A tan sólo 12 días de haber tomado protesta como nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador empieza cumplir sus propuestas de campaña y empieza a aprovechar la ventaja que tiene en número en el Congreso de la Unión, falta saber si será suficiente.

En el marco de su conferencia de prensa matutina refrendó el compromiso que hizo ante los miembros del sector educativo del país, a quienes prometió eliminar la Reforma hecha por Enrique Peña Nieto tan pronto le fuera posible, fue posible y como un regalo guadalupano, firmó ante los representantes de los medios de comunicación la nueva Reforma Educativa que deroga la anterior de manera radical y definitiva.

Para poder entender los cambios propuestos, es obligado mencionar al menos los objetivos fundamentales de la Reforma peñista, en ellos se señala la mejora sustancial de la calidad de la educación, el fortalecimiento de la gratuidad de la educación pública, la escuela fortalecida y apoyada, en el centro de las decisiones fundamentales, una evaluación que tiene como ejes el mérito y el reconocimiento de la vocación docente, una educación inclusiva que esté al alcance de todos y el buen uso de los recursos públicos.

De acuerdo con lo declarado por el nuevo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, la nueva Reforma contiene entre otros aspectos, la revaloración del magisterio, reconociendo por primera ocasión al docente como agente de cambio en México y garantizando su servicio a través de un servicio de carrera profesional del magisterio; se modifica el texto del artículo tercero constitucional y por primera vez aparece el concepto de las niñas, niños y jóvenes a quienes se les confiere el interés supremo de la educación, se coloca en ellos el foco del educación, a los principios tradicionales del educación se le agrega la integralidad, la equidad y la excelencia como principios básicos de la educación pública que imparte el Estado haciendo hincapié en que al hablar de equidad se habla de accesibilidad de los más pobres, se consagra el principio de la obligatoriedad de la educación superior y  el derecho a los maestros para acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua.

Si leemos por encima ambas propuestas podrían parecer similares en cuanto que ambas proponen facilitar el acceso a la educación superior a más alumnos, mejorar la calidad de la educación, optimizar las condiciones laborales de los docentes e incluir a los padres de familia en la toma decisiones. Sin embargo, hay temas que nos obligan a poner más atención, como la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación el cual será sustituido por un centro para la revalorización del magisterio y un Consejo Consultivo que emitirá lineamientos para evaluar el sistema educativo en su conjunto y para la formación de maestros y directores, lo que pone todo el peso de las decisiones en el mismo magisterio convirtiéndolos en juez y parte de sus procesos, desempeño y evaluación.

Falta aún que la propuesta sea aprobada por las dos terceras partes del Congreso, los legisladores de oposición están obligados a hacer un análisis profundo y escrupuloso de las reformas y votar por lo que resulte mejor para el sistema educativo mexicano, quedó a medias la reforma para retirar el fuero a funcionarios públicos y esta propuesta podría quedar a medias también.

 

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