Aunque la propuesta de la jefa de Gobierno de Ciudad de México
Claudia Sheinbaum para crear un Banco de ADN, como herramienta de investigación en casos de
violencia contra mujeres, es viable y útil es un proyecto que debe ser compartido y a nivel nacional para que funcione, coinciden expertos.
“La idea es que la base sea compartida con el resto de los estados, que se construya una base de datos de carácter nacional” para que dé resultados, explica
Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, abogado experto en bioética por la Universidad Nacional Autónoma de México (
UNAM).
Asimismo, Alexa Villavicencio Queijero, especialista en ciencia forense de la UNAM, afirma que si no hay con qué comparar la base de datos obtenida en la creación del banco, ésta es poco útil, aunque se tengan muchos perfiles, explica de la máxima casa de estudios.
“En el caso del ADN, el problema es que puedes obtener perfiles de muchas muestras, pero si no tienes con qué comparar, no te sirve de nada”, señaló.
Abunda que la creación de base de datos biológicos es a partir de la recuperación de indicios de esta clase, de los cuales se extrae el
ADN y se genera un perfil, para así validar ciertos marcadores que se reflejan en tablas y perfiles
alfanuméricos.
La experta indicó la importancia de hacer un proyecto de base de datos de carácter nacional, ya que además de garantizar su mejor funcionamiento, ésto podría ayudar en la resolución de delitos como desapariciones.
Villavicencio Queijero ejemplificó el caso de una persona que comete un delito dentro de la Ciudad de México y sale de la misma, lo que complica su localización, además de casi anula la utilidad de la base biológica a nivel local.
Sin embargo, la académica indicó que esto puede auxiliar a resolver crímenes de índole sexual, ya que la mayoría de quienes cometen estos actos son reincidentes, por lo que al tener un “perfil o un indicio repetido, puede haber un criminal serial y esto permite resolver “n” número de casos de un jalón”.
México está preparado
Martínez Bullé Goyr afirma que México está preparado para atender este proyecto ya que hay “laboratorios y servicios periciales muy capaces que pueden hacer perfectamente el trabajo”.
Explicó que aún falta capacitación en algunos ámbitos, como “los primeros correspondientes”, en “quien toma el control de la escena del delito, porque se pueden alterar la pruebas”.
“Tenemos la tecnología pero hay que capacitar mucho policía y ministerios públicos”. También “tener cuidado en que funcione la cadena de custodia, que se protejan los residuos biológicos que pueda haber y el manejo después de hacer las pruebas para la identificación”, refirió.
Por su parte, María de Jesús Medina Arellano, especialista en bioderecho en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM refirió que ese proyecto puede ser “una herramienta que coadyuve a la investigación y procuración de justicia, sobretodo en delitos de feminicidio” y similares.
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Señaló que “existen expertos especialista en genética forense, para tener una investigación pericial mucho más preparada para llevar a cabo una investigación de este nivel”.
En ese ámbito, Villavicencio Queijero dijo que la
Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México cuenta con un laboratorio de genética forense, con 12 o 13 mil perfiles aproximadamente. Además que en la capital, contando al laboratorio anterior, hay al menos otros 4 de esta clase.
Sin embargo, la experta en ciencia forense señaló que hace falta “sentarse a platicar y tomarse el tiempo” de planearlo, ya que sólo se han dado “volantazos”.
“No hay protocolos homologados, no se usan los mismos métodos, el primer paso sería sentarse a haber que tenemos y definir cuál es la mejor manera”, explicó.
Es una buena iniciativa, explicó, pero se necesita un plan a largo plazo, que no sólo sea de una administración, algo pensado a 15 o 20 años, ya que los problemas de investigación no se resolverán en un sexenio.
Necesarias medidas de seguridad
La investigadora María de Jesús Medina Arellano explicó que estas bases de datos genéticas han funcionado de manera exitosa en otros países, sin embargo se deben tomar las “medidas seguridad para la protección de datos personales”.
Subrayó la importancia en trazar una política pública donde “los datos no se den a una empresa privada, que pueda tener nuestra información y utilizarla con fines distintos a la persecución de los delitos”.
Señaló la dificultad en el “resguardo y almacenamiento de datos genéticos, dado que es fácil conseguir muestras y (hacer) la secuencia de datos”.
Refirió que al tener instituciones de protección a los datos personales, éstas “pueden trabajar en conjunto con gobierno local y federal para el resguardo de estos datos.”.
La creación de un banco de ADN sólo es “una forma de reforzar la procuración de justicia pero como estrategia social no hace mayor sentido”, explicó Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, investigador en materia de bioética en la UNAM.
“Hay que hacer mayor vigilancia, mayor educación y detectar los lugares donde se hacen los delitos”, explicó.
Señaló que es una “herramienta útil para procuración de justicia pero no va a mejorar las condiciones por las cuales se cometen los delitos, esas son cosas distintas”, aclaró.
