La Fiscalía General de la República (FGR) pagó 2 millones 500 mil dólares (49 millones pesos) para contar con sofisticados equipos de espionaje, pero su uso es mínimo en la investigación de desapariciones, secuestros, así como otros delitos como la corrupción, trata de personas, narcotráficos y lavado de dinero del crimen organizado y políticos.
Desde que llegó Alejandro Gertz Manero como encargado de la FGR, hasta el primer trimestre de 2021 ha solicitado 5,794 solicitudes de acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica, que son pedidas al Poder Judicial de la Federación para indagar secuestros, robo de automóviles, trata de personas y otros delitos.
Los jueces federales adscritos al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) autorizaron a la FGR sólo 1,418 intervenciones de comunicaciones de líneas telefónicas de Telcel, AT&T, Movistar, Telmex y otras empresas para investigar secuestros, corrupción, lavado de dinero, trata de personas, delincuencia organizada y narcotráfico del crimen organizado y políticos, según información a la que tuvo acceso Forbes México.
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En 2019 y 2020, la FGR pagó 2 millones 500 mil dólares (49 millones de pesos) por dos contratos suscritos con Neolinx de México para que le diera acceso al servicio de Echo-Plataforma de Consulta y Análisis de Datos Masivos. Este software le permite hacer más de 135 mil geolocalizaciones de teléfonos celulares.
Echo-Plataforma es el sistema usado por la FGR para la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación, celulares y teléfonos de Telmex, Telcel, Axtel, Izzi, Movistar, AT&T y otras compañías que ofrecen ese tipo de servicios en México.
“La Fiscalía General de la República obtuvo 124 autorizaciones para la geolocalización en 2019; sin embargo, el equipo adquirido para hacer geolocalización permite hacer hasta 135 mil geolocalizaciones”, reveló Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
En 2019, la Auditoría Superior de la Federación dice que se han hecho 13,800 geolocalizaciones, lo cual muestra que existe una disparidad de casi 13,600 peticiones para buscar personas, señaló el activista durante el conversatorio “Intervención de comunicaciones privadas. Cómo realizar un adecuado control democrático”.
Las personas que son intervenidas por parte del Estado no saben que lo están siendo, por lo que les resulta imposible defenderse frente a intervenciones de comunicaciones abusivas e ilegales o no estén conforme a la ley, manifestó Luis Fernando García.
Sin invadir la privacidad de los ciudadanos todas esas intervenciones de comunicaciones y acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica a líneas telefónicas fueron realizadas los últimos cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto y en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
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El último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, a los agentes de la FGR les autorizaron 5,003 solicitudes de acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica para conocer más detalles de cómo se cometieron los delitos penales y del fuero federal en toda la República Mexicana.
De 2015 a 2018, la Fiscalía General de la República tuvo el permiso para hacer 4,170 intervenciones de comunicaciones de personas investigadas por narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, entre otras.
Una intervención de comunicaciones, le permite a las agentes de la FGR tener acceso al registro de datos, contenido, audios y cualquier información contenida en 1, 2, 3, 4, 5, 6 o el número de líneas telefónicas que sean sospechosas de ser usadas para un crimen.
Hoy en día las tecnologías de espionaje son más sofisticadas o intrusivas, así como es software que se vende por miles de dólares a diferentes diferentes países con la capacidad para hacer intervenciones de comunicaciones, dijo Juan Manuel Casanueva, director Social TIC.
Los software intrusivos permiten conocer los datos de un celular a través de malware y spyware, incluso dan la geolocalización en tiempo real de las personas, señaló el activista.
En México, la compra de esa tecnología para intervenir comunicaciones debe regularse y crear un marco normativo y legal para que no cualquier persona, autoridad o dependencia lo haga, explicó Casnueva.
También se requieren controles para que sean usados de manera legal y ese tipo de abusos pueda ser limitado, así como un proceso de rendición de cuentas y transparencia, comentó el director de Social TIC.
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El espionaje de los policías
La Guardia Nacional, que es comandada por Luis Rodríguez Bucio, ha realizado unas 28 solicitudes de intervención de comunicaciones a Telcel, Movistar, Telmex, AT&T y otras compañías de telefonía con operaciones en México durante el primer trimestre de 2021.
Durante los primeros tres meses de 2021, el equipo de seguridad pública conformado por militares y marinos pidió le autorizará 10 solicitudes de acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica de personas investigadas por diferentes delitos.
A lo largo de 2020, la Unidad de Intervención de Comunicaciones Privadas de la Guardia Nacional mandó oficios para que le permitirán 92 solicitudes de intervención de comunicaciones a Telcel, Movistar, Telmex, A&T y otras, así como 32 solicitudes solicitudes de acceso al registro de comunicaciones y localización geográfica.
Los jueces del Poder Judicial le autorizaron 48 solicitudes de intervención de comunicaciones en 2019.
En 2018, el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto, la entonces Policía Federal tuvo permiso para 183 solicitudes de intervención de comunicaciones. En 2017, fueron 115 solicitudes de intervención de comunicaciones cumplimentadas por los policías y en 2016 alcanzaron las 99 solicitudes de intervención de comunicaciones, las cuales se hacen bajo el respaldo de la Constitución.
