Por Moisés Castro Pizaña* Las empresas juegan un papel fundamental para combatir la corrupción, tan arraigada en nuestro país que incluso hoy, resulta ser el freno más importante para la renegociación del TLCAN con Estados Unidos y Canadá. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) representaría el barco que nos llevaría a buen puerto. Se presumía como el organismo que combatiría ese mal tan arraigado en la sociedad mexicana: la corrupción, el llamado cáncer social que tan sólo en 2016, costó a los mexicanos 2.1 billones de pesos, alrededor del 10% del PIB nacional, según estimaciones del Banco Mundial, la OEA y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Y que en términos prácticos significa que de cada 100 pesos que se generan, 10 se destinan a la corrupción. Ese barco, hoy naufraga. A partir de la entrada en vigor del SNA, cada día crecen las voces que auguran su fracaso considerando que vio la luz sin un fiscal anticorrupción a cargo y sin ratificar a los magistrados especializados como lo había establecido el plazo constitucional. Por si fuera poco, en el Senado se impulsa una iniciativa de reforma que modificaría la reforma constitucional en materia político electoral de 10 de febrero de 2014, sin que ello garantice la independencia y autonomía del poder público del Fiscal General de la República. Son muchas las voces que se han levantado sobre la necesidad de que el actual Procurador Cervantes no se convierta en automático en Fiscal General de la República, organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados, el sector empresarial y los ciudadanos cansados de tanta impunidad estamos exigiendo un proceso transparente y alejado de cuotas partidistas o intereses políticos. Frente a ese escenario el SNA no puede convertirse en un botín partidista simple y sencillamente porque no podemos concebir un sistema eficiente para combatir la corrupción cuando quienes lo integran tienen vínculos y dependen del propio poder público. Como abogado especializado en materia penal, prevención del delito y prevención de actos relacionados con hechos de corrupción, estoy convencido de que las empresas juegan un papel importante para combatir desde su trinchera la terrible corrupción que nos aqueja. El sector empresarial está asumiendo su responsabilidad y se está poniendo en el centro de la acción con las negociaciones del TLCAN con Estados Unidos y Canadá, donde la corrupción será incluida como parte de la discusión en la que el equipo negociador del sector privado afina su estrategia para las siete rondas que iniciaron el 16 de agosto pasado. Empresas y corrupción Que el empresariado mexicano esté tomando acciones contra la corrupción no es un tema menor. Cada día son más conocidos los casos de grandes empresas que recurren a actos de corrupción para lograr sus objetivos financieros. De acuerdo con la Encuesta Global de Fraude, el 82% de los ejecutivos encuestados en México “está de acuerdo” con que las prácticas corruptas “suceden ampliamente” al hacer negocios en el país, y el 70% estuvo de acuerdo con llevar a cabo algún “acto ilegal” con tal de cumplir los objetivos financieros. Especialmente frente a la tramitología que enfrentan las empresas para su nacimiento, consolidación y expansión. La corrupción en las empresas es un reflejo de la corrupción arraigada en nuestra sociedad, y algunas empresas familiares son más propensas a realizar actos de corrupción que otras. ¿Por qué? Por generaciones ha funcionado como una forma eficiente de hacer negocios, lo que resulta inaceptable desde un punto de vista corporativo puesto que atenta contra el propio negocio, encarece los costos, genera competencia desleal, fomenta la ilegalidad y la impunidad. La empresa es pieza clave para combatir la corrupción y generar una cultura de legalidad. Porque, así como hay empresas con malas prácticas, muchas empresas están poniéndose al día con temas de prevención del delito, prevención del lavado de dinero y prevención de actos relacionados con hechos de corrupción, no solamente las empresas trasnacionales, ya hay empresas pequeñas o medianas advirtiendo el valor agregado de un debido cumplimiento corporativo. Entre menos riesgos legales, mayor seguridad jurídica y crecimiento. Ahora, ¿cómo tener empresas a prueba de malas prácticas? Optando por un gobierno corporativo y estas son mis recomendaciones para aquellas que quieran dar el paso: Realiza un análisis al interior de la empresa con ayuda de un experto en materia penal que pueda identificar los riesgos sobre la operación. Con los riesgos identificados se verifican los procedimientos y procesos que involucran los riesgos y se establecen controles adecuados a la prevención del delito en sentido amplio (incluyendo desde luego los relacionados al lavado de dinero y a la corrupción). Los controles sirven como prueba para evitar la responsabilidad administrativa o penal. Capacita a las áreas de las empresas que participarán en la implementación de los controles y le darán seguimiento. Se desarrolla un manual de cumplimiento que refleje lo realizado dentro de la empresa y que sirva como referencia para el cumplimiento corporativo. Se recomienda realizar un proceso de verificación periódico para asegurarnos de que los controles funcionan o para ajustar las políticas y garantizar su cumplimiento. A manera de conclusión puedo compartir que la tendencia mundial está encaminada a la legalidad, al cambio de cultura corporativa para la prevención del delito, del lavado de dinero y el combate a la corrupción y marcarán la diferencia aquellas empresas que logren dar un valor agregado con la implementación de mejores prácticas a través de expertos que conozcan estos tres temas tan íntimamente relacionados con la legalidad y el combate a la corrupción y a la impunidad. *Moisés Castro Pizaña, es Maestro en Derecho Procesal Penal y Socio Director de Bufete Castro Pizaña S.C.   Contacto: Twitter: @moisescastrop Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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