La elaboración de una estrategia que persigue objetivos claros y específicos para República Dominicana de cara a 2030 constituye en sí misma un avance importante. No obstante, ha habido rezagos en la consecución de las metas más específicas en los plazos que establece la propia Estrategia Nacional de Desarrollo.

 

Por Windler Soto

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Casi dos siglos de la existencia de República Dominicana han sido matizados, en gran parte, por la inestabilidad política y la pobreza de la mayoría, una realidad histórica que la nación se ha propuesto cambiar guiada por la Estrategia Nacional de Desarrollo (EDN), un instrumento que sirve de referencia al gobierno y a toda la sociedad sobre qué políticas implementar y cómo hacerlo para alcanzar aquellos parámetros que distinguen a un país “desarrollado”.

El 25 de enero de 2012 fue promulgada la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030. Las autoridades la describieron como una muestra del compromiso y la voluntad de la nación de encauzar mejor su destino, mediante lineamientos de acción claros, efectivos y consistentes en el tiempo.

De acuerdo al Ministerio de Economía, catalizador de los esfuerzos para sacar adelante el proyecto ya convertido en ley, la estrategia es la base para establecer una cultura de planificación y del accionar de las políticas públicas con una visión de largo plazo para el desarrollo del país, la superación de la pobreza y la elevación del bienestar de la población dominicana.

La END es el resultado de un proceso de estudios, debate y consultas con los más variados entes que componen la sociedad, desde instituciones del sector público hasta grupos culturales de jóvenes y niños. De esta forma se ha pretendido escuchar y conocer las posturas de toda la sociedad que, a través de distintas vías, se expresaron y contribuyeron en la elaboración del proyecto que hoy es la estrategia.

La visión es convertir a República Dominicana en “un país próspero, donde las personas vivan dignamente, apegadas a valores éticos y en el marco de una democracia participativa que garantice el estado social y democrático de derecho y promueva la equidad, la igualdad de oportunidades y la justicia social, que gestione y aproveche sus recursos para desarrollarse de forma innovadora, sostenible y territorialmente equilibrada e integrada, y que se inserte competitivamente en la economía global”.

En la actualidad, la estrategia avanza con ciertas dificultades para su aplicación. Según el ministro de Economía, Temístocles Montás, solo 17 de los 90 indicadores de la end alcanzaron las metas establecidas para 2015. Mientras que otros 55 indicadores se encuentran encaminados a ser satisfechos, en contraste con 2012 donde solo 39 alcanzaron esa meta.

Otros 23 indicadores tienen altas posibilidades de alcanzar las perspectivas en este año, 32 tienen bajas posibilidades de alcanzarse, siete están estancados y 18 han empeorado.

Proceso

Para la elaboración de la estrategia fueron consultadas 1,425 organizaciones, 7,679 personas a través de más de 58 encuentros celebrados en todo de República Dominicana. Mientras que para la creación de los consensos en torno al anteproyecto de ley jugó un papel importante el Consejo Económico y Social, al que la legislación le otorga la capacidad para consensuar los tres grandes pactos que se necesitan para encarrilar el desarrollo.

La END se sostiene en cuatro ejes esenciales, cada uno con sus objetivos específicos. El primero está llamado a establecer un estado social democrático de derecho, contando con instituciones que actúen con ética y transparencia. Todo, con el fin de crear una sociedad responsable y participativa, que garantice la seguridad y promueva la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.

El segundo eje está enfocado en la gente y busca lograr una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, con educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad. En ese sentido, se persigue la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

El otro eje persigue la mejora sustancial del sistema económico, de manera que se convierta en un instrumento integrador en términos sectoriales, territoriales y poblacionales, de forma que se pueda construir una sociedad más cohesionada y equitativa. Para ello se pretende transformar el tejido productivo y mejorar los niveles de competitividad de las empresas, de forma que se puedan generar las divisas necesarias para apuntalar el crecimiento.

El cuarto eje habla de llegar a tener una sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible, que se adapta al cambio climático, lo que quie­re decir que gestione con equidad y efica­cia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Cada eje tiene definidos sus objetivos, líneas de acción, indicadores y metas en la ley.

Pactos

Los estudios que dieron con la END han determinado que el país debe prestar especial atención de forma impostergable a tres temas centrales, que derivarían en tres pactos entre todos los sectores de la sociedad: educativo, eléctrico y fiscal.

El año pasado se arribó a la firma del primero de ellos, el pacto educativo. Este año se abrió el plazo para la presentación de propuestas para la firma del eléctrico a mediados de año. Todavía falta que el Poder Ejecutivo tome la iniciativa para abrir el proceso de consultas y posterior rúbrica del mismo.

La responsabilidad de motorizar los pactos recae sobre el Consejo Económi­co y Social (CES), donde deben darse los debates para concretar los pactos con la participación de distintas fuerzas econó­micas y sociales de la nación.

También se creó el Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación para revisar el cumplimiento de los objetivos y metas, midiéndolos desde el punto de vista de la eficacia, eficiencia, calidad, impacto y sostenibilidad de las políticas, programas y proyectos en curso o planeados en los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, con la finalidad de fundamentar las decisiones sobre continuidad.

Las normas y metodologías para esta faceta las define el Ministerio de Eco­nomía en coordinación con otras insti­tuciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. La participación social está contemplada a través del CES. Anualmen­te, se prevé una reunión de seguimiento y revisión sobre la base de un informe para tales fines preparado por el Ministerio de Economía. La reunión debe convocarla el presidente de la República. Además, en julio del año en el que termine una gestión de gobierno se hará una revisión de me­diano plazo sobre la base de un informe para el que habrán contribuido organiza­ciones nacionales e internacionales con estudios y análisis independientes.

Con las conclusiones de dicha reunión, el CES debe aportar medidas y acciones a aplicar durante el siguiente periodo de gobierno como prioridad. Si se requieren adecuaciones o modificaciones a la ley, habrá que presentar un proyecto para tales fines. La revisión final tendrá lugar en 2029 y tendrá lugar sobre la base de un informe apoyado en estudios independientes.

 

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