Desde alternancia democrática de 2000 los gobiernos han generado niveles muy importantes de polarización ya sea de parte de la ciudadanía en general, de las organizaciones de la sociedad o de los medios. Cada uno por diferentes razones, ya sea por las expectativas puestas y no cumplidas de “cambio”, por la política de combate al narco, por los alegatos de corrupción desatada o por el “rompimiento” abierto con las políticas públicas de los últimos 35 años, lo que ha pasado es una gran polarización en el electorado. Si bien esto ha sido la norma, lo cierto es que estamos ahora en 2020 enfrentando niveles inusitados de polarización a partir del arranque de la nueva administración. Las redes sociales son una batalla campal con torneos de críticas extremas entre ambos bandos. Un país dividido en dos grandes porras en las que el ambiente está acá en las gradas y lo que pasa en el partido es menos importante. Y uno podría justificar que parte de esta polarización extrema se la debemos al cambio generacional que ha ocurrido en el país, a la naturaleza de “político disruptivo” de AMLO, al surgimiento de las redes sociales y al mundo de la pos verdad con sus “otros datos”. Otra parte tiene que ver con la ruptura del gobierno actual con muchas de las instituciones, políticas y programas que funcionaban en México desde hacía varias décadas, así como por las formas y estilo del nuevo gobierno que a muchos gustan y resultan en revancha, mientras que a otros resultan cuando menos chocantes y desprovistos de toda corrección política. Y, también, decisiones polémicas, desacertadas y rechazadas por la mayoría de la población han contribuido de manera significativa. E independientemente de la posición extrema que uno tome, la realidad es que ni todo el pasado fue mejor ni todo lo que se propone hoy está equivocado. Sin embargo, esta polarización extrema nos está haciendo perder el foco de lo más importante: México y sus verdaderos problemas estructurales. Y aquí dos ejemplos muy sencillos: Estado de derecho. Ni antes de diciembre 2018 se invertía los suficiente en el poder judicial, ni tampoco se invierte ahora. El número de jueces por 100 mil habitantes que tenemos es por mucho muy bajo de acuerdo con cualquier estándar internacional, no sólo al compararlo con países de la OCDE sino de América Latina. Tampoco teníamos en 2018 ministerios públicos autónomos que persiguieran delitos por iniciativa propia (y no política) y con capacidades investigativas, como tampoco los tenemos ahora en 2020. Crecimiento e inversión. En 2018 el crecimiento y la inversión eran insuficientes y ahora lo siguen siendo. Necesitamos niveles de inversión que no sean inerciales ni especulativos y que contribuyan a aumentar la capacidad física instalada del país. Podríamos discutir que teníamos “más” crecimiento e inversión. La realidad es que era insuficiente en 2018 y lo es en 2020. Hoy uno ve a los críticos de acciones de las administraciones pasadas, defendiéndolas y a los que antes pedían la creación de, por ejemplo, más instituciones, despreciándolas. A los ojos de un observador, uno podría decir que para algunos la frase “estábamos mejor cuando estábamos peor” resume lo que pasa mientras que para otros “los fifís y la mafia del poder nos dejaron un país quebrado”. La realidad es que más que echar porras necesitamos llamar a cuentas y elevar el nivel de juego de nuestros gobiernos. Estado de derecho, así como crecimiento e inversión lo ameritan.  

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