Pese a que la reforma política de la Ciudad de México le dio el carácter para ser la entidad federativa número 32, no contará con la misma autonomía que el resto de los estados de la República en materia financiera y de deuda.

En el artículo 122 de la reforma política quedó plasmado que “la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa”.

No obstante, al ser la sede de los tres Poderes de la Unión, la Federación seguirá determinando, a través del Presupuesto de Egresos, los recursos que se le otorgarán a la capital mexicana, así como la capacidad de intervenir en materia de deuda pública. Además, la nueva organización implicará más puestos públicos y burocracia.

Tras su nueva denominación, la Ciudad de México deberá tener su propia Constitución, que, se supone, será redactada por una Asamblea Constituyente integrada por 100 diputados, de los cuales 60 serán elegidos el próximo 5 de junio. Se necesitarán recursos para los que se les pagarán honorarios, aunque no todos recibirán un sueldo.

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Además, las demarcaciones territoriales conocidas como delegaciones ahora serán alcaldías que tendrán un concejo, que podrá estar integrado con entre seis y 14 personas. A su vez, los concejales tendrán suplentes. Estas alcaldías no podrán contraer deuda y ejercerán el presupuesto que les apruebe la Asamblea local.

Aunque la ciudad seguirá sin autonomía para elaborar su presupuesto y contratar financiamiento, la elaboración de una Constitución propia abre la oportunidad de aumentar la rendición de cuentas y mejorar el clima de negocios, coinciden especialistas.

 

Reglas diferentes

La Ciudad de México es sede de los tres Poderes de la Unión, pero con la reforma política ahora contará con un gobierno republicano con sus propios poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

“La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio”, de acuerdo con la reforma política.

Además, en la recién promulgada Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y Municipios, los congresos estatales podrán aprobar los montos de deuda a contratar, menos la Ciudad de México, que seguirá dependiendo de la Ley de Ingresos de la Federación y del Congreso de la Unión para aprobar los montos de financiamiento.

“El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Jefe de Gobierno, remitirá trimestralmente al Congreso de la Unión un informe sobre el estado de la Deuda Pública de la entidad y el ejercicio del monto autorizado, desglosado por su origen, fuente de pago y destino, especificando las características financieras de las operaciones realizadas”, dice el Artículo 33, fracción V, de la citada ley.

En el Sistema de Alertas de endeudamiento para las entidades, la Ciudad de México fue puesta en “Observación”, lo que implica que tiene un techo de endeudamiento máximo del 5% de los recursos de libre disposición.

Alejandro Posadas Urtusuástegui, académico especializado en derecho constitucional, dice que es necesario establecer a nivel constitucional el techo de endeudamiento y los mecanismos generales sobre los cuales se va a tomar esa decisión.

 

Oportunidad para mejorar

El académico, quien estuvo involucrado en las iniciativas para impulsar las candidaturas independientes, dijo que la elaboración de una Constitución de la Ciudad de México abre la oportunidad de avanzar en rendición de cuentas, un rubro en que el país tiene mucho camino por delante.

“La reforma constitucional establece que la Ciudad de México tendrá que tener su propia auditoría para revisar las cuentas públicas. Ahí hay una oportunidad para establecer los recursos, donde efectivamente la ciudadanía no solamente pueda conocer, como un tema de transparencia, las cuentas públicas, sino que también pueda controlar al gobierno a través de los recursos apropiados”, dijo Posadas en entrevista.

FTI Consulting Group considera en un análisis que la redacción de la Constitución puede ser un parteaguas para implementar mecanismos e instituciones que inhiban la corrupción y mejoren el clima de negocios en la ciudad.

Una de las iniciativas, según FTI Consulting, puede ser la creación de una fiscalía especializada e independiente con las facultades legales más amplias posibles para perseguir actos de corrupción de empresas y autoridades.

“Una entidad o instancia como una eventual fiscalía anticorrupción en la Ciudad de México podría ser un parteaguas para el país, así como esta ciudad lo ha sido en otros aspectos e iniciativas en el pasado reciente, en los esfuerzos para atacar y limitar el que es, quizás, el peor flagelo en las perspectivas del país: la corrupción”, dijo Sergio Díaz, senior managing director de FTI Consulting México.

Cuando sea elegida la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México comenzará un proceso para la redacción de su Constitución, que culminará a más tardar el 31 de enero de 2017. Aunque la entidad número 32 no tendrá la misma autonomía que el resto de los estados, existe la oportunidad de sentar otros precedentes más positivos.

“Tenemos un déficit fuerte de rendición de cuentas en nuestro sistema democrático.  El tema ahora es la efectividad, el acceso a la justicia, la rendición de cuentas y la representatividad en el sistema”, agrega Alejandro Posadas sobre lo que deberá contener la carta magna para la ciudad.

 

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