Desde la campaña presidencial de 2018, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una constitución moral donde se tendría que establecer, el sistema de valores que, como país, deberíamos seguir para ser buenos y trabajar en torno a la idea del bien común, en conjunto con un gobierno impregnado de una condición moral superior a la de otras administraciones. La instalación de una comisión que planteará un documento base, así como la impresión y distribución de la Cartilla Moral de Alfonso Reyes, entre otras acciones, son parte de esta discusión.

Más allá de la pregunta sobre si el gobierno debe o no favorecer un sistema de valores sobre otros, lo claro es que no únicamente esta administración, sino muchas otras en México y el mundo, se han visto tentadas a imponer o hacer dominante por lo menos, en sus sociedades, sistemas de valores que les permiten construir espacios más eficientes de dominación.

En el caso de la administración actual, no es únicamente un discurso construido para hacer más eficiente esos procesos de dominio y convencimiento, sino parte de una idea, donde una condición moral se establece como superior a otras y a las personas, teniendo la base que justifica cualquier acción, donde independientemente de su condición legal, si cumple con las exigencias de virtud, entonces encuentra justificación para su instrumentación.

En el caso del presidente López Obrador, se dan dos condiciones que resultan relevantes para el análisis. Por un lado, su práctica religiosa y, por el otro, su comprensión del papel que juega la religión en el contexto de decisión de las y los mexicanos, más allá de su práctica, lo que le permite un amplio margen de maniobra para plantear esta discusión. En ese sentido se parte de un falso dilema, donde la acción política, y la sociedad, carecen de un sistema de valores, o este se ha degradado a lo largo del tiempo. En realidad, la política tiene una base moral, que no es la moral religiosa judeo-cristiana que predomina en la sociedad occidental, pues sus valores giran en torno a las acciones y medios que se realizan para lograr fines colectivos.

Las luchas históricas en diversos países, son también peleas para imponer sistemas de valores en el contexto del gobierno, como en el caso de la Revolución mexicana, donde además de la pugna entre grupos regionales, había una perspectiva donde ciertos valores eran favorecidos sobre otros. Por ejemplo, la construcción del discurso de derechos humanos en los años recientes, ha significado el favorecimiento de un sistema de valores sobre otro, por parte del Estado en su conjunto.

Es por ello que el intento del presidente por establecer escalas de valores públicos no es nuevo, ni será el último, pero el problema es cuando se proclama supremacía moral, como un mecanismo alternativo a la ley para realizar acciones públicas. Usualmente escuchamos el argumento de que “ya no hay valores”, o “se perdieron lo valores”, o “los valores de antes eran mejores”, en realidad no se reconoce el hecho de que las sociedades modifican de manera dinámica los sistemas de valores, así como los contenidos que ellos tienen. No es que no haya valores, sino más bien, funcionan otros valores o se modificaron sus contenidos, por lo que las generaciones actuales tienen otras concepciones sobre ellos e, incluso, sistemas de valores contrapuestos.

El debate es intenso y no terminará con la cartilla moral, el problema es que al buscar imponer sistemas de valores, también se busca excluir y alinear formas de pensamiento que, de otra manera, se ubicarían como referentes que desafiarían de manera crítica y consistente las acciones de la administración, haciendo más complicados los mecanismos de control, por eso la posibilidad de conjuntar sistemas de valores religiosos con otros no religiosos, como mecanismo efectivo para abrir la discusión y permear el comportamiento público, poniendo en riesgo, la pluralidad y el reconocimiento de las y los otros.

 

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