La Ley de la Fiscalía General de la República nace con muchas interrogantes

El dictamen de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, aprobado ayer en la Cámara de Diputados, contiene deficiencias serias lo que evitará que este órgano lleve a cabo investigaciones independientes, advirtieron especialistas y organizaciones sociales que han demandado la integración de una Fiscalía Autónoma. Después de una discusión que se alargó por más de seis horas con la intención de los grupos parlamentarios del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano de modificar diversos artículos, dicha ley se aprobó ayer en lo particular con 296 votos a favor, 138 en contra y una abstención. Para la operación adecuada de la Fiscalía General era fundamental reformar el artículo 102 constitucional con el objetivo de brindar condiciones de independencia y profesionalismo. “La Ley no corrige dos puntos fundamentales: uno, no termina de garantizar que no se vaya a integrar un perfil con antecedentes partidistas como fiscal general; y segundo, lo que tiene que ver con las Fiscalías Especializadas, que actualmente se indica que los fiscales serán nombrados y removidos por el fiscal general y en el caso de la remoción si podrán ser objetados por el Senado por una mayoría de dos terceras partes, en términos prácticos no objetables”, señalo el especialista. La forma en cómo se integró el texto, podría poner trabas al momento de investigar y castigar acciones de corrupción al interior de la Fiscalía, que sustituirá a la Procuraduría General de la República, como en casos externos, advirtió Marco Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. Entre las omisiones más notorias del dictamen está la referente a las facultades del Órgano Interno de Control, que de acuerdo con el texto estará a cargo “de los procedimientos de responsabilidades administrativas, la fiscalización de todos los ingresos y egresos de la institución y presentar las denuncias de la Fiscalía de Asuntos Internos por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito”. Pero también establece que el Órgano Interno de Control no podrá intervenir en asuntos sustantivos de la Fiscalía, advierte Fernández. “Va a servir de pretexto para que los abogados de funcionarios públicos malos de la fiscalía que quiera procesar el órgano interno de control por un comportamiento indebido, le van a decir que no se puede meter en funciones sustantivas de la Fiscalía”. Otro punto en contra de la integración del dictamen es el referente a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, toda vez que el artículo 29 de esta Ley señala que tendrá bajo su cargo la investigación, prevención y persecución de los delitos contenidos en el titulo Decimo del Código Penal Federal. “Eso es una forma muy chata de ver el fenómeno de la corrupción porque hay delitos asociados a las prácticas de corrupción que no están en el capítulo 10 del Código Penal y que tendría la Fiscalía Anticorrupción que tener la facultad de poder hacer las investigaciones para poder armar bien los casos y desarticular redes indebidas de corrupción que triangulan recursos”, detalló. Para investigar casos como el lavado de dinero y otros delitos que no integran en el capítulo 10 del Código Penal se deberán fragmentar las investigaciones, justo lo que se quería evitar en la operación de esta Fiscalía. En materia de Servicio Civil de Carrera, que representa uno de los problemas nodales del funcionamiento de la Procuraduría General de la República, tampoco se generan condiciones para garantizar su correcta operación, toda vez que no hay previsión presupuesta para garantizar que sea operable. A través de un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que el marco legal resulta insuficiente para que la nueva Fiscalía General cuente con autonomía plena.