La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza una acción de inconstitucionalidad que permitirá a los usuarios pagar en efectivo el servicio particular de transporte, como Uber o Cabify, y no ser discriminados de estos servicios por no estar bancarizados.

Lo que debaten los ministros desde el lunes y se prevé que resuelvan este martes, es la acción de inconstitucionalidad promovida por los diputados locales del PAN y Movimiento Ciudadano en contra de algunos artículos de la Ley de Movilidad Sustentable del estado de Colima, que entre otras cosas prohíbe el pago en efectivo en servicios contratados a través de aplicaciones.

Además de que impone restricciones en el número de autos registrados en las plataformas e impone condicionantes en las características de las unidades.

En ese sentido, Uber considera que tales medidas discriminan e impiden el acceso a la tecnología a la población colimense que no están bancarizados, bloque el desarrollo de la movilidad que impulsa la innovación, y niega a los usuarios la posibilidad de contar con un transporte más seguro.

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“El impacto de esto es para las personas que utilizan la economía colaborativa (…) y acciones como las determinadas por el Congreso de Colima restringen y limitan las posibilidades de los usuarios para acceder a esta tecnología y sus servicios”, señaló Sergio Romero, director Legal para México, la región Andina, Centroamérica y el Caribe de Uber, en entrevista para Forbes México.

El directivo de Uber destaca que el debate que sostiene la SCJN sobre la constitucionalidad de la prohibición del pago en efectivo a quienes utilizan las empresas de redes de transporte (ERT) es trascendental, pues considera que en un país en el que 57% de la población no cuenta con una tarjeta de crédito o cuenta bancaria, según la Encuesta Nacional Bancaria, esto puede ser visto como un tema de discriminación.

Menciona que la resolución sentaría un precedente no sólo para Uber –que no opera en Colima–, sino para todos los conductores de estas apps, usuarios y ciudades que hoy no pueden hacer uso de la tecnología al no poder pagar en efectivo.

Para ello, resalta, se necesitará que al menos 8 de los 11 ministros voten a favor de la acción de inconstitucionalidad. Se espera que la tarde de este martes la SCJN dé a conocer su resolución.

Antecedentes

Esta será la segunda ocasión en que la Suprema Corte estudiará cuestiones que impactan en la movilidad y a los derechos de los ciudadanos.

La primera fue cuando analizó un caso similar en mayo de 2017, cuando una minoría de diputados del Congreso de Yucatán promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán.

En aquella ocasión, los ministros determinaron que los modelos de las Empresas Redes de Transporte son distintos a los modelos del taxi tradicional (transporte público), lo cual implica que deben de ser reguladas bajo reglas distintas considerando sus características específicas.

 

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