El gobierno no plantea ningún esfuerzo de austeridad, por el contrario solicita incurrir en endeudamiento para sostener sus niveles de gasto, por lo que el costo de la reforma fiscal recaerá nuevamente en la sociedad y no en el gobierno.

 

 

Los impuestos no son incentivos por definición, por lo que su aplicación además de ser recaudatoria puede desestimular la actividad o el consumo del bien sobre el cual se aplica. En este sentido, la propuesta fiscal del gobierno cuya naturaleza es mayormente recaudatoria, también tenderá a desestimular algunas actividades o a generar un efecto substitución o desplazamiento hacia otras actividades.

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Dado que la propuesta fiscal del gobierno tiene como intención principal el aumentar los ingresos tributarios en alrededor de tres puntos porcentuales a través del aumento de impuestos, nuevos impuestos y reducción de exenciones y privilegios, su naturaleza es mayormente recaudatoria. Por el lado del presupuesto, el gobierno no plantea ningún esfuerzo de austeridad, por el contrario solicita incurrir en endeudamiento para sostener sus niveles de gasto, por lo que el costo de la reforma fiscal recaerá nuevamente en la sociedad y no en el gobierno.

En los casos del ISR y el impuesto a las ganancias de capital es posible que sus efectos sobre dichas actividades no sean tan importantes o genere desplazamientos. En el caso del IVA en la frontera es posible que pudiera verse algún efecto transitorio de consumidores que pudieran dejar de comprar en México para ir a comprar al otro lado, pero a la larga esto podría reducirse por los costos de transacción derivados de cruzar la frontera.

En el caso del impuesto a las bebidas azucaradas, a pesar de que tiene la buena intención de combatir la obesidad, es un impuesto altamente recaudatorio dada la preferencia de los consumidores por dichas bebidas. En este sentido, el consumo de refrescos no se va  a reducir significativamente ante el alza de precios, y con ello tampoco la obesidad, pero si va a incrementar las arcas del gobierno. Este es el mismo caso que el impuesto a los combustibles, cuyo objetivo era reducir el consumo y con ello la contaminación, lo cual hasta la fecha no ha sucedido en el país.

En el caso del impuesto a la educación privada, si bien pretende gravar a quienes más tienen, también podría generar más problemas que beneficios. En primer lugar, el gravar la educación privada no es un incentivo ni para las escuelas ni para las familias, por lo que lejos de incentivar  a la educación privada podría afectarla. En segundo lugar el impuesto podría generar cierta migración hacia las escuelas públicas, agravando con ello la calidad de sus egresados. En tercer lugar, dado que las escuelas privadas han servido en cierta medida de “válvulas de escape” al mundo de rechazados del sistema público, los pocos estudiantes que no puedan pagar las nuevas cuotas podrían verse tentados a enrolarse en actividades ilícitas.

Por lo tanto, el impuesto a la educación privada no solo no va a incentivar y mejorar la educación en el país sino que incluso puede generar distorsiones que vayan en detrimento del bienestar social de los mexicanos. De hecho, el impuesto le puede quitar la oportunidad de estudiar a muchos mexicanos que con tanto esfuerzo anhelan tener acceso a un sistema educativo de mejor calidad.

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