La FGR avanza en las indagatorias sobre la supuesta corrupción en las áreas de seguridad del gobierno anterior. Son 19 ex servidores públicos de la Policía Federal implicados. Los fiscales ya solicitaron las órdenes de capturas respectivas.
La extensión de las averiguaciones no tiene precedente, aunque esto no quiere decir que ello culmine de modo favorable para el gobierno.
Están bajo la lupa contratos, por alrededor de 2 mil millones de pesos, en los que no se habrían seguido los protocolos adecuados.
La FGR sostiene que en diversos casos, las contrataciones excedieron los precios de mercado, como en el caso de patrullas y de programas de cómputo para la captación de información, esto es, escuchas e intervención de comunicaciones.
Lo que añade interés al caso, es que se encuentran bajo investigación el ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Jesús Orta y Frida Martínez, quien se encargó se la secretaría general de la Policía Federal durante varios años.
Los probables hechos delictivos habrían ocurrido durante la administración de Enrique Peña Nieto y en donde los funcionarios se habrían coludido para obtener beneficios de las compras y de los contratos.
Es un tema complejo y más allá de las implicaciones legales, porque es justamente en el combate a la delincuencia donde existen flexibilidades para ejercer un gasto que tiene dos variables: siempre es urgente y más vale ejercerlo con sigilo, por las consecuencias que podría tener la filtración de contratos y empresas, ya que algunas de pueden convertir en un objetivo de los bandidos.
¿Qué valor tiene la inteligencia que se produjo gracias a herramientas tecnologías sí ayudó a la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán? ¿Cuánto es mucho gasto sí ello significó contener los niveles de violencia en Michoacán?
Es algo subjetivo, es verdad y por ello el tema requiere de reflexión, más allá de la utilización política que se le puede dar al caso, debido a su relevancia y a la notoria oportunidad propagandística que abre el 2021.
Por ejemplo, involucrar al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio pude generar dividendos mediáticos, pero no aterrizará en ninguna consecuencia jurídica, por la sencilla razón de que administrativamente no tiene vela alguna en el entierro.
En todo caso, un balance que tendría que hacerse es el de indagar la propia lucha contra el crimen, es decir, ponderar el trabajo que se realizó durante seis años y aún antes y si este estuvo apegado a la ley.
Ahí está, me parece, una veta menos explorada, pero más relevante que las tormentas del momento, pero que poco dicen de horizontes más amplios.
Porque, al final del día, el gran déficit con la ciudadanía radica en la impunidad, en la ausencia de una política de seguridad ciudadana y ahora en el abandono de la construcción de una policía eficiente. Esas son las aristas más inquietantes, donde la corrupción debe perseguirse y sancionarse, pero acompañada de una estrategia que en realidad sirva para edificación de una sociedad de derechos.
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