Para nadie es un secreto. Durante décadas, la falta de instrumentos de planeación urbana y el hecho de que el Estado Mexicano abandonara su papel como rector en la materia, dio como resultado que las ciudades de nuestro país crecieran de manera masiva y desordenada.

Cito unos ejemplos. Entre 1980 y 2010, nuestra población urbana creció dos veces, mientras la superficie de las ciudades lo hizo siete veces; es decir, la falta de planeación favoreció un crecimiento extensivo y horizontal. La gente vive lejos de los centros de trabajo y pierde horas en el transporte con la consecuente caída en su productividad.

Este crecimiento también generó desigualdad y pobreza. De hecho, 60% de quienes viven en esta condición en nuestro país se ubica en las ciudades.

Por si fuera poco, el 68% de nuestros centros urbanos son vulnerables ante desastres naturales por lo que, si no actuamos a tiempo, podrían incrementarse como consecuencia del cambio climático.

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Nuestras ciudades han sido construidas para el automóvil y nos hemos olvidado de los eslabones más débiles de nuestra cadena: niñas, niños, personas de la tercera edad y con discapacidad.

Frente a esta perspectiva, el presidente Enrique Peña Nieto decidió no cruzarse de brazos. Convencido de que el Siglo XXI es el de la Reforma Urbana puso en marcha políticas públicas, de las cuales podemos citar algunas.

Por principio, fue gracias a la visión del Presidente que nació la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que el Estado recuperara su papel como el gran rector de la planeación y del crecimiento de nuestras ciudades.

En el pasado, tanto en México como en otros lugares del mundo, fueron los gobiernos locales quienes tuvieron la responsabilidad del desarrollo urbano y la gestión del suelo, a veces sin tener una adecuada preparación.

Se perdió de vista la política nacional de desarrollo urbano; se perdió de vista la rectoría del Estado en materia urbana y de planeación de las ciudades.

En segundo lugar, esta administración ha puesto en marcha una Nueva Política de Vivienda que constituye un nuevo paradigma: viviendas más amplias, cerca de fuentes de empleo o de medios de transporte y con servicios y equipamiento urbano.

Hoy contamos con Perímetros de Contención Urbana para que los desarrollos se construyan en zonas perfectamente definidas, promoviendo la redensificación.

Lo que no se mide no se puede evaluar. Por ello, junto con ONU-Hábitat hemos creado un Índice de Prosperidad Urbana que evalúa a 152 ciudades mexicanas y que será una herramienta para tomar decisiones y establecer políticas públicas en la materia.

Adicionalmente, volviendo al tema de la vulnerabilidad, se ha elaborado una Guía de Resiliencia para no volver a construir en zonas de riesgo y adaptarnos a una realidad como es el cambio climático.

El Poder Legislativo también ha hecho su parte al aprobar una nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que permite coordinar a los tres niveles de gobierno y seguir construyendo este gran proyecto que conocemos como la Nueva Agenda Urbana.

Un elemento fundamental de esta Agenda es el Derecho a la Ciudad; es decir, concebir nuestros centros como un bien público, como motores de desarrollo económico y social, accesibles para todos y donde se respeten los derechos de todos y todas.

Todos estos temas han sido impulsados por el Gobierno de la República en las reuniones internacionales del más alto nivel, como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable (Hábitat III) y el Foro de Crecimiento Verde y Desarrollo Sustentable de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre otras.

 

Contacto:

Twitter: @Rosario_Robles_

Facebook: rosarioroblesberlanga

Página: gob.mx/sedatu

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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