Samuel Flores habla náhuatl, vive en la Ciudad de México y es originario de Ixhuatlancillo, un pueblo cercano a Orizaba, Veracruz. A sus 40 años, gana entre 80 y 130 pesos diarios con la venta de las figuras de cerámica que fabrica en su casa. Con eso debe mantener a su esposa y a sus cuatro hijos.

La situación en las cerca de 200 viviendas contiguas a la de Samuel es similar: también se componen de un par de cuartos construidos con trozos de madera y láminas de car­tón. El asentamiento está junto a la vía del ferrocarril México-Veracruz, a la altura de San Miguel Xalostoc, a unos cuantos kilómetros del períme­tro que divide al Estado de México de la capital del país.

Las tres familias consultadas por Forbes México están afiliadas al Seguro Popular, pero no recuerdan si alguna vez se ha aplicado en el barrio una encuesta de ingresos. A lo sumo, Blanca Estela Pineda, de 35 años, tiene en mente la visita del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para levantar el censo de población.

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Y precisamente la encuesta para cuantificar los ingresos de los mexicanos está en medio de una intensa polémica. Se llama “Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingre­sos y Gastos de los Hogares 2015” (MCS-ENIGH), y se aplica aleato­riamente a 64,093 hogares en el país.

El cálculo oficial del número de pobres en México ha generado debates por décadas, pero en los últimos meses, lo que se produjo fue un parteaguas. El INEGI modificó el procedimiento para recabar datos en los hogares mediante el MCS-ENI­GH 2015. Hasta el momento, el organismo no ha dado a conocer cómo llevó a cabo el procedi­miento, pero algunos especialistas aseguran que estableció que los encuestadores regresaran a pre­guntar con mayor insistencia a las familias para saber cómo vivían.

Como resultado del cambio de metodología, la cifra que se tenía como oficial, de 55.3 millones de pobres en la medición anterior, estadísticamente bajó en 11 millo­nes, calcula el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

El problema es que en la medición del Coneval se basan los apoyos que el gobierno federal da a la población más necesitada. También son un parámetro para respaldar o descalificar la eficacia de los gobiernos.

Pero esta vez la discusión es también técnica. Fundaciones, instituciones educativas y legisla­dores ponen en duda los resultados de la encuesta de 2015 y han pedido que se cambie la metodología, pero, sobre todo, que sus datos sean transparentes.

Realidad distorsionada

El dato de los 55.3 millones de pobres del Coneval no convencen a los expertos. Julio Boltvinik y Araceli Damián, investigadores de El Colegio de México (Colmex), estiman que en el país hay 100.7 millones de pobres, según su estudio Evolución de la pobreza y la estratificación social en México 2012-2014 (julio de 2015).

Pero hay quienes opinan lo contrario: “Los niveles de pobre­za en México son mucho menores de lo que las estadísticas oficia­les indican, porque las bases de datos con que se mide la pobreza son deficientes: subestiman los ingresos de todo el abanico de los hogares, tanto de las familias de los deciles de ingresos más altos, como de las familias de los deciles más bajos”, expone Jesús Alejan­dro Cervantes González, quien es gerente de Estadística Económica del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla).

Al respecto, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, prefirió no dar una cifra del incremento o la baja del número de pobres que calcularía el Coneval con los datos del MCS 2015.

En un alto grado, el buen funcionamiento de los programas sociales depende de que haya una correcta medición. De acuerdo con Miguel Székely, director del Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES), contar con cifras precisas permite tener una idea de la magnitud de las carencias o de las necesida­des que enfrenta la población a la que se atiende.

También son clave para saber en dónde se ubica la población en po­breza, porque una de las estrategias puede ser focalizar recursos o un de­terminado conjunto de mecanismos hacia lugares donde hay una mayor cantidad de gente que se encuentra en esta condición social.

Igualmente, es importante contar con una medición a lo largo del tiempo y así saber si las políticas provocan un efecto positivo o no.01-samuel-flores-y-familia-03_buena

Samuel Flores. Foto: Fernando Luna Arce. 

El módulo de la discordia

El 15 de julio de este año, el INEGI emitió un comunicado que generaría pronunciamientos de diputados, se­nadores, empresarios y académicos. Su explicación fue que, como parte de un proceso de mejora continua, en el levantamiento del MCS 2015 había aplicado criterios de captación y verificación de información en campo de mayor rigor, para obtener una medición más precisa sobre los ingresos de los hogares en el país.

En cierto modo, este cambio tiene una justificación. “La gente va a subestimar sus ingresos: los ricos van a subestimar sus ingresos porque no quieren que les caiga el SAT [Servicio de Administración Tributaria]; los pobres van a subes­timar sus ingresos porque, si sabes que reciben remesas, pues… quizá ya no les van a dar el cheque de Prospera”, detalla Jonathan Heath, analista económico.

En un comunicado emitido el 15 de julio de este año, el Coneval dio a conocer que la modificación arrojó un incremento real del 11.9% en el ingreso corriente de los hogares a nivel nacional y de más del 30% en algunas entidades federativas, entre 2014 y 2015.

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El Coneval también explicó que hubo un incremento real del 33.6% en el ingreso en los hogares más pobres en sólo un año, “lo cual no es congruente con la tendencia que se ha venido manifestando en otros instrumentos del INEGI y con otras variables económicas”.

Además de esto, el MCS 2015, que es la materia prima del Coneval para medir la pobreza, no podrá ser comparable con los resultados esta­dísticos de los años anteriores, cuya evolución sirve para medir el nivel de pobreza a lo largo del tiempo. Forbes México solicitó al INEGI una explicación de lo ocurrido, pero éste declinó, con el argumento de que actualmente está tratando de resolver el problema.

El pragmatismo del organismo de estadística nacional generó suspica­cias. “No tenemos la certeza de que la misma presión política que tienen las autoridades, que tiene el Cone­val, para presentar resultados, no haya influido en esta modificación”, opina Iris Vianey Mendoza, quien preside la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República.

La legisladora explica que el INEGI modificó el Manual del entrevistador para que, cuando las familias presentaran un ingreso por debajo del primer decil (que indica la mayor pobreza), los encuesta­dores regresaran con información cruzada de los pro­gramas sociales, como Prospera, Comedores Comunitarios o de vivienda, y reformularan las preguntas.

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El precio

Algunos especialistas cuestionan que, si los cambios en la aplica­ción de la encuesta eran para mejorar la calidad de los datos, por qué sólo se ejer­cieron en los estratos sociales más bajos, en lugar de enfocarse en los altos, que es donde está el mayor volumen de recursos de la sociedad.

“Si captas con menor precisión los ingresos más ricos, estás subestimando la desigualdad… o sea, realmente, los ricos ganan mucho más de lo que dicen ganar; o captas un porcentaje mucho menor de ricos y, entonces, te sale que la desigualdad es menor”, plantea Székely, del CEES.

Rodolfo de la Torre, director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del CEEY, coincide en que hubo insistencia por parte de los encuestadores, pero dice que esto también ocurrió en los otros estratos de la población.

Además, añade que el número de personas que ganan menos de 1,000 pesos es tan bajo que no hace una diferencia en una en­cuesta como ésta, por lo que una posible insistencia sobre los más pobres no es la explicación de la distorsión que hubo en los datos.

Quien analice estas encuestas encontrará que alguien que gana 40,000 pesos mensuales está en el rango del 1% más rico, agrega Székely, porque en realidad no hay capacidad para captar al estrato de mayores recursos. Incluso, afirma que hay evidencias de que, a mayor poder adquisitivo, menos posi­bilidades de que alguien acepte contestar un cuestionario de este tipo, sobre todo, por el problema de inseguridad que hay en el país.

A juicio del director del CEES, la mejora en la calidad de los datos se podría haber hecho con dos condiciones: que los cambios en el levantamiento de la encuesta se apli­caran a todos los estratos de la dis­tribución del ingreso, y que se alzara una encuesta comparable a la de años anteriores, para luego, una vez hecho eso, indagar a más profundidad. De lo contrario, el dato de desigualdad seguirá siendo impreciso.

En el comunicado del 15 de julio, el INEGI aceptó que los resultados del MCS 2015 no fueron compara­bles con los ejercicios estadísticos de años anteriores.

Pero el desfase estadístico es una parte del problema; el otro se refiere a sus efectos. “Lo que yo quiero saber es si, a través del tiempo, está aumen­tando o disminuyendo la pobreza, porque con eso voy a evaluar las políticas sociales, voy a evaluar la política económica, voy a evaluar toda una serie de cosas; pero si cada año me cambias la metodo­logía, me cambias la cobertura, me cambias la definición, pues no tengo la más puta idea si la pobreza sube o baja”, considera Heath.

El Coneval está a favor de hacer modificaciones en las encuestas. “Pero esperemos para hacerlo con tiempo, con planeación, avisándole a la gente: ‘Miren, a partir del año 2018, 2019, va a haber esos cam­bios metodológicos, vamos a con­servar las dos series por un rato, para que vean que no es magia, que no es trampa, y después nos olvidamos de la versión [actual] y seguimos con la versión mejora­da’”, opina Hernández Licona, el responsable de la institución.

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Los cambios hechos en la re­copilación del MCS 2015 tendrán repercusiones, sobre todo a largo plazo. En los próximos cuatro o más años, al haber una reconside­ración del número total de pobres, de su distribución y de la intensi­dad de la pobreza, podría replan­tearse a fondo la política social.

“Incluso, el presupuesto de la política social podría llegar a mo­dificarse si se llegara a determinar que la pobreza es mucho menor y está distribuida de otra forma y no como la conocemos actualmente”, advierte De la Torre.

Ya que se habla de mejoras, el especialista del CEEY tiene una sugerencia: que el INEGI también mida la calidad de los servicios que reciben las personas.

“Por ejemplo, en las dimensiones sociales de Coneval no se conside­ran directamente las carencias de vestido, de calzado o de transporte; tampoco está el tiempo que efectiva­mente tienen disponible las perso­nas para [realizar] otras actividades distintas al trabajo, ya sea doméstico o en el mercado”, sostiene.

Añade que, en el caso de la salud, no basta con estar inscrito en un sistema de seguridad social, pues hay que saber si el acceso es efectivo, si las clínicas tienen las instalaciones y el equipamiento adecuados o si las personas son atendidas de manera oportuna y reciben buen trato.

En efecto, los vecinos que viven junto a la vía del ferrocarril cerca de San Miguel Xalostoc, seguramente aparecen en las estadísticas oficiales como cubiertos por los servicios de salud, por el hecho de estar inscri­tos en el Seguro Popular, y ése es su único asidero a la política social del gobierno mexicano. De vez en cuando reciben alguna ayuda del go­bierno, aunque no tienen muy claro si proviene del federal o del estatal. Y nunca han recibido la visita de los encuestadores de ingresos del INEGI, pero sí de representantes de los partidos políticos, interesados, evidentemente, en sus votos.

 

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