Por Alejandro Medina El gobierno federal está atrapado en una encrucijada en cuanto a los subsidios. Con la ayuda del congreso, ha decidido, por un lado, mantener el retiro relacio­nado con los precios de la gasolina, pese a las violentas e in­usitadas protestas. Pero, por otro, subsidia presupuestalmente a gobiernos estatales y municipales, sin condicionarlos a que usen los recursos en obras y servicios de utilidad pública ni a que entreguen cuentas de ello. Puede considerarse como positivo el retiro de la subvención a la gasolina, pues el subsidio beneficia, sobre todo, a un sector de la población que no lo necesita, pero en principio se debería de etiquetar lo recaudado con el impuesto a este combustible (unos 284,000 millones de pesos, mdp), señala Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. También puedes leer: Gasolinazo aumentará gasto corriente de estados: Fitch “Regresar a la etapa de subsidio sería un error; pero, por otro lado, es importante tomar en cuenta que, si queremos parecernos a los países desarro­llados, tendríamos que haber discutido el monto que tendría el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además de las iniciativas específicas a las que se destinaría este capital, evitando a toda costa que se fuera a la cuenta común”, indica. La “cuenta común” está desprovista de transparencia y ter­mina en gasto corriente, en lugar de ir a gasto de inversión, que contribuya al crecimiento. Esto se ve cada año en el capítulo de gastos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fede­ración (PPEF), que involucra las transferencias que el gobierno federal realiza a los estados y municipios: en 2012 se destinaron 588,000 mdp al Ramo 33, pero, al cierre del año ,se ha­bían gastado 695,000 mdp. Algo similar pasó en 2015, cuando asignaron a ese mismo ramo 761,000 mdp, cifra superior en 66,000 mdp a la de tres años antes, y, aun así, no alcanzó y se gastaron 902,000 mdp. La falta de dinero para este año llevó al gobier­no y al Congreso a canalizar a este renglón menos que en 2012: 546,000 mdp; sin embargo, Campos considera que, de nuevo, la cantidad será rebasada. “Este creciente subsidio que vemos en los estados y municipios no está permitiendo que aumente la inversión en infraestructura”, sostiene. Lo anterior rompe la credibilidad de una medida como el aumento al precio de las gasolinas. “Mien­tras las personas ponen de su parte aportando al crecimiento de la recaudación […] el gobierno no cumple con su parte”, concluye.

 

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