La consulta pública que el presidente electo y su equipo han planteado para decidir sobre qué proyecto de aeropuerto debe implementarse, refleja uno de los aspectos más relevantes del posible desmantelamiento de esquemas democráticos, a partir de otros que parecen ser más democráticos, lo que implica un riesgo en términos de la solidez institucional que se ha buscado construir en México, a pesar de los intentos de diversos grupos por evitarlo en años recientes.

La democracia moderna pasó por la construcción de un andamiaje institucional, antes de establecerse como un régimen que permite un vínculo de influencia mutua, entre gobernantes y ciudadanos. Parte de diversos supuestos que históricamente se fueron construyendo, como la ubicación de la soberanía en las personas, la existencia de una constitución o ley fundamental, un esquema jurídico construido por ese espacio soberano, órganos de gobierno legitimados para el ejercicio del poder, etc. Pero, además, la posibilidad de que esos órganos de gobierno sean electos o tenga una fuente de legitimidad originada en quienes detentan dicha soberanía, lo que les faculta a tomar decisiones en su representación.

Si bien la democracia ha generado mecanismos alternativos de participación directa, éstos tienen necesariamente una base legal, que permite dar certeza sobre su instrumentación y uso del resultado, además de que juegan un conjunto de actores institucionales que hacen posible su realización. Sería impensable un referéndum no iniciado por el parlamento inglés, para decidir de manera definitiva sobre el Brexit, o cualquier otro mecanismo no legitimado por instituciones y reglas planteadas para ello en alguna otra democracia. Es por ello que una consulta pública, no es democrática únicamente por ser consulta, si no cumple con los principios de legitimidad democrática dados por la ley.

Aunque en términos generales los gobiernos no suspenden obras, por un principio de certeza legal y responsabilidad con los recursos públicos invertidos, hacerlo utilizando una consulta que no está legitimada legal o democráticamente, rompe con los principios que se busca reafirmar. Si bien los mecanismos de participación ciudadana que se han desarrollado en México son onerosos, en buena medida porque las instituciones que los instrumentan son también dispendiosas, son los que hasta ahora tenemos y deberían ser parte del proceso planteado para la decisión del aeropuerto.

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La forma en que se ha planteado la consulta sobre el aeropuerto, así como las consultas que el presidente electo hizo cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, dejan ver cierto desprecio por los mecanismos legales, buscando establecer herramientas propias que, más bien parecen reafirmar la idea de que, quien controla el procedimiento controla el resultado.

Más allá del resultado final, el hecho de que no sea una consulta formal permite asumir el resultado de distintas maneras, dependiendo de su sentido. Como también se anunció una encuesta, entonces la incertidumbre crece pues no sabemos entonces cuál es el peso de la consulta, o de la encuesta, en la decisión final, misma que será tomada, de cualquier manera, por el Ejecutivo ya en funciones.

Después de este ejercicio, no habría pretexto para que, en el contexto de la mayoría que tiene Morena en el congreso, pudiera plantear una iniciativa con mecanismos nuevos de participación ciudadana, que pudieran usarse en el contexto de decisiones que puedan compartirse con las y los ciudadanos. El tema no es nuevo, pues las políticas de gobierno abierto permiten compartir decisiones desde los espacios más específicos de la función pública, hasta los más generales como el que se plantea ahora, añadiendo legitimidad al proceso de gobierno. Esto fortalecería el esquema democrático, permitiendo su consolidación y no su desmantelamiento, como parece que ha venido ocurriendo en los años recientes.

 

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