Recientemente los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México consideraron que Morena estaba sobrerrepresentado el Congreso mexiquense, por lo que ordenaron al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) retirar 10 diputados de representación proporcional. Con esta resolución, de 75 curules en la legislatura del Estado de México, Morena ocuparía 21 (todos por el principio de mayoría relativa), PRI 14 (1 de ellos de mayoría y 13 de representación proporcional), PAN 11, PT 11, PES 10, PRD 5 y PVEM 3.

El TEEM argumenta que el órgano electoral del estado debió considerar la sub y sobrerrepresentación de los partidos integrantes de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, por lo que la distribución de diputados por representación proporcional debió ser “en función de sus triunfos obtenidos como unidad y no individualmente” y al no hacerlo así fue “en detrimento del derecho de participación política de las minorías”. El dirigente de Morena en el estado ha declarado que impugnarán la resolución ante el TEPJF, por lo que el número de curules por representación proporcional podría regresar a los términos definidos por el IEEM, quien efectivamente distribuyó dichas curules por partido político y no por coalición, tal como lo mandata la ley electoral. En Guerrero, su Tribunal local tomó una decisión similar al quitar diputados de representación proporcional a la Coalición con la finalidad de “favorecer el pluralismo político en la entidad”.

Por otro lado, el Congreso de Sonora aprobó una serie de reformas que en su mayoría fortalecen el poder del ejecutivo de la entidad, al conferirle el veto parcial, total o presupuestal y limitar la facultad del Congreso de revisar la Cuenta Pública. Incluso, se reformó que, en caso de ausencias del Ejecutivo mayores a noventa días, quien lo cubra sea designado por el Congreso, pero a propuesta del grupo parlamentario que postuló al gobernador. Asimismo, algunas reformas fortalecen al Poder Judicial del estado al concederle la facultad para que resuelva controversias constitucionales locales. También se aprobó que cualquier iniciativa deba ser aprobada por dos tercios de la legislatura en lugar del 50%.

En Hidalgo el Congreso ha sido igualmente activo para reformar algunas leyes, entre las que destacan la nueva facultad para que el gobernador pueda refinanciar y reestructurar la deuda del estado a través de la Secretaría de Finanza y sin la intervención del Congreso. En Veracruz conocimos también del polémico nombramiento del Fiscal Anticorrupción, “el fiscal carnal”, el cual se dio sin haber obtenido la mayoría parlamentaria requerida por la ley y cuyo perfil ha sido señalado por su cercanía con el gobernador, según organizaciones civiles.

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Y en esta narración podrían sumarse otros estados donde se advierte que gobernadores y congresos están tomando ciertas decisiones de cara a las próximas legislaturas donde Morena tendrá la mayoría, las cuales no solo serán importantes en términos de los propios estados, sino por la fuerza que le darán al presidente electo para hacer reformas constitucionales. En algunas entidades por primera vez los gobernadores tendrán congresos de oposición lo que, sumado con la figura de los coordinadores estatales, verán acotado su poder decisión y de control.

El común denominador de lo que está sucediendo en distintos estados es un reacomodo de los actores políticos a los nuevos equilibrios de poderes, la defensa por conservar cierto poder de negociación y la búsqueda por construir alianzas futuras más allá de lo que pasó en las urnas el 1 de julio. La tersa transición que se ve nivel federal, podría no serlo tanto en el ámbito estatal, lo cual supondrá uno de los mayores retos para la viabilidad del proyecto del presidente electo.

 

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