Por Steve Forbes

El movimiento para que el estado de California se separe de la nación estadounidense, al que sus defensores llaman Calexit, está ganando, si bien no apoyo, mucha publicidad. Una encuesta muestra que un 32% de los demócratas ya está listo para votar a favor del referéndum de separación. Las firmas de petición están siendo recolectadas para poner el asunto en cuestión en la boleta electoral. Un grupo de partidarios del movimiento ha recibido apoyo financiero de, sí, adivinaron, Rusia.

La idea en sí es totalmente absurda. Estados Unidos no es la Unión Europea. Esta unión fue una medida tomada desde el principio para ser perpetua, y hasta hoy día, los ciudadanos que desafiaron la historia pueden recordar lo que ocurrió en 1861, cuando 11 estados se pusieron del lado contrario. Todos esto son síntomas consecuentes del estado tenso, o bien histérico, de la política americana actual. (Definitivamente, el mundo entero parece estar desmoronándose, especialmente Europa.)

Mientras tanto, independizados o no, el Golden State, liderado por el gobernador Jerry Brown, amenaza con retener dinero de Washington si la administración de Trump sigue firme con cumplir su promesa de eliminar las “ciudades santuario”, mismas que se niegan a cooperar con los funcionarios federales en la aplicación de las leyes migratorias, particularmente en la referente a identificar presuntos delincuentes. Brown ha clamado, enfurecido, que si Washington intenta tal cosa, California se convertirá en un ‘estado santuario.’

Tal desafío de Brown y compañía —ignorando las leyes nacionales con las que no comulgan— tiene una historia un tanto sórdida. En algún momento, esta iniciativa se conoció como “anulación,” una doctrina de 1820 del apologista de la esclavitud, John C. Calhoun, quien postuló que un estado tenía el derecho de anular las leyes que consideraba “erróneas” y/o “nefastas.” Mientras Calhoun veía la anulación como un arma para preservar la esclavitud, la idea se evocó originalmente en respuesta a un proyecto de ley arancelaria que había promulgado el Congreso y que impactaba considerablemente en las importaciones con aumentos en los impuestos o generando nuevos. Los sureños, mucho más dependientes de la importación que de la manufacturación, como los del norte, calificaron esta medida arancelaria de “abominable.” Calhoun, quien fuera vicepresidente en su momento, fue mucho más allá de la oposición verbal e hizo que su estado natal de Carolina del Sur la declarara nula e inválida en Palmetto. Los agentes de aduana en el puerto de Charleston no se apegarían a cumplir las nuevas obligaciones, en consecuencia, se originó lo que los historiadores llaman la Crisis de Anulación era, en ese entonces, una realidad.

El jefe de Calhoun, el presidente Andrew Jackson, quien era de temperamento explosivo (no es broma, una vez mató a un hombre en un duelo), amenazó con colgar personalmente al gobernador y mandar tropas federales a Carolina del Sur para hacer cumplir la nueva ley, justo como el presidente George Washington hizo en la zona rural de Pennsylvania en 1794, cuando envió al ejército para aplicar la recién aprobada, y poco aceptada, legislación sobre el aumento a los impuestos del whisky. Afortunadamente, se logró un acuerdo con Calhoun y sus partidarios retrocedieron después de unos ajustes menores a las tarifas. Gracias a esto, Calhoun salvó su cuello, Carolina del Sur no tuvo ningún enfrentamiento hostil con la armada federal (bueno, al menos no hasta los últimos meses de la Guerra Civil en 1865), y el presidente Jackson preservó la integridad de la nación.

Hasta este momento, habían existido dos grandes movimientos de anulación previos, algunos pequeños, en la historia de Estados Unidos. El primero, trágicamente, tuvo éxito por varias décadas. Después de la Guerra Civil, los hombres afroamericanos tenían el derecho de votar en los estados del sur (las mujeres no obtuvieron esa libertad hasta 1920 con la aprobación de la 19 Enmienda), pero para el final de 1890, la mayoría de esos hombres habían sido privados ilegalmente de ese mismo derecho. Fue hasta 1965, con la aprobación de la Voting Rights Act, que este error fue corregido.

La segunda campaña de anulación fue la famosa ‘Massive Resistance’ en respuesta a la decisión de la Suprema Corte de declarar obligatoria la segregación por raza en las escuelas como acto inconstitucional en 1954. Los opositores fueron al final vencidos por las tropas federales, las cuales fueron enviadas por el presidente Eisenhower a las escuelas para hacer cumplir la ley de no segregar en Little Rock, Arkansas en 1957.

¿Tendrá el gobernador Jerry Brown más éxito con el presidente Trump que el que tuvo Calhoun con Jackson? Aparentemente no. Así como un gobernador de Louisiana alguna vez bromeó con un partidario de la resistencia, “los federales tienen la batuta”. No obstante, un enfrentamiento tendría consecuencias desagradables, aumentando aún más la tensión política y haciendo imposible la llegada a un consenso sobre diversas reformas migratorias.

A pesar de que la separación absoluta no es definitiva aún, el Golden State está más que listo para este comportamiento demagógico. California siempre se ha sentido diferente del resto del país, enorgulleciéndose de estar a la vanguardia en tendencias sociales, económicas y culturales. Millones de estadounidenses lo consideraron como la tierra de las oportunidades y se mudaron ahí por la belleza, el clima, el crecimiento constante y la diversidad del estilo de vida. Lo tenía todo: Hollywood, alta tecnología, manufactura, movilidad, industria aeroespacial, petróleo, agricultura abundante y vivienda accesible.

Pero en tiempos recientes, el estado se ha convertido en una zona estancada de impuestos y regulaciones, imitando las peores prácticas de la inactividad europea y de algunas potencias globales como Argentina. Los burócratas en Sacramento se han empeñado en impedir el desarrollo con reglas costosas y absurdas, entre ellas la de imponer tiempo de descanso obligatorio para los empleados después de cuatro horas de trabajo. Las leyes del salario mínimo no están relacionadas con la realidad que va extendiéndose. Ninguna norma o ley ambiental es demasiado insignificante, sin importar lo alejada que esté de la ciencia o de las condiciones en el mundo real. Tales decretos están arruinando la agricultura. Sin tocarse el corazón, los reguladores están emitiendo decretos para reducir los fluidos procedentes de las vacas en aras de salvar al planeta del sobrecalentamiento.

La escasez de agua del estado es auto-infligida: miles de millones de galones son arrojados al océano porque supuestamente ayuda a preservar un olor pequeño, en peligro de extinción; no hay construcción de nuevos depósitos de agua y los existentes son atacados de manera antinatural. Mientras Israel construyó rápidamente plantas modernas de desalinización, California quedó rezagada por 15 años antes de que una planta, mucho más pequeña y cara, entrara a la red. No es de sorprender entonces que lugares como San Francisco prohiban bolsas de plástico y pongan impuesto a las de papel, y estén contemplando prohibir el ‘refill’ en los restaurantes. (La calidad de vida en San Francisco se ha deteriorado con residentes siendo abordados frecuentemente por mendigos cada vez más agresivos).

 Las regulaciones han convertido a California del auge de la vivienda para gente trabajadora a un infierno de alto costo. Su sistema escolar, después de haber sido uno de los mejores de la nación, es ahora el hazmerreír nacional.
Con sus umbrales bajos, el sistema de impuesto a la renta de California afecta gravemente a los trabajadores. Un individuo que produce aproximadamente 41,000 dólares al año se encuentra en un rango de impuesto sobre la renta mucho más alto que los residentes más ricos de casi todos los demás estados. California cuenta con la tasa impositiva estatal más alta en el país: 13,3%. En 2016 se aprobaron tres referendos pro-impuestos.

Otros pecados económicos incluyen el fracking, a pesar de que el estado es rico en gas natural, mientras que está en espera la aprobación de la propuesta de un tren bala que vaya de norte a sur y que podría costar arriba de 100,000 millones de dólares (las estimaciones se eleven casi diariamente) para llevar muchos menos pasajeros que los que originalmente se estimaba.

Hace algunos años, los votantes aprobaron un sistema de elección que rivaliza con el de Louisiana. En 2016, los dos candidatos a senadores en la elección general eran demócratas; no había ningún candidato republicano en la boleta electoral.

No es de extrañarse que la mayoría de los propietarios de negocios prefieran estar en alguna otra parte. Compañías como Nestlé USA, Toyota, Northrop Grumman y la empresa matriz de Carl’s Jr mudaron sus sedes a climas más amigables. Por primera vez en la historia, el estado estaba sufriendo emigración y una disminución de la clase media.

Gracias a Silicon Valley y algunos otros oasis, California está experimentando un leve repunte económico. Desafortunadamente, es el equivalente a un rally del mercado bajista, a un mal sistema tributario, a un pésimo clima regulatorio de impuestos, y a un sistema político disfuncional.

Gracias a dios que California no puede salirse de Estados Unidos porque empobrecería más a su gente y se convertiría en la versión norteamericana de Grecia.

Algunos dicen que en lugar de Calexit, el Golden State debería dividirse en dos o tres nuevos estados. Lo cual también es una pésima sugerencia. Tratar a las fronteras estatales como piezas de rompecabezas no va a evitar que los votantes del estado hagan los cambios necesarios o hagan lo que los estadounidenses insatisfechos están acostumbrados a hacer: empacar sus cosas y empezar de nuevo en algún otro lugar.

 

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