Por: Gerardo Islas Maldonado*
“La Democracia es el destino de la humanidad; en ella se defiende un solo interés: el del pueblo.”
Benito Juárez
El Instituto Nacional Electoral (INE), tiene como mandato constitucional organizar procesos electorales, libres, equitativos y confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y contribuir así al desarrollo de la vida democrática de México.
La creación del Instituto Federal Electoral, en octubre de 1990, representó un cambio profundo en el sistema político mexicano que ha contribuido en la construcción de la democracia en nuestro país.
Sin embargo, a 30 años de su creación, México aún vive sumergido en la fragilidad democrática. El INE cuenta con ciertos consejeros facciosos que atentan reiteradamente en contra la democracia y los derechos político-electorales de la ciudadanía con total impunidad.
Su más reciente atentado pasará a la historia como uno de los ataques más aberrantes en contra del sistema democrático mexicano.
El pasado viernes 4 de septiembre, en una sesión polémica, el Consejo General del INE resolvió sobre el otorgamiento de registro para los nuevos partidos políticos.
En dicha sesión del Consejo General, su Consejero presidente Lorenzo Córdova, con el objetivo de obstaculizar la entrada de nuevos partidos, y no obstante que se cumplieron con todos y cada uno de los requisitos que demanda la normativa electoral, incorporó una serie de argumentos incongruentes y criterios de ultima hora que no se habían discutido en el órgano electoral.
El INE determinó que las agrupaciones en vía de convertirse en partido político nacional debían fiscalizar a sus aportantes. Lo cual es evidentemente contrario a la ley, en virtud de que las organizaciones ciudadanas no pueden realizar esa fiscalización.
Lo que indica la ley y lo que entregaron organizaciones como Fuerza Social por México, es copia de la documentación que respalda la aportación, como lo es, entre otras, copia de la credencial de electoral del aportante, carta firmada bajo protesta de decir verdad y copia del contrato de donación con la finalidad de que se logrará identificar plenamente al aportante.
Las razones que expuso el INE para determinar la negativa de registro carecen de fundamento alguno y reflejan la falta de ética y altura democrática de quienes deberían ser garantes imparciales de la ley.
Lo anterior, es un ataque frontal a los derechos político-electorales de miles de mexicanos y mexicanos que legítimamente y sin coacción ni dadivas ejercieron de manera voluntaria y con mucha esperanza su libre derecho de afiliación política.
Ante este panorama tan antidemocrático, la esperanza para la democracia mexicana se encuentra en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado mexicano), un Tribunal Constitucional que a diferencia del INE se ha distinguido por ser garante de la democracia y de la justicia electoral.
Cabe recordar que un partido político es una entidad de interés público trascendental en la vida de un país, ya que los partidos son creados para promover la participación ciudadana en la vida democrática y contribuir a la integración de la representación nacional generando una oferta política concreta para sus habitantes.
También es importante recordar que el INE ha vulnerado derechos humanos reconocidos por la Constitución, leyes secundarias y diversos tratados internacionales.
La democracia y el estado de derecho en México no pueden seguir recibiendo ataques como el que realizó el Instituto Nacional Electoral.
México exige instituciones apegadas a la ley y a la voluntad popular.
México exige democracia.
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