Morena no tiene, por ahora, los votos suficientes para aprobar la Reforma Electoral que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados. Por eso, están iniciando una suerte de movilización y difusión en los estados que les permitirá ejercer presión en los legisladores, pero al mismo tiempo el desplegar propaganda.
La oposición se mantiene firme en su negativa de respaldar la propuesta, pero los problemas en los que encuentra la dirigencia del PRI son una señal de alarma.
Es un juego de fuerzas que definirá las condiciones en que se realizarán las elecciones en el 2024. La lógica indicaría, como lo planteó el secretario Ejecutivo del INE, Jacobo Molina, que no es el tiempo de cambios profundos y más bien los esfuerzos deberían enfocarse a las tareas que se tienen para organizar el proceso por el que se elegirá nada menos que al próximo mandatario o mandataria.
Pero la lógica ya no es lo que impera. Lo más delicado, es que la iniciativa misma es un despropósito que generaría romper con la equidad y comprometería el sustento técnico y profesional del sistema que hasta ahora ha funcionado y que, entre otras cosas, ha permitido, tres alternancias en la presidencia de la República.
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La cancelación del financiamiento ordinario de los partidos políticos, para solo mantenerlo en periodo de competencia, suena atractivo, pero es un error de proporciones mayores que dotaría a quienes tienen el poder, de mayor poder, porque al mismo tiempo se propone cambiar el modelo de comunicación política, para liberar la participación de los servidores públicos, pero sin que se quiten trabas en la participación ciudadana en la difusión y contratación de propaganda, por dar un ejemplo.
Al INE lo quieren desaparecer, borrando estructuras y manteniendo algunas de carácter temporal, como si la organización de las elecciones no fuera una tarea permanente. Un cabo suelto, acaso de los más inquietantes, es que no queda claro a quién correspondería el mantenimiento del Padrón Electoral y de todo lo que de ahí depende, entre otras cosas, la credencialización, la que se ha convertido en el instrumento de identificación oficial más útil y seguro.
La elección de consejeros y de magistrados electorales por voto popular, rompería con la idoneidad que se requiere para desempeñar esos cargos, los que en modo alguno tienen que ser representativos y sí, en cambio, profesionalmente calificados.
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Además, es absurdo pretender que eso le daría un carácter ciudadano a la autoridad electoral, cuando en realidad la dejaría en manos de los partidos.
Una de las debilidades de la iniciativa, es que no responde a criterios impulsados por la experiencia reciente y más bien reflejan un apetito por aumentar el poder y la influencia del partido en el poder.
Tan es así, que ni siquiera en Morena tienen claridad de lo que se está proponiendo, al grado de aún ahora señalan que una de las ventajas de la propuesta es que se suprimirán los diputados plurinominales, cuando en realidad ocurrirá lo contrario: todos serán elegidos por representación proporcional en listados estatales.
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