En el Campo Militar Número Uno se dio inicio al trabajo de la Comisión de la Verdad, la que indagará hechos de violación a los derechos humanos ocurridos entre 1965 y 1990. Parte de este periodo, el más álgido, es el que se conoce como Guerra Sucia.
El lugar elegido para el arranque de los trabajos, es significativo y a la vez extraño. Lo primero porque está documentado que en sus instalaciones existieron prisiones donde se recluía a los integrantes de las guerrillas y de algunos movimientos sociales. De muchos de ellos nunca se supo más y sus familiares aún los buscan después de décadas.
Es extraño porque quizá no sea la mejor locación para anunciar un trabajo que será arduo, complejo y más por lo que respecta al esclarecimiento del papel que jugaron integrantes de las fuerzas armadas en violaciones muy graves a la integridad de las personas y en la que se cometieron delitos de lesa humanidad, como son los de la desaparición forzada.
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La Comisión de la Verdad tiene contemplado realizar entrevistas con elementos del ejército, muchos de ellos en retiro, que puedan aportar información para comprender lo que ocurrió en aquellos años, su dinámica y el nivel de participación de los mandos y sus tropas.
Esto será también bastante complejo, e inclusive doloroso porque hay un problema de fondo. En el Ejército no se comparte la idea de que la Guerra Sucia fue un episodio en el que hay víctimas y victimarios delimitados, no, para las fuerzas armadas no es tan simple.
Por eso el genera Luis Cresencio Sandoval invitó a familiares de militares de ese periodo y anunció que los nombres de los fallecidos serán inscritos en el Monumento a los Caídos.
Curiosa decisión, cuando ahí estarían, y en el presídium, Micaela Cabañas Ayala, la hija de Lucio Cabañas y Alicia de los Ríos, cuya madre, también Alicia, fue vista por compañeros de su organización en esas instalaciones militares y luego trasladada al cuartel de Pie de la Cuesta en Acapulco, donde su rastro se esfumó.
Es entendible que los soldados quieran expresar que ellos ven el pasado de otra forma, pero de aceptarse su pretensión, se daría al traste con la aspiración de justicia, reparación, y no repetición y ello afectaría sobre todo a las víctimas de quienes murieron en enfrentamientos, sufrieron torturas o permanecen en calidad de desaparecidos.
Quizá parte del trabajo, y en particular del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, deba ser el de concientizar a los mandos relevantes de las fuerzas armadas, sobre lo que se está buscando y, en particular, para precisar el alcance del trabajo de la Comisión de la Verdad y su mandato.
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Los años setenta, eso ya lo sabemos por los diversos estudios, indagatorias y memoriales, fueron los de una guerra soterrada contra las guerrillas campesinas y urbanas. Si bien el Estado tenía las herramientas para enfrentar ese desafío por la vía del derecho, lo hizo, de modo sistemático, violando la ley. Ese es el problema de fondo.
Nadie debería acusar al ejército en su conjunto, ya que sería injusto y absurdo, pero tampoco se puede hacer una exculpación como si se hubiera tratado de un enfrentamiento entre iguales, porque no fue así.
Además, hay en la FGR, 247 carpetas de investigación que dan cuenta justamente de la mecánica de represión que se puso en marcha y sí, de heridas que aún no cierran.
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