Por Maximilian Holst*

El robo a empresas ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, en los primeros dos meses de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador este delito alcanzó su nivel más alto desde 1997, año a partir del cual el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) lleva registro del fenómeno.

Este crecimiento también se puede observar si analizamos los primeros dos meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al comparar diciembre de 2018 con diciembre de 2017, este delito se incrementó en 19%, mientras que en enero de 2019 el robo aumentó 29.1%, con respecto al año anterior.

Es notorio también el aumento en la tasa de robo por 100 mil habitantes a empresas en la Ciudad de México y Jalisco, en los primeros meses de la nueva administración. La evolución de este delito en otros estados sigue su tendencia, pero en las entidades señaladas tuvieron lugar los mayores incrementos.

En tan sólo dos meses, el robo a negocios en Jalisco se disparó en 334%. Tenía una tasa de 6.8 robos por 100 mil habitantes en noviembre de 2018, y para enero de este año alcanzó una tasa de 22.7. Por su parte, en la Ciudad de México el robo a negocios aumentó 73% en dos meses. Este delito pasó de una tasa mensual de 14.8 robos en noviembre del año pasado, a 25.6 en enero de 2019.

Este tipo de delitos genera una carga importante en la actividad económica. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2018, los costos económicos –en términos de pérdidas y medidas de protección contra la delincuencia– que las empresas tienen que asumir ascendieron a 163 mil 439 millones de pesos en 2017, equivalentes al 0.22% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esto, debido a que de un total de más de 4.5 millones de negocios, un tercio (33.7%), fue víctima de por lo menos un delito en 2017.

Se estima que, en 2017, al menos 1 millón 540 mil 694 de negocios fueron víctimas de algún delito. Las entidades con una proporción mayor de negocios afectados en ese año fueron: Campeche (46%), Aguascalientes (44%), Sonora (43%), Michoacán (41%), Baja California (41%) y la Ciudad de México (40%).

En la Ciudad de México, el costo promedio para las 177 mil 505 empresas afectadas fue de 131 mil 069 pesos cada una. En cambio, en Jalisco el costo de pérdida promedio fue de 50 mil 432 pesos por negocio, siendo afectados 109 mil 282 negocios.

Además de los costos directos que pueden sufrir las empresas a causa del delito, la victimización también suele afectar los planes y las perspectivas de negocio. Entre las consecuencias experimentadas están la cancelación de planes para el crecimiento del establecimiento (13.1%), dejar de comercializar o hacer negocios con otras empresas (6.3%), la reducción de horarios de producción o comercialización de bienes o servicios (18.2%) y la cancelación de rutas de distribución de productos (4.5%).

Golpe a la inversión

Para 2018, el estado que tuvo la tasa más alta de robo a negocio por cada 100 mil habitantes fue Quintana Roo, donde se cometieron 280.4 robos, mientras que la media nacional fue de 74.3. Le sigue la Ciudad de México con 190.1, Aguascalientes con 188.7, Baja California con 159.6, Querétaro con 145.9, Tabasco con 141.1 y Guanajuato con 119.3.

En muchos de los casos, las consecuencias del delito tienen un impacto más profundo que el delito en sí mismo. Las afectaciones en los planes de inversión y en la operación de los negocios dañan a largo plazo sus ingresos, su productividad y la atracción de talento.

En términos generales, los delitos cometidos contra empresas impactan directamente en la economía, ya que se ven afectados el nivel de inversión y la capacidad de atraer capital extranjero hacia el país. Una menor inversión se refleja en la desaceleración del crecimiento económico, lo que golpea directamente la creación de nuevas oportunidades de empleo.

Con todo, la nueva administración es optimista y promueve la idea de que habrá menor inseguridad al término del primer semestre de gobierno. Esperemos que este optimismo esté acompañado de trabajo conjunto entre empresarios y gobierno, para diseñar estrategias focalizadas que atiendan los crecientes problemas de inseguridad que vive el sector empresarial.

*Investigador del programa de seguridad de México Evalúa. Es Maestro y Doctor en Economía por la UB School of Economics de la Universidad de Barcelona y Licenciado en Economía por la Universidad de Bonn.

 

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