Iremos a una disputa imaginaria con los Estados Unidos y Canadá. El presidente López Obrador ya delineó lo que ocurrirá en las próximas semanas y que tendrá su formato cumbre el 15 y 16 de septiembre. La fecha se presta, porque es la celebración de la Independencia.  Concentración del pueblo y desfile militar. 

El pretexto son las quejas por supuestas violaciones al T-MEC, pero el fondo es más local: se trata de dar un paso más en la polarización política, que rienda utilidades electorales en el 2023. ¿Qué mejor coyuntura que la defensa de la patria? 

Por eso, el titular del Ejecutivo, ya estableció una línea tajante en quienes respaldan a México y quienes optan por las empresas extranjeras. El calibre técnico de la disputa se diluye en elementos más sencillos y que pueden sumar apoyos y adeptos. 

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Se tratará de reeditar lo que ocurrió con Lázaro Cárdenas y las empresas petroleras en 1938, aunque con una diferencia más que evidente: en aquella ocasión, que adquirió relieve histórico, el presidente de la República lo que hizo es actuar contra empresas que no cumplían las leyes en nuestro país y que se negaban a pagar diversos laudos laborales. 

Ahora el pleito es por un acuerdo festejado en su momento por el actual gobierno y que en el tema específico de la electricidad señalaron que no existía objeción alguna en lo que se tuvo que renegociar con Donald Trump. Es más, el representante de López Obrador, el embajador Jesús Seade, señaló que se mantenía el compromiso de respetar los términos de la Reforma Energética y su carácter constitucional. 

El Estado Mexicano puede cambiar de parecer en cuanto a las implicaciones de la competencia empresarial frente a la CFE y Pemex, pero tiene que asumir el costo que esto conlleva en un mundo globalizado y en el que el cumplimiento de los compromisos y la seguridad jurídica son un elemento que determina la posibilidad de las inversiones. 

Además, un cambio de esas magnitudes requiere de una fuerza legislativa que alcance la mayoría para reformar la propia Constitución, cosa que no ocurrió hace unos meses y por eso ahora se utiliza a la Ley Eléctrica para tratar de imponer lo que no se pudo a nivel legislativo y ahí está uno de los nudos del problema. 

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Pero la esfera política local es otra cosa. Ahí se puede de estirar la liga, de pintar el lienzo en blanco y negro y de buscar que rinda frutos.

Por supuesto que se trata de una apuesta solo discursiva en contra de nuestros socios comerciales, aunque puede tener consecuencias muy graves si no se atienden las quejas dentro de los paneles que establece el propio acuerdo de Libre Comercio. Los daños pueden ir de los 10 mil millones a los 30 mil millones de dólares en sanciones, si se prueba que se están violando los términos del acuerdo y que se está afectando de manera deliberada a las empresas extranjeras, sobre todo en el ámbito de la energía.  

Pero el 15 y el 16 de septiembre se vitoreará la gesta patria, la defensa de la CFE y de Pemex, aunque la soberanía no corra riesgo alguno y solo existan enemigos imaginarios en el horizonte.

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