Por Santiago F. Arroyo S.*
“Una transformación del sector energético del país y el pretendido rescate de sus pilares empresariales productivos, implican un cisma en los éstos; resurgir en basamentos corporativos que brinden un valor a la nación, siguiendo la dinámica del contexto actual como Nación y su lugar en el mundo”[1]
En innegable que la nueva administración pública federal trajo consigo una visión nacionalista y con un espíritu de transformación en el sector energético del país, sobre todo en la que incumbe en a la industria petrolera; este idealismo e ideas de cambio de timón no son nuevos, ya eran evidentes en el “Proyecto Alternativo de Nación” planteado por Andrés Manuel López Obrador desde la campaña presidencial de 2018[2]. Documento mediante el cual se plantea una preponderancia de Petróleos Mexicanos como pilar fundamental del sector energético nacional, con independencia del trasfondo personal del ahora presidente.
Esta visión se materializó ya en 2019 con el “Plan Nacional de Desarrollo”, mismo que se publicara en el Diario Oficial de la Federación en julio de 2019, dónde se establece en el eje número III, titulado “Economía”; específicamente en el rubro denominado “Rescate del sector energético”, que versa textualmente:
“Un propósito de importancia estratégica para la presente administración es el rescate de Pemex y la CFE para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional. En ese espíritu, resulta prioritario rehabilitar las refinerías existentes, que se encuentran en una deplorable situación de abandono y saqueo, la construcción de una nueva refinería y la modernización de las instalaciones generadoras de electricidad propiedad del Estado, particularmente las hidroeléctricas, algunas de las cuales operan con maquinaria de 50 años de edad y producen, en general, muy por debajo de su capacidad. Ambas empresas recibirán recursos extraordinarios para la modernización de sus respectivas infraestructuras y se revisará sus cargas fiscales.”[3]
Siendo así que es evidente la disposición del Presidente de la República y su gabinete energético en llevar a cabo una reedificación de la empresa productiva del Estado; sin embargo, la enorme flexibilidad del marco legal en materia de Constitucional y en Hidrocarburos vigente desde 2013, así como la complejidad técnica y financiera que derivan en la operatividad de las empresas del sector, sobre todo en el rubro de exploración y producción, ha puesto a PEMEX en una calidad de “herramienta” en las manos del Poder Ejecutivo Federal con la finalidad de generar grandes recursos económicos y valor a la nación a través de la eficiencia financiera y técnica, dejando atrás el simbolismo político con el que era manejada antes de 2013.
Muestra de ello, son los datos que vierte el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, dependiente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dentro de la cual nos muestra la siguiente información de 2016 a 2020:
Gráfica que detalla cómo el Poder Ejecutivo Federal, de manera coordinada entre la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos de forma individual, así como en su conjunto con empresas privadas y éstas últimas como operadores en “solitario”, muestran que la tendencia en la producción corre al alza, lo que se traduce en una prospectiva de mejores ingresos por esta actividad.
Así pues, se confirma con datos que PEMEX bajo la óptica de la legislación en materia de hidrocarburos, se coloca a la EPE como un jugador preponderante y con ciertas ventajas por encima de los privados o los consorcios (Asignaciones, incentivos y apoyos fiscales, colocación de recursos públicos y la famosa Ronda 0); sin embargo, hay que recalcar que la petrolera del Estado viene arrastrando serios problemas financieros y operativos, por citar algunos, las naturales declinaciones de complejos petroleros como Cantarell (2004) y Ku-Maloob-Zaap (2014), que se sumaron a la crisis petrolera del 2008, las no menos importantes crecientes problemáticas sobre los pasivos laborales (sindicato y trabajadores en retiro), Pemex Transformación Industrial en el área de midstream y downstream (las malogradas reconfiguraciones en refinación, almacenamientos obsoletos y retail de refinados en su decreciente franquicia PEMEX); Pemex Gas y Petroquímica Básica con sus conocidos casos de errores de cálculo financiero en los proyectos de Etileno XXI y Agronitrogenados. Todos estos supuestos a los que se les agregan las actuales coyunturas de la crisis petrolera de la OPEP y la destrucción de la demanda en petróleo y petrolíferos por la pandemia por la enfermedad de Coronavirus y el direccionamiento de valiosos recursos a rubros a la Refinería Dos Bocas, mismos que pudieran ser destinados a otras áreas de negocio más rentables.
Lo anterior provoca que en 2019 y 2020, la empresa productiva del Estado arroje resultados desastrosos y descalificaciones en sus bonos, provocando una perspectiva sumamente negativa sobre la misma, y que, en un contexto empresarial lógico de lugar a considerar diversas acciones corporativas contundentes, ya ni siquiera para “rescatar” a la empresa, sino en todo caso, para darle una salida con dignidad sin afectar en demasía la ya de por sí dañada economía nacional.
Así pues, al tener contextualizada la intención del presidente de la República sobre la industria petrolera y petrolífera del país dentro de la cual se le conceda un “trato especial” a PEMEX; como ya hemos visto en las acciones emprendidas tanto por el presidente mismo y la titular de la Secretaría de Energía, mediante las cuales han capturado a la Comisión Reguladora de Energía con nuevos integrantes que poco conocen sobre el mercado energético del país, pero cuentan con un gran idealismo sobre el sector[4]; así como los constantes conflictos jurisdiccionales con empresas energéticas y, por último, las referencias de “no modificar” el marco constitucional y legal, pero sí de hacer uso de éste en favor de las empresas productivas del Estado, minimizando o anulando a la iniciativa privada y sus sólidos resultados.[5] Pero que en su intento, el Poder Ejecutivo se ha visto limitado en su ejecución, por lo que se ha planteado públicamente una reforma constitucional en diversas ocasiones.
En este sentido, el presidente López Obrador, se vislumbra en una suerte de “Lázaro Cárdenas moderno” que vendrá a generar las glorias petroleras del pasado distante; basta y sobra con observar la última conmemoración de la “Expropiación Petrolera”[6] en la que se pudo percibir el misticismo político de este acto unilateral del Estado mexicano de 1938 y que diera lugar al posterior nacimiento de PEMEX.
Con independencia a lo anterior, el país ofrece una serie de oportunidades palpables para poder retomar el valor de éste en la industria petrolera, petrolífera y petroquímica; tal como lo muestra la información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se cuentan hasta con 112.9 MMdb de crudo equivalente, así como la siguiente gráfica en materia de gas:
Siendo gran parte de esos recursos posibles y alcanzables para el Estado mexicano mediante la potencialización de métodos no convencionales (fracking) e inversiones en exploración y producción con la participación de privados, quienes pueden proveer de los tan necesarios recursos financieros, lo cuales el Estado no cuenta y mucho menos PEMEX.
En este sentido, llegamos al clímax de la lectura, dónde ha quedado demostrado que con PEMEX es imposible comenzar a explotar estos recursos que son constitucionalmente propiedad de la Nación mexicana, ya que continuaríamos con el circulo vicioso del déficit financiero, entonces, llegamos a la pregunta obligada ¿Cómo lograr esto bajo el contexto de las actuales políticas de la administración pública federal?
Aquí es dónde nace la idea que, en no contadas ocasiones se ha considerado por asesores y expertos en la materia, el suscrito no es la excepción; la creación de una nueva Empresa Productiva del Estado. Esta idea que, quizá para algunos se antoje descabellada, no está en conflicto con el andamiaje jurídico actual, dado que desde la Constitución se hace referencia que la explotación de hidrocarburos será a través de las “Empresas Productivas del Estado” en consorcio con particulares y/o éstos últimos bajo esquemas contractuales de forma individual; y no hace referencia alguna a Petróleos Mexicanos de manera textual o específica.
Por lo que en este sentido toma importancia el espíritu transformador del presidente, así como su ideario nacionalista con la finalidad de dejar un legado en la historia del país; cobrando total sentido su intención de ser el “Lázaro Cárdenas del siglo XXI”, ya que el contexto en general, es sumamente favorable para una propuesta de esta envergadura, dado que cuenta con el marco legal para generar una “NUEVA PEMEX”, así como el capital político en el poder legislativo para que una propuesta así sea una realidad, incluso para poder lograr un pacto político en las Cámaras que siente las bases de una tregua entre las diferentes fuerzas, sin soslayar el hecho de que esta “Nueva Pemex” pueda ser la génesis de una reconciliación con el sector empresarial mexicano y extranjero.
Obviamente, esta nueva empresa obradorista productiva del Estado, sólo es posible cumpliendo la promesa de “no tocar la Reforma Energética de 2013”, teniendo así las condiciones para plantear una transformación del sector energético y su continuidad, bajo las premisas de rendición de cuentas, cuidado al ambiente y eficiencia de recursos.
Sin embargo, el gran problema de una propuesta así no es su creación legal, sino su puesta en marcha, así como el reacomodo financiero, operativo, laboral; pero aún así, hablando al aire, esta “Nueva PEMEX” pudiera tomar las áreas de negocio que aún generan valor en la actual Pemex, tal como Pemex Internacional, Pemex Exploración y Producción, así como Pemex Gas y Petroquímica Básica; dejando de lado a Transformación Industrial y Logística en sus entuertos con refinación, almacenamientos, transporte y retail (gasolineras); convirtiendo a las primeras en cita en una suerte de operadoras y la “Nueva PEMEX” en calidad de tenedora o “holding”, lo que en teoría, se traduciría en un nuevo contexto financiero para el Estado, desde una perspectiva al interior y más importante aún, mostrando una firme intención al exterior de solucionar los problemas estructurales en materia económica del país; al tiempo que genera una despresurización de recursos, al no tener que cargar con los grandes costos financieros del Sistema Nacional de Refinación y el downstream, los que al final, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pudiera diseñar planes de recuperación económica de la antigua Pemex. Vaya, estamos hablando de una forma de diversificación y rediseño corporativo (que es muy necesario para Pemex), pero con su justa medida de patriotismo e idealismo político.
Aún así, todas las oportunidades que nos brindan los recursos naturales de México y que se encuentran debidamente documentados por la CNH, tendrían una oportunidad de ver la luz; y de esta manera plantear un esquema de aprovechamiento que trascienda los años y sexenios; tomando las grandes fortalezas que la experiencia de 82 años que tiene el Estado en la industria, así como el capital privado que potencializaría estos esquemas de producción, bajo la vigilancia y control que provee la CNH y Hacienda, logrando una hegemonía social, empresarial y política, así como un atisbo reconciliatorio a este fraccionado y lastimado país.
En este sentido, el actual Gobierno Federal pudiera generar un proyecto a largo plazo de “rescate del sector energético” en materia petrolera, sin caer en ilegalidad, captura regulatoria, descalabros financieros y con una propuesta que políticamente se antoja redituable para el mandatario y su gabinete. Pero, en fin, es solamente una idea para generar una segunda vía en la petroindustria nacional, con el menor dolor posible.
[1] Santiago Fabián Arroyo Seguedo
[2] Punto 14 del “Proyecto Alternativo de Nación 2018-2014”; Andrés Manuel López Obrador; 2018. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/94946/CGor201801-31-ap-20-8-a1.pdf
[3] Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación, 12 de julio de 2019.
[4] Fernanda Ballesteros, “La artera captura del Estado en el sector energético”, México Evalúa, 2020; https://www.mexicoevalua.org/la-artera-captura-del-estado-en-el-sector-electrico/
[5] AMLO considerará una nueva reforma constitucional para fortalecer a Pemex y CFE, Forbes México, 2020; https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-considera-reforma-constitucional-para-fortalecer-pemex-y-cfe/
[6]Crónica de la Conmemoración del 82 aniversario de la Exporpiación Petrolera, Forbes México, marzo 2020; https://www.forbes.com.mx/cronica-el-evento-petrolero-que-ignoro-la-pandemia/
Contacto:
Santiago F. Arroyo S., director general de la Consultora Ursus Energy.*
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