Una de las mayores quejas de la sociedad mexicana actual es sin duda la impunidad en cuanto a la impartición de justicia. Todos los días se escriben una gran cantidad de artículos o, al menos, se hace referencia y se polemiza en programas de radio y TV, con analistas y especialistas con relación a este tema. En forma continua se habla respecto a los niveles de impunidad y a la incapacidad estructural del Estado para proveernos de un sistema en el que los delitos no queden impunes. Generalmente, se habla de que se gasta poco en la impartición de justicia, a la deficiencia en la aplicación de leyes y a la operación de los ministerios públicos, así como a las aplicaciones de procedimientos en el ámbito judicial.

El supuesto implícito es que la sociedad mexicana es una sociedad profundamente comprometida con el Estado de Derecho y la impartición de justicia y que, por supuesto, no quiere y no tolera la impunidad. Así, la receta es trabajar en reformas legales, de procedimientos, de sistema judicial y acusatorio, para lograr una verdadera impartición de justicia y acabar con la impunidad. Es una suerte que todos queremos acabar con la impunidad y hace falta que otros -en este caso las autoridades- hagan su parte para tener el estado de derecho que anhelamos. Sin embargo, este supuesto resulta un tanto cuanto conveniente o a modo porque nos libera a la sociedad de lidiar con las responsabilidades que sin duda tenemos respecto a estado actual de las cosas. En una forma más llana, este supuesto nos permite justificarnos y nos quita la responsabilidad, transfiriéndola a terceros. No es que la impunidad exista en un vacío “allá afuera” y que nosotros como sociedad, como instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanos seamos ajenos de lo que ocurre. Hay un tema de cultura.

Para el psicólogo social holandés Geert Hofstede, en su modelo de clasificación de las culturas, en una de las dimensiones, describe la de masculinidad, que es la que define la orientación al logro, el heroísmo y el tema de la recompensa material por el logro. En esta clasificación México resulta particularmente alto, excediendo países con una gran orientación al logro como Estados Unidos y estando a la par de países como Alemania. Para nadie es sorpresa que vivimos en una sociedad en la que se habla mucho de que “el que no transa no avanza”, en la que se premia el romper las reglas, en hacer excepciones, en el que se permite apartar, brincar la fila, y otros fenómenos culturales relacionados.

El mejoramiento de las condiciones materiales es algo que nos maneja y que se permite casi a cualquier precio. Pareciera que lo único importante es el progreso material y que el fin justifica los medios. Esto explica mucho el fenómeno de la corrupción. La corrupción es rechazada de dientes para afuera, pero aceptada socialmente en la medida que al corrupto -ya sea el que pide o el que da- no se le aísla de la sociedad sino que se convive, se festeja con él, se le integra y en cierta forma se considera que tuvo éxito material. Se crítica al corrupto y a su corrupción pero no se castiga y, menos, se le da una muerte social que como ocurre en otros países se erige como una importante sanción que impone la misma sociedad a ese tipo de conductas e individuos.

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Al contrario, acaba siendo una suerte de progreso y avance que de una u otra manera se tolera. Y aunque digamos que no, el hecho es que en la práctica la movilidad social que genera la corrupción y esa imposibilidad de castigar este delito dicen algo muy diferente de lo que hablamos socialmente o de dientes para afuera. Es como si de alguna manera siempre se tratara de proteger a quien hace bullying y no a quien es víctima del mismo. Abundan a nivel escolar situaciones en las que nuestras instituciones no están preparadas para hacer frente a estos casos y acaba habiendo una red de protección tácita para aquel que hace el bullying. Tiene más voz y exige mejor el agresor que el afectado, razón por la cual tiene más capacidad de permanecer en la impunidad. Se invierten los papeles y el victimario es la víctima. En este sentido, la impunidad es el resultado de una forma de ser individual que se convierte en social. La ciudadanía tiene todavía un gran papel por jugar en esto.

En este sentido, vale la pena hacerse la reflexión sobre el papel de las leyes y el sistema judicial. ¿Son las leyes las que modelan el comportamiento de los ciudadanos o son los comportamientos de los ciudadanos los que modelan a las leyes? ¿Será que, a nuestra sociedad, en comparación con otras culturas le hace falta la aplicación de las leyes a “rajatabla”? Ese proverbio de que “la ley está para romperse” o el conocimiento de que nada va a suceder porque con “una mordida” lo arreglo o porque el sistema judicial es vulnerable, y por lo tanto infringir las leyes no representa un problema.

En realidad, para que las leyes funcionen se requiere que haya una masa crítica en la ciudadanía que acepte las mismas y esté comprometido a que se ejecuten como se tiene que hacer. Sin esto no importa que tan adecuadas sean, el resultado no será más que el reflejo de la cultura prevalente en la sociedad. Y entonces -quizá por ausencia de eso- se le pone demasiado énfasis a la calidad o las mejores prácticas recogidas en la normatividad y no se ve cuál es el compromiso que realmente tenemos como sociedad en el estado de derecho y en acabar con la impunidad.

Finalmente, esto no quiere decir que no haya áreas de oportunidad. Las hay, pero mientras no tengamos una masa crítica de ciudadanos que en acción y que no sólo de palabra contribuyan a acabar con la impunidad como una forma de ser, no habrá sistema jurídico que funcione. El gran reto para el México de siguiente nivel, ese que todos anhelamos y queremos, tiene que ver más con estas formas de ser que con sistemas y leyes. Lo que nos trajo aquí no es lo que nos va a llevar al México del futuro. Es momento de cambio y renovación, tomando responsabilidad individual. Y en materia de impunidad como dice el refrán, el valiente vive hasta que el cobarde quiere.

 

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