Abrir la puerta al déficit sin tener certeza en los niveles de ingresos tributarios podría implicar un retroceso en la estabilidad macroeconómica lograda en los últimos 15 años, advierte el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa.     La adopción de una Regla de Balance Estructural, propuesta en la Reforma Fiscal, podría abrir la puerta a tomar más deuda de la proyectada y sacar de balance los fundamentales de la economía, la única carta fuerte con la que cuenta el gobierno, advirtió el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa. “El endeudamiento público propuesto en la Reforma Hacendaria está fundamentado en un conjunto de supuestos macroeconómicos muy ambiciosos, como un crecimiento económico mayor al 3% y el aumento real de las exportaciones de 6.8%, que podrían no concretarse”, señala  Edna Jaime, directora de México Evalúa. El problema mayor, dice, no es la proyección de déficit, sino el conjunto de disposiciones que podrían complicar el panorama fiscal, pues si bien la adopción de una Regla de Balance Estructural permite al gobierno aumentar el gasto en tiempos adversos y moderarlo cuando la economía es boyante, el actual cálculo de déficit permitiría considerar al gobierno un margen mayor para tomar aún más deuda. “México es el único país en el que el déficit se calcula antes de una inversión como la de Pemex, hay ejemplos donde la adopción de esta regla han sido positivos, como Chile; sin embargo, en México no existen las mismas condiciones para adoptarla, la falta de transparencia en el gasto y la volatilidad internacional permiten suponer que colocar más deuda en mercados internacionales no es la mejor estrategia en este momento”, explica. Una de las causas por las que se considera una mala idea el tomar más deuda, es que  el 95% de la recaudación de nuevos impuestos y la deuda no se dirigiría a la Seguridad Social Universal. “La Regla permitiría que el gobierno gastara más, pero en la práctica no hay actualmente las condiciones para evaluar y determinar que tenemos un presupuesto basado en resultados, además, para adoptar un esquema así se requiere certeza sobre los ingresos por recaudación, algo que no está proyectado”, explica Marco Fernández, director de investigación. México Evalúa considera positivo que la reforma proponga una serie de medidas sociales, sin embargo, afirma que éstas deben ser abordadas una vez que se discuta la reforma de Seguridad Social en 2014, pues por un lado el congreso cuenta apenas con 74 días para legislar la mayor reforma fiscal en las últimas décadas y por el otro, tan sólo la Pensión Universal implica que el gobierno adquiera un pasivo de entre el 17 y 25% del PIB con un costo fiscal anual que se incrementará de forma acelerada.   ¿Gasto social? En opinión de Mariana Campos coordinadora del Programa de Gasto Público y Transparencia, explica que al buscar cobrar más impuestos el gobierno debe ofrecer mayores beneficios, sin embargo, no se aborda un plan para mejorar las deficiencias en el manejo presupuestario. La analista explica que en México, las autoridades tienen la obligación de informar del gasto público de manera trimestral, mientras que en los países miembros de la OCDE la frecuencia es mensual.  Por otra parte, a la  Auditoría Judicial de la Federación le toma más de un año auditar el gasto mientras que la media global es de seis meses. Barclays explica que el déficit de 1 .5% planeado para 2014 implica que el déficit público total (incluyendo la inversión en Pemex) alcanzará 3.5% del PIB, el nivel más alto de déficit público desde 1989. El panorama luce complejo pues, aún con el déficit las inversiones de capital sólo aumentarían 0.22%, algo que no luce favorecedor si se toma en cuenta que la reducción prevista del déficit del 1.5% en 2014, al equilibrio en 2016, podría tardar más de lo que el gobierno tiene previsto si la economía no se recupera tan rápido, lo que hará más difícil recortar los gastos en el futuro. En qué gasta el gobierno. Algunas de las áreas que recibirán más presupuesto en 2014: Poder Judicial de la Federación: aumento de 17% Secretaría de Gobernación: Aumento de 60% Secretaría de la Reforma Agraria: aumento de 350%

 

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