En las últimas tres semanas abordamos los asuntos del fuero, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el tiempo. Tres aspectos que están destruyendo la posibilidad de cambio en nuestro país en un momento en que las estructuras sociales y políticas lo están exigiendo naturalmente. Los paradigmas que en el siglo XX funcionaron para sostener a México, en el inicio del nuevo siglo se han ido desmoronando tirando literalmente las normas de convivencia, de seguridad y de política que cohesionadas daban una lógica de armonía conceptual al país.

Con la convivencia gravemente afectada por el derrame de violencia que generó la guerra contra las drogas iniciada en 2007, misma guerra que permitió que la corrupción de la delincuencia organizada penetrara sin ningún freno las estructuras policiacas y, peor aún, las militares -se habla de que desde 2007 el nivel de deserción ha llegado a niveles escandalosos-, la política basada en dos frentes, la discursiva como envío de mensajes a la sociedad civil que pretenden regular la vida cotidiana de los ciudadanos, y la clientelar, que consiste en comprar voluntades corporativas, se vio también destruida en su proceder cuando se rompieron fidelidades disciplinadas en autentica desbandada a favor del activo que sobresalió como único objetivo de vida: el dinero.

En estos días el Secretario de Comunicaciones y Transportes compareció ante legisladores y dijo: “Creo que lo más importante aquí es que no haya un responsable político, es que haya un culpable si hubo omisiones, si hubo errores, que sean los culpables los que hagan frente a este tema y no dejar esto resuelto por un sacrificio político”. Comprendiendo ahora, tras revisar la lista de funcionarios que tienen el beneficio del fuero, y que el Secretario de Comunicaciones y Transportes es uno de ellos, entendemos porque el acto -consecuente con una ética profesional- que debería haber sucedido al momento de descubrirse una obra en mal estado, y que debió haber sido su renuncia, es un imposible en la mecánica de gobierno mexicano diseñada para proteger, por encima de la justicia, a los funcionarios que así, con un manto constitucional de protección que los hace prácticamente intocables por la ley, encuentran una cero responsabilidad en todas sus acciones. Sin importar que haya vidas cegadas, o cuantas, como consecuencia directa de su línea de mando.

El fuero, así, es la herramienta primordial que garantiza la corrupción del sistema político mexicano pues provoca que, en este caso como ejemplo típico del problema, el funcionario busque todos los argumentos posibles que lo mantengan en el cargo para, precisamente, no hacer frente, ya fuera del cargo, a acusaciones de carácter civil o penal. Su desesperada búsqueda de argumentos que lo mantengan en el cargo es, irónicamente, la comprobación de su carga de culpa.

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En la semana del 18 de agosto, el INE aprobó un presupuesto de 6,778 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos. “El más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política” declaró Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE. Dinero que, como consecuencia de la Reforma Electoral de 2007-2008 en la que el monopolio absoluto por parte del Instituto Federal Electoral, hoy INE, en la distribución de los tiempos en radio y televisión le resta a los partidos la facultad de contratar tiempos en medios electrónicos -sin quitarle la parte proporcional que significaría el dinero antes invertido en publicidad y promoción electrónicas-, se convierte en dinero que busca otro objetivo de campaña política que, por lo general en los procesos electorales posteriores a la reforma, ha ido incrementando el volumen de votos directamente comprados, colaborando así a la corrupción sistemática del orden social.

Sin medios electrónicos en los que se puedan dar debates, campañas de ida y vuelta, entrevistas para conocer a los candidatos, sus posturas, sus ideologías y propuestas, los procesos electorales han incrementado su nivel de clientelismo prácticamente olvidando la difusión del mensaje político, salvo en uno o dos simulados debates, o una o dos previamente acordadas entrevistas -auditadas y censuradas por el inquisitorio INE- que no abonan en nada a la construcción de nuestra democracia. El presupuesto aprobado, de 6,778 millones de pesos, ‘el más alto de la historia’ reconocido así, no como una observación critica, cargada de vergüenza histórica por el Consejero Presidente, sino como una apreciación admirable, se convierte entonces en recursos que pagarán los estilos de vida, las maquinarias de compra de conciencias, en la construcción de estructuras corporativas cuya misión será llegar a ocupar ese puesto que, en el decadente México político de hoy, es una ‘mina de oro’ rodeada de fuero. Los Consejeros Electorales también tienen fuero.

Ante esta realidad ejemplar, no es necesario un sistema anticorrupción que sólo será un instigador de las formas actuales de corrupción. Si realmente se quiere acabar con la corrupción se necesita desaparecer el fuero para que los funcionarios sean responsables directos de su desempeño.

Tampoco hoy es necesario un INE, como si lo fue en su momento en el cambio de siglo y cuya misión ya se cumplió. Los partidos y sus candidatos deben de buscar su financiamiento entre simpatizantes y miembros -sin obligatoriedad, como lo hiciera el PRI a lo largo de las décadas al financiarse con un porcentaje de los sueldos de burócratas y funcionarios- y pagarse ellos mismo, vía donativos y aportaciones, sus campañas electorales usando todos los medios posibles de difusión. Nuestra frágil estructura social está siendo devorada por la excesiva explotación de sus recursos a favor de minorías que han asaltado el poder a base de ‘cañonazos de 50,000 pesos’ que así, de cañonazo en cañonazo ha ido reclutando a los perdidos en el círculo perverso de la pobreza que consideran que así, a base de aceptar participar en el clientelismo creado por el aparato electoral a partir de la figura intocable del fuero, recuperan su patrimonio perdido o inexistente en el laberinto de la competencia por el poder.

Literalmente ahogados por la compleja estructura de estos conceptos, sin poder ver con claridad que México podríamos estar vislumbrando ahora, el rompimiento total de la convivencia, de la seguridad y de la política, es un riesgo que alimenta el ataque cortoplacista de los involucrados hoy en la conducción del país y sus instituciones. El ataque a la lógica colectiva que está gritando por estructuras congruentes con la supervivencia.

 

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