A partir de la segunda mitad del siglo XX nuestro país alcanzó niveles de crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de vida muy notables. Estos avances se dieron en un régimen político sui generis en el que había un partido hegemónico y algunas restricciones políticas y de libertad de expresión. A diferencia de lo que ocurrió en varios países de la región, ese régimen nos permitió alcanzar niveles de estabilidad política y progreso muy superiores.

A partir de 2000 consumamos un proceso de alternancia en la vida democrática del país y en los últimos 18 años hemos tenido gobiernos de dos partidos políticos diferentes, aunque con grandes coincidencias en visiones sobre el futuro del país: el modelo económico, la apertura comercial y financiera, el desarrollo del marco institucional, así como la orientación de las políticas públicas y sociales. Hemos tenido estos últimos 18 años -por decirlo de alguna forma de facto- políticas públicas de Estado que trajeron condiciones importantes de estabilidad. El énfasis en ciertas políticas por parte de las tres administraciones previas dio como resultado que las visiones, preocupaciones, prioridades, sectores de la sociedad y formas de hacer las cosas tuvieran cierta prioridad sobre otras. Esto en sí él mismo creó un desbalance natural acumulado en cuanto a la importancia y prioridad para atender a ciertos grupos, problemáticas y tareas de gobierno. Los resultados de las elecciones de 2018 lo que nos indican es que la sociedad tiene nuevas prioridades y ha dado un mandato para repensar algunos aspectos de la conducción del gobierno por parte de las administraciones anteriores, además de incluir sectores y grupos que de una forma han quedado fuera, además de corregir fallas concretas y específicas que considera afectan el bienestar de la sociedad y el ritmo de crecimiento de la ciudadanía.

Es crucial para la nueva administración plantear sus nuevas propuestas en materia de conducción gubernamental sin desechar lo que funciona y lo que se ha construido en gobiernos anteriores. La estabilidad macroeconómica, la apertura comercial, la liberalización financiera, la vocación exportadora y un marco institucional que cada vez es más incluyente y marca límites al ejecutivo -entre otros- son logros fundamentales para tener condiciones de crecimiento económico y progreso social. Al mismo tiempo, el replanteamiento de la prioridad y formas de abordar temas como la pobreza, la desigualdad, la política social y salarial, las protecciones a los consumidores y el fomento de la competencia, es clave para crear un México plural e incluyente. Los monopolios, los costos de las comisiones bancarias, el abuso de las condiciones en “las letras chiquitas” de los contratos con prestadores de servicios, la corrupción, la concentración de las oportunidades en unos cuantos, así como la pobreza y las condiciones de vida de muchos mexicanos, son temas sobre los que todos los mexicanos hemos tenido quejas ya sea en el trabajo, con los amigos, en el café, en la sobremesa, en todos los ámbitos.

¿Y cómo lograrlo? Precisamente, el primer paso es incluir, sumar, subir abordo a todos los mexicanos. Considerar todas las propuestas y revisar todas las prioridades, empezando por las de la nueva administración. Alinear al país hacia un futuro común, hacia ese México en el que todos cabemos y del que todos nos apropiamos, requiere un proyecto de nación que no es alternativo, sino que suma e incluye, que construye. No es revancha, ni imposición. Es ese proyecto que nos une a todos por encima de los intereses propios, nuevos o viejos, que es más grande que lo que uno quiere. Es dejar las visiones de grupo, partidistas, personales y politizadas de todos: gobierno, políticos, empresarios, medios y ciudadanos. En la transición democrática española se logró con un juego que inspiraba y en el que ganaban todos, un ganar-ganar: la inclusión de lleno de España en lo que hoy es la Unión Europea (UE) para cerrar las brechas respecto a otros países del continente y avanzar en términos de progreso económico y social. Y esa historia es conocida. Esta transición de la que hablamos para México es como la sudafricana en la que no se trató de sustituir una supremacía por otra, sino de trabajar juntos.

De esta forma, el mayor reto de la nueva administración es crear un país que funcione para todos, en el que se atienden las necesidades tanto de unos como de otros, en las que se prioriza sin excluir. Es válido proponer un cambio y buscar que se atiendan asuntos que se han dejado de lado. Y el cambio no es algo que, necesariamente, nos gusta como seres humamos. Trae aparejado incertidumbre y costos. Sin embargo, ser incluyente no implica nada más traer nuevas propuestas y prioridades mientras desechamos las anteriores. Implica hacerlas compatibles de la mejor manera posible y, por qué no, encontrar nuevas maneras de hacer las cosas que facilitan objetivos comunes. Ser incluyente implica definir nuevas prioridades sin desatender las de los demás. Es la noción de que la convivencia y las interrelaciones entre las personas en una sociedad no son sustitutas sino complementarias. Es pensar desde una mentalidad de abundancia, de construir un país incluyente que implica hacer espacio para las preocupaciones, problemas y asuntos de todos de la mejor manera posible. Es ver un México funciona para todos, no un “quítate tú para ponerme yo”. No es traer mis propuestas para desechar los de los otros. No es el México de mis prioridades vs. el México de las de otros. Es, precisamente, una reconciliación nacional. Entre lo que se ha logrado y se tiene, y lo que falta. Es descubrir lo que falta para ponerlo sin desechar lo que se tiene. Un verdadero reto de liderazgo, de dejar lo de uno para ir por lo de todos con todo lo que esto implica. Es la oportunidad de la reconciliación nacional.

 

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