Tan pronto como arranque el año, quedarán definidas las candidaturas del PAN, PRI y el PRD para el Estado de México y Coahuila.
Todo indica que los que abanderarán esa alianza serán Alejandra del Moral y Manolo Jiménez, ambos de extracción priista.
Estas postulaciones son el resultado de los acuerdos que aún se enmarcan en el paraguas de Va por México y que estuvieron a punto de romperse por el apoyo del PRI a la prolongación de la utilización de la Armada Permanente en tareas de seguridad pública.
Hay que destacar el papel que jugaron las dirigencias locales de los partidos en esa determinación, ya que siempre han estado convencidos de que un acuerdo amplio es necesario para ser competitivos, y subrayar que los gobernadores, Alfredo del Mazo y Miguel Riquelme jugaron en esa lógica.
Del Moral y Jiménez tendrán enfrente a Delfina Gómez y a Armado Guadiana, los candidatos de Morena. Son perfiles competitivos, aunque están enfrentando desgaste porque existen inconformidades internas, donde el caso más evidente es el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, quien no ha aceptado del todo la forma y el resultado de las encuestas que permitieron la postulación de Guadiana.
El año que inicia en una semana, será, ya se sabe, la gran prueba antes del 2024, y para la oposición una oportunidad invaluable para romper el relato de que la 4T es invencible.
Para los morenistas, en cambio, representa el escenario ideal para transitar a la elección presidencial con 23 gubernaturas y un despliegue territorial similar al que tuvo el PRI cuando era un partido dominante y hasta hegemónico.
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El escenario, sin embargo, es muy distinto al del 2018 e inclusive el de 2021, porque la popularidad presidencial no es la misma. El diputado Santiago Creel, uno de los referentes más importantes del PAN, ha destacado la caída de los apoyos respecto a López Obrador, en cuando menos un 10 % y eso lo hace ser, con evidencias, optimista.
Pero además, los opositores podrían obtener dividendos de su defensa del INE y de la legalidad. Lo que ocurrió con el Plan B, va a tener un costo, y las primeras facturas se pagarán en las dos gubernaturas en disputa.
Esto es un tema mayor, porque por primera vez, en décadas, es que hay riesgos sobre la propia legitimidad de los comicios. Uno de los logros del pasado había consistido en resolver el tema del acceso al poder por medio de elecciones limpias y vigiladas, pero las reducciones de carácter operativo, que representa el Plan B, más los reiterados recortes presupuestales, van a someter a presiones inauditas a la autoridad electoral, de no ser revertidas por la vía judicial.
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