Aún sin poder declarar la reforma como un éxito, México atestigua el nacimiento de un nuevo paradigma para su sector de petróleo y gas con la vista puesta en la modernidad.

 

Por Carlos Linares García y Alejandro Zavala Rosas

La anhelada reforma constitucional en materia energética comienza a dar señales promisorias para la industria petrolera mexicana y el país en su conjunto, sustentadas en el apego satisfactorio de las autoridades federales a los calendarios propuestos para la emisión de la legislación secundaria y los procesos de licitación, así como en el interés que dichos procesos han despertado en un número importante de compañías nacionales e internacionales. Aún sin elementos suficientes para declarar la reforma como un éxito, es indudable que México atestigua el nacimiento de un nuevo paradigma para su sector de petróleo y gas con la vista puesta en la modernidad.

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Ante la inquietud de muchos, la reforma energética se comienza a materializar en un entorno coyuntural adverso sin precedentes modernos, tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito internacional, la recomposición de los polos de producción petrolera habilitada por nuevas tecnologías de extracción y la reacción de los grandes países productores para contener los efectos geopolíticos de dicha recomposición, se han traducido en un entorno de precios castigados del petróleo crudo, sin una recuperación previsible a los niveles registrados hasta inicios de 2014. Por su parte, en México continúa la caída secular en los niveles de producción de crudo, resultado tanto de factores naturales como de las limitaciones financieras, operativas y tecnológicas que la petrolera estatal ha enfrentado en años recientes. Todo parece indicar que los niveles de producción pudieran tocar fondo antes de iniciar una recuperación, en función del impasse que supone el proceso de reestructura de Pemex y el lapso de algunos años que comprensiblemente tomarán los nuevos contratos de exploración y extracción para traducirse en niveles de producción robustos.

En este entorno, hoy más que nunca el éxito de la reforma energética en materia de hidrocarburos se vuelve imperante para garantizar la sostenibilidad financiera del sector público e impulsar un crecimiento económico vigoroso más allá de los tímidos registros de los últimos años.

No han faltado las voces que se han adelantado a decretar el éxito de la reforma en función del alto número de empresas que han expresado su interés en participar en las primeras dos convocatorias de la Ronda Uno de contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. Sin duda, es gratificante atestiguar que, a la fecha, más de 30 empresas han iniciado el proceso de precalificación para las citadas convocatorias. Más allá del número de participantes, es de destacar la calidad y variedad de empresas interesadas, que van desde las grandes petroleras globales verticalmente integradas, hasta empresas de capital 100% mexicano, pasando por empresas petroleras estatales de diversas latitudes.

Sin demeritar las buenas noticias, es preciso advertir que el amplio interés mostrado por la iniciativa privada para realizar grandes inversiones en las actividades de exploración y producción no debe valorarse como una garantía del éxito de la Ronda Uno en particular y de la reforma energética en su conjunto. Más allá de esto, el éxito de la reforma debe ser medido en función del cumplimiento de los objetivos planteados por ésta en el sentido de maximizar los beneficios para el Estado mexicano a través de la maximización de la captura de la renta petrolera, aunada a la consecución de un patrón de explotación óptimo a lo largo del tiempo. El logro efectivo de estos objetivos depende en gran medida del diseño de contratos que alineen los intereses e incentivos públicos y privados, así como de la instrumentación de procesos licitatorios vigorosos, competitivos y transparentes, en un entorno de flexibilidad, certidumbre jurídica y apego irrestricto a los estándares internacionales de seguridad y medio ambiente.

En vista de lo anterior, la Secretaría de Energía (Sener), como responsable del diseño de los contratos, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), como responsable del diseño e instrumentación de los procesos de licitación, deberán prestar puntual atención a los elementos que, en ambos casos, se vislumbran como factores que pudieran jugar en contra del cumplimiento de los objetivos anteriormente expuestos, como es la prominente regulación de las operaciones de los contratistas, la cual se hace palpable en el alto número de autorizaciones requeridas para el desempeño de sus operaciones del día a día, los copiosos requisitos de reporteo, y la minuciosidad y limitada flexibilidad de los presupuestos y planes de trabajo requeridos previo al inicio de operaciones.

A lo anterior se adicionan las reglas estrictas de contenido nacional, los detallados lineamientos de procura para los contratistas, y un régimen fiscal susceptible de mejoras en cuanto a certeza y estabilidad se refiere.

Para diversos actores del sector petrolero, la elección del modelo de contrato de Producción Compartida bajo la modalidad de gastos recuperables, a través del cual los contratistas obtienen como parte de sus contraprestaciones en especie un monto equivalente a sus costos de exploración y extracción, impone al esquema una alta carga administrativa, tanto para los órganos gubernamentales como para los contratistas, en función de la necesidad de crear estructuras burocráticas y administrativas adicionales que administren los procesos de registro, aprobación, auditoría y pago de los gastos recuperables, con especial énfasis en la verificación de que los gastos incurridos por los contratistas con sus partes relacionadas se realicen a valores de mercado.

Otro aspecto importante se refiere al grado de flexibilidad que los contratos y procesos de licitación deben otorgar para crear un entorno favorable para la inversión y la eficientización de los proyectos de exploración y extracción, tanto con respecto a la asociación entre empresas para el desarrollo de proyectos de gran escala, como para la cesión y adquisición de los intereses en los contratos (farm ins y farm outs) entre participantes durante la vida de los proyectos.

Con respecto a lo anterior, es importante notar que en el entorno actual de precios deprimidos del petróleo crudo, la actividad de fusiones y adquisiciones en la industria petrolera se ha visto incrementada a nivel global, y es de esperarse que esta tendencia se vea intensificada conforme la situación de precios bajos se prolonga en el tiempo. La anunciada compra de BG Group por parte de Royal Dutch Shell, ambas empresas interesadas en la Ronda Uno, así como la de Baker Hughes por parte de Halliburton, evidencian esta tendencia. Ante este entorno, los contratos y los lineamientos de licitación deben volverse lo suficientemente flexibles para adaptarse a la reconfiguración de la industria sin poner en riesgo la viabilidad jurídica y operativa de los proyectos.

Es entendible que en los primeros contratos y licitaciones el gobierno mexicano haya optado por privilegiar los aspectos de transparencia y control sobre los contratistas, a costa de otros elementos como la eficiencia operativa y administrativa. Cualquier atisbo de irregularidades o percepción de abuso en los primeros contratos pudieran restar legitimidad al esquema y eventualmente poner en riesgo la continuidad de la reforma misma, un escenario indeseable desde cualquier punto de vista.

No obstante, es un hecho que la captura de la renta petrolera por parte del Estado mexicano tenderá a acercarse a su objetivo de maximización en cuanto los esquemas se vuelvan menos costosos y rígidos, y muestren un mayor grado de certidumbre para los inversionistas. Las mejoras implementadas por la Sener y la CNH de manera efectiva en los modelos de contratos y procesos de licitación en la segunda convocatoria de la Ronda Uno, son una muestra clara de su disposición para escuchar a los diferentes actores y adecuar los procesos para una alineación correcta de los intereses públicos y privados. Es de esperarse que conforme avancen las rondas de licitaciones, las autoridades gubernamentales a cargo del sector seguirán gestionando mejoras como resultado de las lecciones aprendidas en las primeras fases. Bajo esta dinámica se podrá agilizar el tránsito del gran interés por la reforma hacia un verdadero éxito.

 

Carlos Linares García es economista principal de la práctica de Energía, y Alejandro Zavala Rosas es asociado de la práctica Fiscal, ambos integrantes de la firma legal Baker & McKenzie.

 

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LinkedIn: Baker & McKenzie México (Grupo)

Página web: Baker & McKenzie in Mexico

 

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