La sociedad mexicana responde cada vez con más normalidad a las revelaciones de grandes casos de corrupción e incluso parece acostumbrarse, afirmó Jacqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

“Ya no nos sorprende un nuevo caso de corrupción o los montos enormes involucrados en los escándalos, falta que estén las investigaciones. Y a veces da la impresión que se apuesta al cansancio de las organizaciones de la sociedad civil y empresariales para estar permanentemente poniendo la denuncia y subrayando las faltas que tiene la operación del sistema”, señaló Peschard en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción.

Durante un dialogo entre representantes organizaciones sociales y empresariales, organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Peschard admitió que hasta la fecha existen grandes deudas como la conclusión del andamiaje institucional del SNA.

“(Estas deudas son) el hecho de que no tengamos los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que no entren en función las reformas derivadas de las siete leyes, que no se ponen en aplicación, y que las distintas instancias cumplan sus cometidos. Además de las dificultades institucionales”, apuntó.

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Sin embargo, señaló que desde el Comité que encabeza persiste el propósito de darle total credibilidad al SNA y generar una agenda enfocada en atacar los procesos en los que se “suela la corrupción”.

 

Reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas

La reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor en julio de este año, no contempla sanciones a los servidores públicos que integren información falsa a su declaración patrimonial o de interés, apuntó Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal.

“En la etapa de implementación se han encontrado una serie de inconsistencias que es necesario corregir para que se pueda fincar responsabilidad de aquellos que hayan generado actos de corrupción”, explicó durante el dialogo del Día Internacional Contra la Corrupción.

El consejero explicó que anterior a las reformas, se consideraba conducta sujeta a sanción que un servidor público fuera omiso a presentar declaración patrimonial, así como cuando lo presentara con falta de veracidad esto es susceptible.

La nueva ley no sanciona falta de veracidad, por lo que es necesario adecuarla y corregirla.

“El camino de la interpretación de los tribunales es más largo e incierto mientras que la reforma es más eficiente”, detalló.

 

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