Reuters BRASILIA. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, perdió esta noche una votación decisiva en la Cámara de Diputados, y ahora corre el riesgo de quedar suspendida en el cargo para enfrentar un juicio político ante el Senado. La moción para que la mandataria sea sometida a un juicio político en la Cámara Alta, donde sus opositores son mayoría, consiguió más de los dos tercios de los votos necesarios para ser aprobada. Rousseff celebró el sábado negociaciones de último minuto con parlamentarios indecisos, en un intento por asegurarse un apoyo crucial el día antes de que la Cámara de Diputados votara. La crisis política ha dividido al país y se convirtió en un amargo combate entre la líder de izquierdas y su vicepresidente centrista, Michel Temer, quien la sucedería si prospera el proceso. Rousseff canceló una aparición en una manifestación contra el juicio político por parte de sindicatos y activistas sociales de izquierda liderados por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su predecesor y fundador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT). A través de un video y una columna en un periódico, Rousseff -la primera presidenta de Brasil- negó con vehemencia haber cometido un delito castigable con un juicio político y calificó el intento de expulsarla del cargo como “el mayor fraude legal y político” en la historia del país. El abogado general de la Unión advirtió el viernes al Congreso brasileño que llevar a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio político marcaría un quiebre con la democracia, en el inicio de los tres días de debates en la Cámara baja. El jueves, el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó una moción del Gobierno para detener la votación. A Rousseff se la acusa de manipular las cuentas presupuestarias en 2014 para asegurar su reelección, afirmación que ella niega. La Cámara alta debe votar sobre si enjuiciar a la presidenta brasileña por violar las leyes presupuestarias. Si se aprueba la moción -en una votación prevista para el 11 de mayo-, Rousseff sería suspendida automáticamente, reemplazada por el vicepresidente Michel Temer y llevada a un proceso que podría durar seis meses. Jose Eduardo Cardozo, jefe de la Abogacía General de la Unión (AGU), declaró que el proceso era un “acto violento sin paralelo contra la democracia” y que “la historia nunca va a perdonar a aquellos que rompieron con la democracia”. Por su parte, el ex Ministro de Justicia Miguel Reale Jr., uno de los autores de la petición por el juicio político, abrió el debate el viernes diciendo que el proceso de destituir a Rousseff reflejaba la voluntad del pueblo. La presidenta brasileña lidia con la peor crisis económica que ha vivido el país en décadas y con un enorme escándalo de corrupción. Sondeos muestran que casi dos tercios de los brasileños están a favor de que Rousseff sea sometida a un juicio político.  

 

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