El riesgo que se corre al golpear a las organizaciones criminales es que éstas pueden contestar mediante actos de narcoterrorismo, como ha ocurrido en países como Colombia en la época más cruenta de Pablo Escobar.

 

 

Por Dr. Gilberto Santa Rita Tamés, profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana

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La detención de Joaquín El Chapo Guzmán Loera es un suceso cuya trascendencia jurídica todavía no dimensionamos. Las acciones desplegadas por el gobierno han demostrado que en la práctica la estrategia de combate a la delincuencia organizada ha cambiado. Se ha sustituido el uso de la fuerza maximizada por un mejor trabajo de investigación y estrategia.

El golpe al cártel de Sinaloa sin duda traerá como consecuencia un reacomodo a nivel de las esferas de poder en el interior de la organización. Si entendemos a las organizaciones criminales como sistemas ello implica que el entorno jurídico cuyo titular es el Estado, ha afectado sus operaciones. En otras palabras, el sistema Derecho se ha impuesto sobre el sistema criminal.

Sin embargo, en la práctica, la organización continuará existiendo y seguirá realizando actividades en el interior del sistema y fuera de éste. Las labores internas consistirán en la creación de una nueva esfera de poder cuyo liderazgo recaerá en Ismael El Mayo Zambada y en Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, miembros que habían manejado hasta ahora un perfil bajo y menos protagónico.

El Estado, entonces, habrá de continuar las acciones para la captura de los jefes de la organización mientras que al mismo tiempo va en busca de los líderes de otros grupos como los Caballeros Templarios en Michoacán. Sólo el tiempo nos dirá si la estrategia que en principio ha sido exitosa sigue dando frutos.

Las autoridades deben estar muy al pendiente frente a posibles reacciones de los sistemas criminales. El riesgo que se corre al golpear a las organizaciones es que éstas pueden contestar mediante actos de narcoterrorismo, como ha ocurrido en países como Colombia en la época más cruenta de Pablo Escobar. No obstante, será labor del aparato de espionaje gubernamental prevenir dichas acciones al máximo.

Desde un punto de vista netamente legal, el combate a las organizaciones criminales se realiza mediante normas y figuras pertenecientes a lo que jurídico-penalmente se ha denominado Derecho penal del enemigo. Esta tesis señala que el Estado deberá contar con sistemas normativos de alto nivel de especialización cuya labor ya no sea únicamente la protección a los ciudadanos sino el combate a la delincuencia organizada. Ambos objetivos van de la mano, ya que las organizaciones criminales vulneran los bienes y valores más importantes para la sociedad tales como la vida, la libertad y la seguridad, generando un clima de inseguridad que impide que las personas se desarrollen plenamente.

Ante este problema el Estado mexicano cuenta con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, norma especializada de combate a focos de especial peligrosidad. Los cárteles de la droga son combatidos mediante esta legislación de excepción y se han obtenido logros importantes como la detención de El Chapo.

El combate a las organizaciones criminales en México habrá de continuar mediante las siguientes líneas de acción: adelantamiento de la barrera de protección ciudadana, mantenimiento de las penas contundentes y reducción de ciertas garantías procesales. Así, con estos parámetros opera la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Los retos que ahora deberá enfrentar México seguirán siendo importantes y los ciudadanos continuarán siendo escépticos mientras no vuelva la seguridad a múltiples regiones del país y las personas puedan desenvolverse a plenitud.

 

 

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