Por: David Reynoso Rivera Río*
Dadas las circunstancias en las que nos encontramos, resulta indispensable que la certeza jurídica acompañe todos los días el actuar de los empresarios y generadores de empleos; sin embargo, resulta igual o más importante, que la certeza jurídica permita la tranquilidad de todos los empleados y ciudadanos en general. Frente a estos escenarios, el gobierno es el único ente facultado para brindar herramientas de certeza jurídica que se traduzcan obviamente en el bienestar de la población.
Menciono lo anterior, ya que la incertidumbre y el miedo se pueden convertir en los catalizadores de una de las crisis más grandes en la historia de la humanidad y de nuestro propio país. Hoy en día, los empresarios, se encuentran bajo las disyuntivas más complejas que implican e implicarán tomar decisiones trascendentales tales como: continuar o no con las operaciones de los centros de trabajo, implementar o no el “home office”, realizar o no estudios sobre la factibilidad de mantener puestos de trabajo encargados de labores que hoy en día no pueden ser ejecutadas (v.g. choferes, gestores, etc.) y principalmente, tomar decisiones sobre la posible reducción de las plantillas laborales o la reducción de sueldos.
Siendo así, que dichas decisiones serán tomadas en momentos distintos y basados en criterios personales totalmente aleatorios; ya que no contamos con directrices gubernamentales claras. Lo que se traduce en una incertidumbre, que llevará a algunas de las empresas a tomar decisiones en el momento adecuado (en el mejor de los casos) y quizá recuperar o mejorar su efectividad; pero a muchas otras empresas las arrastrará a la quiebra, lo cual conllevará colapsar la economía de miles de familias mexicanas.
Las primeras directrices deberían de versar sobre un criterio definitivo e inmediato sobre la actualización o no de la suspensión de las relaciones laborales derivadas de una “contingencia sanitaria”, según lo previsto en la propia Ley Federal del Trabajo; siendo así, que el gobierno federal podría tomar una decisión prudente y a tiempo, en la que se determinen procedimientos para llevar a cabo dicha suspensión de las relaciones laborales con el pago de un salario mínimo; o bien, por otra parte y en un afán de apoyar a todos los sectores, nuestro gobierno podría proponer y ejecutar la modificación expedita de la legislación laboral, para llegar a criterios equilibrados que permitan un punto medio en el que se eleven a más de un salario mínimo los sueldos de los trabajadores en tiempo de suspensión de las relaciones, pero que al mismo tiempo se favorezca a los patrones con esquemas fiscales preferentes que permitan mayores deducciones o el planteamiento de algunos incentivos adicionales para permitir el flujo de la economía.
Algunos países europeos, sudamericanos y nuestros vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica, han comenzado a tomar cartas en el asunto y decidieron aplazar o congelar el cobro de servicios, así como establecer nuevos criterios para créditos hipotecarios ante la reducción comprobable de ingresos. Destacando la suspensión, el aplazamiento y/o el fraccionamiento del pago de impuestos, tanto para empresas como para trabajadores; así como el otorgamiento de créditos extremadamente accesibles con tasas y plazos preferenciales o apoyos a fondo perdido, para que las empresas puedan pagar sus nóminas y gastos ordinarios.
Sin embargo, recordemos que en nuestro país las medidas no han sido comunicadas con claridad, a pesar de que muchas empresas o negocios ya se han paralizado por completo. Siendo que, por otra parte, los gastos en los hogares mexicanos no han parado y siguen corriendo los plazos para pagar hipotecas o los créditos contraídos con anterioridad, así como continúan los cargos por servicios de primera necesidad como el pago de derechos por consumo de agua, la electricidad e inclusive las exigencias mayores que la tecnología ha demandado como lo son algunos servicios de comunicación o las plataformas de entretenimiento digital.
El momento para exigir certeza jurídica ha llegado; a sabiendas de que esto implicará que las decisiones gubernamentales muestren rigor e inclusive sacrifiquen futuros votantes al detener algunos programas populistas basados en modelos clientelares de apoyos gubernamentales. Se trata de que nuestros funcionarios olviden la política partidista e implementen acciones para pensar como auténticos gobernantes.
La exigencia de la certeza jurídica permitirá que, a través de nuestro marco jurídico, se pueda generar un andamiaje que lleve a la pronta recuperación de todos los sectores, en un país que combina la economía formal e informal a escalas inimaginables. De lo contrario, el clima de incertidumbre podría desatar un caos que afectará a empleados y a empleadores, mismo que quizá incitará el despido masivo de los trabajadores y la quiebra de los sectores más productivos del país, lo que conllevaría elevar la economía informal a la que tanto se ha buscado combatir e incorporar en la formalidad. Aunado a ello, podríamos ver una reducción de las arcas públicas que tendrá como efecto el estancamiento de los sistemas de educación y salubridad que tanta falta harán en los próximos meses.
Deseo de todo corazón que ustedes y sus familias se encuentren bien, les pido se cuiden y nos cuidemos, para que juntos demostremos que México es grande y sabe salir adelante.
Contacto:
Abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestrando en Derecho Notarial. Profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. Columnista y editorialista en diversos medios de comunicación. Actualmente asesora empresas nacionales e internacionales en temas corporativos, laborales y mercantiles.
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