Uno de los principales aspectos que denotan una diferencia con respecto a otros casos que hemos visto recientemente, es la actitud activa del gobierno mexicano con respecto a lo ocurrido en Bolivia, que contrasta con aquella tomada ante las crisis hace unos mese de Venezuela, Perú y Ecuador. 

Es por ello que más allá del discurso por la defensa de los derechos humanos, ante la sugerencia militar de que Evo Morales renunciara, se ha planteado un posicionamiento de la administración en México, que busca establecer un mensaje claro sobre la relación con los grupos opositores y la milicia, en Bolivia, pero también en México, en una especie de mensaje la estilo, te digo Juan, para que escuche Pedro. 

Uno de los elementos clave para la renuncia del expresidente Morales, fue que perdió el apoyo de la cúpula del ejército, al mismo tiempo que, la policía, que por ser un país centralizado depende de la administración central, se negó a seguir participando en los ejercicios de contención, de las manifestaciones que acusaban fraude en las elecciones anteriores.

El presidente Evo Morales había anunciado la repetición de las elecciones anteriores, para no realizar una segunda vuelta y no enfrentarse a una condición de polaridad donde muy posiblemente perdería el voto popular. Eso no fue suficiente para asegurar la paz, pues muy rápidamente sus opositores reacciones y el ejército intervino, forzando la dimisión del presidente, acción que él llamó “golpe de estado cívico”

En México, en semanas anteriores han ocurrido dos casos que ubican un contexto para dicha actitud activa, por un lado, el deterioro de las relaciones entre el presidente y mandos de las fuerzas armadas y, por el otro, el apoyo de diversos grupos tanto de Morena como de la administración del presidente López Obrador, a la extensión del periodo de gobierno en Baja California, misma que favorece al gobernador Bonilla, así como al dicho del presidente sobre un golpe de estado que después, reconoció, no se daba en México. 

La estrategia de seguridad pública instrumentada por esta administración, ha generado conflictos debido a la posición en que se ha ubicado a las fuerzas armadas en relación a la población y los grupos criminales. La indicación de no usar las armas y aguantar vejaciones, en el mejor de los casos, hasta la reciente liberación de Ovidio Guzmán y las dudas sobre la actuación del ejército en dicho episodio, han sido solo parte de los reclamos que en público y en privado los mandos han expresado.

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En cualquier caso, haya o no democracia, la obediencia de las fueras armadas es fundamental para la viabilidad de cualquier gobierno. La pérdida de su apoyo, que claramente implica una intervención, como también es intervención el apoyo que dan a un gobierno, implica la inviabilidad del gobierno y la necesidad de generar nuevos consensos. La idea de un golpe de estado que manejó el presidente en días pasados y el contexto que se da en Bolivia en este momento, generan una oportunidad para que, de manera clara, la administración ubique límites a la acción del ejército, de ahí la necesidad de mostrar un activismo y una posición que contrasta con las planteadas en otros conflictos anteriormente por parte del presidente. 

En otra dimensión, pareciera inverosímil que la administración mexicana asumiera un caso perdido, como lo es la declaración sobre el reconocimiento a Evo Morales como presidente, en un contexto donde su regreso a Bolivia es casi imposible por el hecho de que efectivamente renunció y del encono que eso generaría, además de que la correlación de fuerza ya cambió. Eso también se explica por la necesidad de abrir un frente de conflicto regional que se pueda controlar, aunque en algún momento se tendrá que reconocer a algún otro presidente en Bolivia distinto o distinta a Morales, pero también para mantener un espacio de acción con eventual utilidad en la relación con otros países de la región y con los Estados Unidos.

 

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