Por Margarita Vega

Mejorar el ingreso de los mexica­nos es la única salida que académicos, activistas y el propio Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), ven para que los 55 millones de pobres que hay en el país superen su condición, por encima incluso del aumento de cobertura de los progra­mas sociales.

Pero las señales econó­micas no son buenas, a pesar de que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó un incremento de 7 pesos al salario mínimo general y que lo ubicó a 80.04 pesos diarios. La devaluación del peso, la caída del PIB, el recorte del presupuesto y las políticas de Trump hacia México podrían dar forma a una tormenta perfecta para la economía mexicana, con los mayores impactos en la población más vulnerable.

“Se espera un 2017 com­plicado en materia econó­mica que, seguramente, va a generar dificultades serias en los hogares en pobreza para mantener al menos el nivel de bienes­tar o de adquisición de productos que en este momento tienen”, anticipa el economista Pedro Tello. “Represen­tará un año francamente muy difícil porque el gobierno federal, en la medida en que ha tenido que recortar su presupuesto de egresos previsto para el año próximo, va a reducir los apoyos destinados a mantener un piso para buena parte de esa población mexicana que vive en condiciones de pobreza”.

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La economía mexicana sufrirá tres impactos que afectarán a todos los hogares pero, sobre todo, a los más vulnerables, agrega Tello: la reducción de la inversión pública, que se tradu­cirá en recortes a programas sociales y desarrollo de infraestructura; la dis­minución de la inversión privada que afectará directamente la creación de empleos; y la incertidumbre generada por las medidas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, principalmente en lo relativo a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La renegociación del TLCAN podría golpear las exportaciones, la posibilidad de gravar las remesas de los migrantes y la deportación de cientos de miles de connacionales indocumentados.

Los primeros efectos están a la vista: bancos y calificadoras han recor­tado el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2017: sólo 1 o 2%; la inflación, por encima de 4%, y el peso seguirá expuesto a la volatilidad.

Tello piensa incluso que, conforme avance el año, se reajustarán todos estos pronósticos, y no descarta un crecimiento cero para finales de 2017.

 

Crecerá la pobreza en 2017

Muchos de los programas sociales que hoy operan en el país fueron creados para compensar la falta de ingresos de los hogares en pobreza y las fallas del modelo económico y su impacto en este sector de la población.

Pero, ante la situación económica que se vaticina para 2017, es poco lo que puede esperarse de estos progra­mas. Con objeto de reducir la abultada deuda del país, Hacienda anunció que el presupuesto para el siguiente año será austero e incluirá una reducción en la mayor parte de las dependencias e instituciones públicas del país.

Según el centro de investiga­ción Fundar, el gasto social es el que se llevó la peor parte de los recortes presupuestales, con una reducción, en conjunto, del 10% en el dinero disponible, en compa­ración con el presupuesto aproba­do para este año que termina.

Tan sólo el Seguro Popular tuvo una reducción presupues­tal de 10,000 millones de pesos (mdp), señala Javier Garduño, de Fundar. El Seguro Popular atiende a más de 50% de la población del país, precisamente la que no tiene acceso a un empleo formal y, por lo tanto, tampoco accede a servicios de la segu­ridad social.

“Esto se va a reflejar en falta de medios, en una peor atención para la salud, falta de medicamentos, de especialistas. Tendrá consecuencias importantes. Eso, en el entendido de que el Seguro Popular daba buen servicio, que no es algo que podamos asegurar”, agrega Garduño, quien considera que los recortes producirán un aumento en la desigualdad y en los niveles de pobreza el próximo año.

En otras condiciones económicas, el país podría haber recurrido a otras medidas para sostener el gasto guber­namental y apoyar, así, a la población más marginada, indica De la Torre. Pero los actuales niveles de endeu­damiento público impiden hacerlo e, incluso, obligaron al gobierno a pre­sentar un presupuesto más limitado que en años anteriores, agrega.

Los recortes sólo se podrían justificar en programas que no tienen un impacto sustancial en la reducción de la pobreza y la desigualdad, como es el caso de los múltiples programas dirigidos al sector agropecuario o los recursos que van a los estados donde no hay transparencia del gasto, asevera González Hermosillo. Pero nunca, añade, en sectores tan sensibles como el de la salud o el de la educación.

Algo indispensable es que se gaste de forma eficiente, añaden especia­listas; que se rindan cuentas sobre el destino del dinero y no se haga uso político del mismo.

Según el colectivo México, ¿cómo vamos?, desde 2010 se han destinado a programas sociales más de 428,000 mdp, sin que se hayan reducido los niveles de pobreza.

Lo que sí ha ocurrido es que los mexicanos tienen una alta depen­dencia de los programas guber­namentales. Según la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, tres de cada 10 hogares reciben transferencias públicas como parte de sus ingresos, y hay estados como Guerrero y Chiapas en donde más de la mitad de la po­blación necesita de estos apoyos para sobrevivir.

Básicos, inalcanzables

Un día, Luz Gre­gorio cayó en la cuenta de que no llega­ría lejos con lo que gana. Gana el salario mínimo en un restaurante pero, ni al sumar lo que obtiene en sus otros dos trabajos (como niñera y como trabajadora do­méstica), llega al final de la quincena.

Cuando Luz Gregorio va a la tienda, tiene que descartar algunas compras, pues su ingreso no alcanza; y, dado que dejar de pagar luz, agua y teléfono es imposible, los recortes recaen en los alimentos. “No nos alcanza para comer bien, para comprar carne. De donde vengo, el pasaje es caro: son 50 o 60 pesos diarios”, cuenta Luz, quien vive con sus hijos de 20 y 24 años, y sólo la mayor de ellos trabaja (y tam­bién gana el salario mínimo, nada más).

El salario mínimo está, hoy, por debajo del costo de la canasta de bienestar mínimo establecida por Coneval, indica ACFP. Se entiende por canasta básica el costo para una familia de satisfacer necesidades alimenticias, transporte, vivienda, cuidado personal, salud, educación y vestido, entre otros.

El costo de la canasta es de 87.51 pe­sos diarios por persona, mientras que el salario mínimo es de 80.00 pesos.

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La reducción del poder de compra del salario mínimo ha sido constan­te en las últimas décadas: en 2014 representó la cuarta parte del poder de compra que tenía el salario de 1978, según Gómez Hermosillo.

Y aunque son minoría los trabaja­dores los que ganan el salario mínimo, unos 7 millones de un total de 50 millones, el especialista subraya que, según el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un salario mínimo limitado impacta a la baja la media de los sala­rios de un país.

Beatriz Graciela Martínez vive estos efectos. Tiene 62 años y tres em­pleos: de las 6.30 a las 14.30, trabaja en una empresa de limpieza en centros comerciales. En la tarde hace costuras para vecinas y conocidas, y además vende zapatos por catálogo.

Por su empleo formal en la empre­sa de limpieza recibe 3,700 pesos al mes, y por los trabajos que hace por su cuenta gana poco más de 500 pesos. Pero a sus percepciones mensuales les descuenta 1,800 pesos de la renta del cuarto en el que vive con su madre, 480 pesos de transporte y gastos en comida, gas, luz y agua, entre otros.

Martínez sabe que, por su edad, será difícil obtener un mejor empleo y, menos aun, que le suban el sueldo. “No entiendo por qué, si suben las cosas, no suben los sueldos. Todo está muy caro, sobre todo la comida. De comprar carne ya ni hablamos: cuesta 150 el kilo”, se lamenta. “Veo que todos mis compañeros en el trabajo, al final de la quincena, sólo traen para comer frijoles solos, o papas, o salchichas; lo más barato”.

El alza de los precios es lo que más pega, más el hecho de que los sueldos siguen igual, dice Martínez.

Si, en los últimos meses, diversos sectores se habían negado a debatir el posible aumento del salario mínimo en el país, las actuales condiciones económicas hacen menos viable la posibilidad de que se apruebe un aumento importante en el cor­to plazo, señala Rodolfo de la Torre, director del programa de Desarrollo Social con Equi­dad del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

“Cada vez es más adversa la situación para una revisión sustancial del salario mínimo”, indica. “Antes se argumentaba que la productividad había subido más que los salarios mínimos, pero la perspectiva actual de deterioro del tipo de cambio, inflación creciente, inversiones detenidas y, por tanto, que la productividad no crezca como en años recientes, cierra la ven­tana de oportunidad para aumentar el salario”.

 

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