La sociedad, cada vez más digitalizada, corre el peligro de que su seguridad dependa de las decisiones de empresas o de instituciones y gobiernos corruptos, o incluso totalitarios.

 

Una de las noticias más sonadas de las últimas semanas es la disputa legal entre Apple y el gobierno de Estados Unidos. La pelea es sobre si la compañía californiana debería ayudar a la FBI (Agencia Federal de Investigación) a acceder a la información que se encuentra cifrada dentro del iPhone de uno de los atacantes del tiroteo masivo ocurrido en San Bernardino, California, en diciembre de 2015.

Después de que un juez federal ordenara a Apple que ayudara a la FBI a recuperar la información del teléfono celular, Apple denunció la extralimitación del gobierno federal sobre la privacidad de los ciudadanos. La petición consiste en crear un software con la capacidad de burlar la configuración predeterminada del iPhone de borrar toda su información después de que se han introducido 10 passwords de manera incorrecta.

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La compañía ha ayudado en varias ocasiones al gobierno a decodificar teléfonos envueltos en investigaciones criminales. Incluso, para esta misma disputa de San Bernardino ya había accedido a proporcionarle al gobierno los datos almacenados en la nube (iCloud). Entonces, ¿qué es lo que hace a este caso tan especial?

 

¿Una cuestión de privacidad o de seguridad nacional?

Cuando en 2013 Edward Snowden reveló la vigilancia de los ciudadanos estadounidenses por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos, Apple anunció que a partir de ese momento sus teléfonos cifrarían de forma predeterminada toda la información contenida en el dispositivo, de tal manera que ni siquiera Apple podría acceder a ella.

Lo que hace distinto a este caso es la petición del gobierno para que Apple cree un software cuyo único fin sería crear una “puerta trasera” para acceder a los datos del teléfono. En la demanda interpuesta por la FBI se argumenta que sin la ayuda de Apple sería imposible que la Agencia acceda al contenido del teléfono si quiere llevar una investigación criminal efectiva.

También llama la atención que de todas las ocasiones en que la FBI ha llevado a juicio a Apple sobre información cifrada en teléfonos, haya escogido ésta para hacerla pública. En este caso, la FBI utilizó el perfil de terrorismo del caso de San Bernardino (se dice que los atacantes tenían lazos con el grupo terrorista ISIS) para ganar simpatía pública y tratar de lograr —al fin— que Apple le concediera su demanda.

Una propuesta que se ha hecho es que Apple acceda solamente a esta petición del gobierno y que se asegure que no vuelva a ocurrir. El problema es el precedente legal que ello establecería.

El sistema legal de Estados Unidos —derecho común— se basa, en gran parte, en precedentes establecidos en las cortes a lo largo del tiempo en el país. Esto significa que en el momento en que Apple cumpla con la orden del juez, otras disputas, tanto presentes como futuras, podrían ser fácilmente terminadas a favor del gobierno. En medio de esta pelea se reveló que la FBI tiene alrededor de una docena de teléfonos que quiere que Apple desbloquee, mientras que agencias gubernamentales a lo largo del país tienen cientos.

De acuerdo con el periódico The New York Times, Apple ha cooperado con el gobierno cuando tiene la capacidad técnica de hacerlo. Tan sólo para la primera mitad de 2015, la compañía recibió cerca de 11,000 peticiones de gobiernos de todo el mundo para obtener información de cerca de 60,000 dispositivos. De todas ellas, Apple cooperó en 7,100.

Pero más allá del sistema legal estadounidense, las consecuencias de esta disputa son globales. Después de todo, ¿qué detendría a gobiernos menos democráticos o más autoritarios que el estadounidense de presionar a Apple u otras compañías para que le proporcionen la información que quieren, sin importar si violan los derechos de sus ciudadanos?

Apple pasó meses en China negociando con la principal operadora de telefonía del país para que vendiera sus celulares, asegurándole a la población que el gobierno no iba a espiar los datos que tuvieran en sus iPhone. Si accede a la petición de la FBI, Apple estaría poniéndose a merced del gobierno chino, pues le sería difícil defender su política de protección de privacidad después de haber cedido ante el gobierno estadounidense.

De ocurrir esto, Apple tendría que librar una batalla de relaciones públicas extremadamente costosa con uno de los gobiernos más grandes del mundo, en uno de los mercados más rentables para la compañía. Finalmente, el peligro más evidente en la mente de todos nosotros es el de hackers y otros individuos que, de hacerse realidad el software de Apple —esta especie de “puerta trasera”, como se ha llamado— tendrían una forma relativamente más directa de infiltrarse en nuestros datos.

 

¿Quién garantiza nuestro bienestar?

Teóricamente, el gobierno es quien debe representar los intereses de la población, por lo que en esta disputa debería tener la autoridad moral para decidir cuál es la alternativa que traerá el mayor beneficio para sus ciudadanos.

Evidentemente, esto no ha sido cierto para este caso, como tampoco lo ha sido para muchos otros relacionados con privacidad. Sin embargo, es interesante tomar en cuenta este concepto al analizar el poder de las empresas y los gobiernos.

Por ejemplo, a principios de este año, Google y el Reino Unido llegaron a un acuerdo legal en que la empresa pagaría 130 millones de libras esterlinas al gobierno por evasión de impuestos. A pesar de que la decisión fue aplaudida por sectores de la población inglesa e internacional, muchos argumentan que la cantidad palidece ante lo que Google realmente le debe al gobierno.

Apple y Estados Unidos han discutido por años algo similar, debido a que la empresa de California aprovecha las lagunas fiscales en la legislación de EU para desviar sus ganancias a Irlanda, que tiene leyes impositivas más laxas.

Es cierto que en términos de competencia Irlanda ha aprovechado su posición, pues está obteniendo los impuestos que le corresponden a EU, todo de manera legal. Pero Apple hace uso de las ventajas que su ubicación en California le confieren (como talento, menores fricciones a la transferencia de conocimiento, entre otras), y a pesar de ello no paga acorde con estos beneficios, tomando así una posición un tanto abusiva.

Expertos en tecnología consideran un hecho que los cinco gigantes en tecnología (Amazon, Google, Apple, Facebook y Microsoft) continuarán fortaleciéndose, dominando casi de forma absoluta el mercado. La gran interrogante consistirá en ver cómo los gobiernos reaccionarán y si podrán extraer el mayor beneficio social a esta nueva realidad.

Pero esta vez el gobierno de EU ha fallado, pues no reconoce que se está extralimitando en una cuestión altamente sensible y con implicaciones globales, además de que poco ha hecho por enmendar su imagen de vigilancia omnipresente e ilegal de la que se hizo en 2013.

 

Conclusión

Quizá más relevante es ver cómo este caso nos obliga a incorporar el tema de seguridad, privacidad y nuestra creciente (y comprensible) dependencia de tecnologías digitales en nuestra discusión pública. ¡Enhorabuena! Estoy de acuerdo con la postura de Apple al rehusarse a ceder a esta demanda del gobierno, pero es importante preguntarnos lo que podría pasar en un escenario donde una empresa con el prestigio y poder de Apple tenga intenciones en contra del bienestar de la sociedad.

Dada la velocidad con que nuestra identidad digital y física continúa dándose, este escenario probablemente no se encuentre lejos. Al final, ¿quién es capaz de afirmar categóricamente que en esta ocasión es el gobierno de Estados Unidos el que se equivoca, y no Apple? Recordemos que esta discusión de Apple versus FBI, sobre una disputa legal en Estados Unidos, continúa generando opiniones y polarizando a la comunidad internacional.

Mientras nuestra vida se digitaliza cada vez más, si las leyes no se actualizan y el proceso de formulación de políticas públicas se acelera, el derecho a la privacidad y seguridad de todos nosotros corre peligro. De seguir así caeríamos en una sombría realidad en que el bienestar de los ciudadanos del mundo y de la sociedad dependería de las decisiones de las empresas, que racionalmente buscan maximizar ganancias, o de algunas instituciones y gobiernos corruptos, o incluso totalitarios.

Ante dicho escenario ninguna alternativa nos beneficiaría. Es urgente poner estas discusiones sobre la mesa y no permitir que terminen en un territorio envuelto en oscuridad perpetua, donde nuestros derechos se determinen utilizando toda clase de artificios. No nos podemos permitir llegar a ese punto.


Referencias
— Cook, T. (2016, Febrero 16). A Message to Our Costumers. Apple.
— Davidson, A. (2016, Febrero 19). The Dangerous All Writs Act Precedent in the Apple Encryption Case. The New Yorker.
— Editorial Board. (2016, Febrero 18). Unlock that iPhone, Apple. Bloomberg View.
— Gapper, J. (2016, Enero 23). Google Strikes 300m Back Tax Deal. Financial Times.
— Levine, R. (2016, Febrero 20). In the Government vs. Apple, Who Wears the Black Hat? The New York Times.
— Lichtblau, E. & Goldstein, J. (2016, Febrero 23). Apple Faces U.S. Demand to Unlock 9 More iPhones. The New York Times.
— Room for Debate. (2016, Febrero 18). Crimes, iPhones and Encryption. The New York Times.


 

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