente, en 2015, a Curazao.

Pero a pesar de los inconvenientes, la familia Cohen permanece en Venezuela. El por qué lo detalla el ingeniero Alfredo Cohen: “La respuesta es muy sencilla y se encuentra en una frase expresada por nuestro padre y fundador Salomón Cohen en reiteradas ocasiones: ‘Venezuela me lo ha dado todo: educación, familia, trabajo, oportunidades de progreso. Todo lo que soy se lo debo a Venezuela’. De aquí somos y aquí seguimos. Todos los países del mundo, sin excepción, han pasado por altibajos. Más pronto que tarde saldremos de las dificultades que atravesamos. De eso estamos convencidos”.

Sin embargo, la empresa de su familia atravesó un momento particularmente difícil. “Cuando se llevó a cabo la expropiación de Sambil La Candelaria en 2009”. Recuenta Alfredo, “estaba prácticamente listo y a punto de inaugurarse, fue algo traumático”.

Hasta el momento no hemos recibido pago alguno por ese concepto. Hablamos de una importante inversión tanto nuestra como de los pequeños comerciantes, quienes incluso se empeñaron para poder adquirir sus locales.

Eso, sin mencionar los miles de empleos que se preveía generar y la mejora urbanística que tanto se merece esa popular zona caraqueña.

También fue muy complicada la situación generada a finales de 2013 con el decreto 602, que regulaba los alquileres dentro de los centros comerciales y que hacía totalmente inviable el modelo de negocio. Afortunadamente, hubo una rectificación y se derogó el decreto inicial, lo que nos permitió seguir adelante”.

Para Cohen, la clave para salir del abismo económico actual pasa por establecer una economía moderna, que genere crecimiento y bienestar a la población.

Para ello, la economía necesariamente debe estar regida por un marco jurídico que fomente la inversión y cree una seguridad jurídica que garantice el desenvolvimiento dinámico de los entes en juego.

“Inversiones a mediano y largo plazo son las que producen bienestar social y nadie va a exponer su capital cuando hay riesgo de ser expropiados o cuando se cambian las reglas de juego constantemente o mientras exista un control de cambio que hace muy cuesta arriba el desarrollo de cualquier negocio”, puntualizó Cohen.

 

Crisis transnacional

Para complicar más el panorama empresarial, surge el drama de las transnacionales que, debido al control cambiario, ven casi imposible el retorno de ganancia a sus casas matrices en el extranjero.

Casos como el de Mondelez Internacional (antigua Kraft Foods y fabricante de Oreo), que anunció pérdidas por 778 millones de dólares (mdd), que seguirá vendiendo Oreo y sus otros productos, pero sus ventas en Venezuela no contarán para sus balances internacionales.

En el reciente mes de marzo, su planta principal en la ciudad de Barquisimeto estuvo totalmente detenida alrededor de un mes por falta de materia prima para fabricar las galletas.

El caso de Pepsico fue similar, también registró pérdidas por 1,400 mdd. No son las únicas, otras empresas como Colgate-Palmolive y Kimberly- Clark han retirado a Venezuela de sus balances contables.

Alberto Afiuni, socio ejecutivo de EY Venezuela (antigua Ernst & Young), una de las firmas más importantes de múltiples servicios profesionales, mantiene que “la situación económica actual presenta grandes desafíos para los ejecutivos de negocios en Venezuela que giran alrededor de la inflación y el control cambiario, obligando a las compañías a reorganizar su planificación financiera. Estamos experimentando, como es bien conocido, una inflación por encima del 200% y una recesión económica con un PIB cercano a (-6%), entre otros indicadores macroeconómicos.

Por otra parte, las compañías han presentado quiebres de stock de inventarios y presentan dificultades en la ejecución de presupuestos de capital y operación, el tema de la escasez de bienes y divisas afecta la disponibilidad de recursos necesarios para la operación normal.

Otros temas relevantes como la Ley Orgánica de Precios Justos que limita el margen de ganancias, la nueva ley de Impuesto Sobre La Renta y la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras limitan la operación y el desarrollo de las empresas en Venezuela.

Propuestas para el futuro

Afiuni también considera una necesidad el trabajo mancomunado entre gobierno y empresarios y asomó una serie de propuestas para ser consideradas:

  • Fortalecimiento y estabilidad a la seguridad jurídica para el desarrollo de las actividades en el sector económico.
  • Establecer mecanismos para el incremento de la inversión tanto extranjera como nacional, por ejemplo, estableciendo acuerdos en materia de incentivos impositivos, implementando mecanismos para el retorno de la inversión en capital de trabajo y bienes de capital que realicen las empresas extranjeras.
  • Fomentar el establecimiento de asociaciones público-privadas para el desarrollo de sectores económicos específicos, tales como minería, infraestructuras, con el propósito de cumplir los siguientes dos objetivos, lograr una diversificación de la economía y que puedan surgir fuentes alternativas de ingresos en moneda extranjera para el país; y dos, que puedan fortalecerse sectores propulsores de actividades económicas alternas o mejoren el desenvolvimiento de otros sectores de la economía.
  • Establecer políticas de precios que permitan a las compañías no sólo recuperar los costos incurridos, sino obtener un margen de rentabilidad adecuado y adicionalmente tener una protección ante los efectos inflacionarios y realizar las inversiones necesarias para la ampliación de la capacidad productiva.
  • Tener una política monetaria y de mecanismos cambiarios acordes la situación del país.

“El país, para promover las inversiones que generen procesos intensos de intercambio comercial, debe crear otras zonas francas o zonas de impuestos blandos.

Para lograr un negocio viable, el Estado debe colocar las reglas claras en el juego para evitar incertidumbre. Para que un empresario tenga acceso a materias primas que no se producen en el país, por ejemplo, se requiere de inversiones en capital fijo, obtención de divisas y reformar la Ley de Precios justos”, finalizó Alberto Afiuni.

 

País sin despidos

Uno de los tantos problemas en común que tienen los empresarios nacionales y extranjeros es el decreto de inamovilidad laboral, con más de una década de vigencia. ¿Qué hacer cuando no se puede despedir a un trabajador improductivo?

“La inamovilidad laboral se ha convertido en el primer factor de ineficiencia de las empresas, además de ser causante de la pérdida de la meritocracia y la motivación al logro”, comenta Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras.

“En nombre de la inamovilidad se han llevado a cabo los peores atropellos; hay mafias dentro de las empresas, las cuales no podemos abordar, ya que no se puede despedir a ningún empleado. Tenemos casos de personas convictas y confesas que incluso están pagando pena en la cárcel, pero siguen como empleados de una empresa porque el Estado no califica el despido y no existe un mecanismo para que la propia empresa sustituya a ese mal empleado”.

Para que sea posible un despido, la empresa debe dirigirse a una Inspectoría del Trabajo, instancias gubernamentales ineficaces, donde rara vez se logra el propósito, lo cual ha degenerado en una situación de total chantaje: si una empresa quiere despedir a un empleado, debe negociar montos que incluso llegan a triplicar lo que legalmente les correspondería.

Importaciones y exportaciones

En este contexto, el economista Henkel García, director de la firma Econométrica, resume la situación venezolana estableciendo que actualmente el nivel per cápita de manufactura está por debajo del 20% de lo que era en 1998.

“Ha sido la consecuencia de un modelo que el propio gobierno chavista incentivó y que impulsaba a las empresas a exportar y elaborar la menor cantidad de producto en Venezuela, para que fuera importada. ¿Y por qué esa iniciativa?, cuando tienes control de cambio, lo que haces es sobrevaluar la moneda”.

Las importaciones se incentivan porque el producto se vuelve más barato. Y sí le sumas el riesgo jurídico que significa tener negocios en Venezuela —debido a posibles expropiaciones—, entonces lo más atractivo era importar y no fabricar localmente.

Así el sector comercio comenzó a ganar más peso que el sector manufacturero. Eso es estructural. Cuando se revisa el índice de Doing Business se ven las numerosas trabas que hay para hacer negocios en Venezuela. Pero más allá de eso, hay dos aspectos fundamentales en lo institucional: todo lo que tiene que ver con la propiedad privada y el sistema judicial, que está muy lejos de ofrecer garantías a los que quieren hacer negocios en Venezuela.

El riesgo jurídico en Venezuela ha sido demasiado alto y esto tiene una consecuencia: espanta a las inversiones que podrían llegar al país.

 

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